La Consejería de Turismo, Industria y Comercio destina 300.000 euros a la Feria de Artesanía de Canarias
La Consejería de Turismo, Industria y Comercio, que dirige Yaiza Castilla, destinará 300.000 euros a la organización de la 36ª Feria de Artesanía de Canarias. El Gobierno de Canarias autorizó este jueves la suscripción de un convenio de encomienda de gestión con el Cabildo Insular de Gran Canaria para la organización de esta convocatoria.
Con el fin de fomentar la comercialización del producto artesano, el Cabildo de Gran Canaria ha propuesto celebrar la 36ª Feria de Artesanía de Canarias, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, entre los días 4 al 8 de diciembre de 2020, ya que el pasado año se celebró en la isla de Tenerife.
Para su organización se celebra el correspondiente convenio de encomienda de gestión con el Cabildo Insular de Gran Canaria, por la mayor proximidad y conocimiento del Cabildo respecto a las personas artesanas participantes, así como los medios humanos de los que dispone, lo que redundará en una mayor eficacia en la organización del citado evento y permitirá al Cabildo organizador la facultad para resolver cualquier problema que pudiera surgir durante la preparación o desarrollo de este.
La suscripción del convenio por parte de la consejera Yaiza Castilla requiere autorización previa del Consejo de Gobierno de Canarias, en virtud de lo previsto en el artículo 46.2 la Ley Territorial 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
Para el ejercicio de las competencias conferidas a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias en materia de artesanía este departamento desarrolla programas y acciones a través de sus propios servicios administrativos o mediante la formalización de los convenios que considere oportuno establecer con otras entidades, organismos, instituciones y particulares, al amparo de la legislación vigente y con la finalidad de coordinar los distintos recursos y servicios destinados a la mejora de la situación del sector artesano de Canarias.
La Dirección General de Industria es el centro directivo competente para la gestión de la citada Feria de Artesanía y, en consecuencia, será el responsable de la coordinación, supervisión y control de los trabajos objeto de encomienda. El jefe del Servicio de Fomento Industrial y Artesanal actuará como director de la encomienda.
Por su parte, el Cabildo Insular de Gran Canaria tiene atribuidas las competencias que en materia de artesanía se establecen en la Ley 3/2001, de 26 de junio, de Artesanía de Canarias, entre las que figuran las de promover, subvencionar, coordinar u organizar ferias de artesanía insulares, comarcales y locales o de asociaciones que no excedan del territorio insular.
Entre los trabajos a realizar destaca la adecuación del recinto a las necesidades derivadas de la realización de la feria para poder albergar a 140 personas artesanas, además de ocho estands institucionales, uno para el Gobierno de Canarias y otro para cada cabildo insular, así como para alguna otra institución vinculada a la cultura canaria (especialmente en el área de artesanía) que se pudiese acordar invitar por parte de las entidades firmantes del convenio, con el fin de crear sinergias que puedan contribuir a la promoción de la artesanía o a la captación de visitantes.
Podrán participar en la feria las personas artesanas y empresas artesanas que estén en posesión del carné de artesano o documento de calificación de empresa artesana en vigor, inscritos, en situación de alta, en el Registro de Artesanía de Canarias. Asimismo deben tener el derecho al uso de la marca Artesanía Canaria.
El número máximo de personas artesanas seleccionados para participar será de 140.
El Gobierno de Canarias podrá invitar a una persona artesana de cada isla para la realización de un acto de reconocimiento honorífico en atención a su trayectoria o al desempeño de un oficio en riesgo de desaparición.
El Gobierno de Canarias concede 245.000 euros en subvenciones directas para los Puntos de Encuentro Familiar
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, concedió durante el cuarto trimestre de 2019 un total de 425.070,02 euros en subvenciones directas a la Fundación Centro de Atención a la Familia de Tenerife, la Cruz Roja, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y el Consejo Canario de Colegio de Procuradores. Del total del importe de las ayudas, 245.000 euros están destinados al programa de Puntos de Encuentro Familiar.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio cuenta este jueves, durante la reunión del Consejo de Gobierno, de estas ayudas en cumplimiento de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, que señala que trimestralmente se dará cuenta al Ejecutivo canario de las subvenciones concedidas de forma directa, siempre que se acrediten razones de interés social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas, cuyo importe no exceda de 150.000 euros, por parte del titular del departamento respectivo.
En relación a las ayudas otorgadas para los Puntos de Encuentro Familiar, espacios neutrales que favorecen las relaciones de los menores con sus padres en situaciones de conflicto familiar, la Consejería, por orden del 1 de octubre de 2019, otorgó 149.931,23 euros a la Fundación Centro de Atención a la Familia de Tenerife para este programa en Santa Cruz de Tenerife, mientras que la Cruz Roja Española, a través de dos órdenes del 29 de octubre de 2019, recibió 31.570,11 y 32.000 euros para el programa en El Hierro y La Palma, respectivamente; y por orden del 21 de noviembre de 2019, dicha ONG recibió 31.568,68 euros para el mismo programa en La Gomera.
Por otro lado, en una orden del 18 de noviembre de 2019, la Consejería confirió 100.000 euros al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) para un proyecto de potenciación de sistemas de vigilancia y prevención relacionados con el riesgo volcánico.
Mientras, el 11 de noviembre de 2019 se subvencionó con 80.000 euros al Consejo Canario de Colegios de Procuradores para gastos por el mantenimiento del servicio de recepción de notificaciones y traslados de escritos de 2019.
El Gobierno de Canarias aprueba una inversión de 2,1 millones para redactar el proyecto de circunvalación de La Laguna que mejorará la circulación por la TF-5
El Consejo del Gobierno ha aprobado hoy, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, el gasto plurianual de 2.189.890 euros correspondiente al expediente denominado Servicios de redacción del proyecto de trazado y construcción Circunvalación Área Metropolitana de Tenerife Variante TF-5: P. Anchieta Los Rodeos. Fase 1: Circunvalación de La Laguna. Esta obra ahora la impulsa la Consejería después de más de 12 años de paralización, pues el expediente fue aprobado técnicamente por la propia Consejería en diciembre de 2007.
Con la aprobación del gasto acordado hoy se inicia el proceso para la contratación de la redacción de un ambicioso proyecto que contempla una nueva vía que rodee el casco de La Laguna por un lateral del aeropuerto de Los Rodeos y que aliviará en más de 70.000 vehículos diarios el paso a través del estrechamiento que supone el entramado urbano de esta ciudad y la rotonda de Padre Anchieta para la circulación por la TF-5.
Se trata de un desahogo fundamental para la circulación en el norte de Tenerife, ya que aliviaría en gran parte las numerosas retenciones que actualmente sufre la TF-5 en el tramo que atraviesa el municipio de La Laguna, que cuenta con una intensidad media diaria (IMD) superior a los 110.000 vehículos.
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda pondrá en marcha ahora todos los trámites para iniciar la contratación de la redacción de este proyecto, para lo que dispondrá ya este año de 200.000 euros de la partida aprobada hoy en el Consejo de Gobierno.
Se prevé que en verano salga a licitación la redacción del proyecto para que la empresa adjudicataria pueda iniciar su redacción el próximo mes de otoño y sea entregado a la Consejería, por su especial complejidad, a finales de 2021. Una vez ese proyecto obtenga el visto bueno de los técnicos de la Consejería, se pondrá en marcha la licitación de la obra, que está incluida dentro del Convenio de Carreteras 2018-2027.
El proyecto técnico que tendrá que redactarse ahora supone prolongar la autopista TF-5 por una variante de seis kilómetros de largo que unirá el enlace de Guamasa con la Vía de Ronda, junto al Campus de Guajara, para luego volver a enlazar con el actual trazado de la autopista hacia Santa Cruz. Además, gran parte de este trazado se ejecutará en túneles para no afectar a zonas habitadas ni a la zona de servicio del aeropuerto de Los Rodeos.
Una de las ventajas a la hora de ejecutar el proyecto es que las obras de esta variante no afectarán al tráfico que circule por el actual trazado de la TF-5, por lo que se evitan nuevos perjuicios a los usuarios de esa concurrida vía del norte de Tenerife, una de las más densas de España.
El Gobierno aprueba el reglamento de organización de la Comisión Técnica de Memoria Histórica
El Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, al decreto por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, órgano colegiado que tiene como objetivo diseñar la estrategia e implantar las medidas concretas para asegurar los fines que prevé la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. La sesión constitutiva de la Comisión se celebrará en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente decreto.
Con esta norma se da cumplimiento a dicha ley canaria, que prevé en su artículo 11 la creación de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica como órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor. Asimismo, ese artículo recoge un mandato al Ejecutivo canario para establecer reglamentariamente el régimen de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica.
El decreto recoge la funciones de la Comisión Técnica, entre las que están las de informar, antes de su aprobación, sobre los proyectos de disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 5/2018; elaborar informes y recomendaciones para su remisión al Gobierno de Canarias en materia de incorporación de contenidos curriculares sobre memoria histórica en Canarias en las distintas etapas educativas, e informar, antes de su aprobación, de los protocolos de exhumación e identificación de restos de víctimas, así como proponer al Gobierno de Canarias su actualización.
También corresponde a la Comisión proponer al Ejecutivo canario la modificación del registro de víctimas canarias, del mapa de fosas y del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias, emitir informe previo a la declaración de lugares o monumentos para la Memoria Histórica de Canarias, así como informar previamente a la incoación del procedimiento para la localización y, en su caso, exhumación e identificación de los restos de víctimas.
Asimismo, atañe a la Comisión Técnica la aprobación de sus normas de funcionamiento interno que sean necesarias en desarrollo del presente reglamento, el asesoramiento a los órganos y organismos públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en materia de memoria histórica, cuando así se le requiera; el conocimiento del informe de evaluación de las actuaciones realizadas en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con anterioridad a su elevación al Gobierno de Canarias, y el seguimiento de las actuaciones llevadas cabo la materia.
Composición de la Comisión
El decreto, que incluye las observaciones recogidas en el informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias, establece que la citada Comisión estará compuesta por una presidencia, tres vicepresidencias y un máximo de 12 vocales, así como una persona en la Secretaría. La presidencia estará ocupada por la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de memoria histórica o la persona designada por ella.
Habrá tres vicepresidencias. La primera corresponderá a la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de patrimonio cultural o la persona designada por ella; la segunda, a la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de educación o la persona designada por ella, y la tercera, a una persona de entre las personas vocales representantes de las asociaciones de la memoria histórica de ámbito canario.
Respecto a las personas que ocuparán las vocalías, tres serán designadas por las asociaciones para la memoria histórica de ámbito canario, una de las cuales será la que desempeñe la Vicepresidencia tercera de la Comisión; otra persona será designada por las asociaciones canarias de menores sustraídos en el ámbito de aplicación de esta ley, y otra más por los institutos de medicina legal de ámbito canario.
Las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria elegirán una persona por cada institución académica, otra será propuesta por cada uno de los archivos históricos provinciales de Canarias; una más por la Federación Canaria de Municipios y otra persona será designada por la Federación Canaria de Islas.
Además, cuando en el orden del día de una sesión plenaria se determine la coordinación de acciones conjuntas con algún cabildo insular o corporación municipal, estas entidades designarán un máximo de dos vocales que las representen.
La asistencia gratuita y el turno de oficio reciben 14,8 millones de euros en el segundo semestre de 2019
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio cuenta hoy al Gobierno de Canarias de las subvenciones concedidas en el segundo semestre de 2019 a los colegios de abogados y procuradores de las Islas para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, que en total ascienden a 14.839.053,30 euros.
Se cumple así con la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, que establece que semestralmente se dará cuenta al Ejecutivo canario de las subvenciones concedidas a los colegios de abogados y procuradores para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.
Esas ayudas, concedidas por la extinta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y por el actual departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se otorgaron a los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, por importe de 12.997.114,84 euros, y a los colegios de Procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con 1.841938,46 euros.
Respecto a la relación de subvenciones, 5.944.764,3 euros correspondieron al Colegio de Abogados de Las Palmas; 5.653.724,85 al Colegio de Santa Cruz de Tenerife; 866.287,62 al de Lanzarote, y 532.338,07 al de Santa Cruz de La Palma.
En cuanto a los colegios de procuradores, al de Santa Cruz de Tenerife le otorgaron 966.435,42 euros en subvenciones, y al de Las Palmas, un total de 875.503,04 euros.
Autorizada la emisión de acciones aptas para la RIC para financiar la rehabilitación de un complejo turístico en Fuerteventura
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, declaró en su reunión de este jueves la idoneidad «parcial» de la emisión de acciones por parte de la sociedad de capital riesgo A&G CAPITAL INVESTMENT PARTNERS SCR, SAU, para financiar el proyecto de adquisición y rehabilitación del Apartahotel Morasol Atlántico, en Fuerteventura, para la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).
Dicha sociedad, que tiene la consideración legal de entidad financiera, prevé emitir 120 nuevas acciones nominativas de 10.000 euros cada una, cuyo desembolso será dinerario y se destinará, en su totalidad, a la concesión de un préstamo participativo a Procontursa, la empresa promotora, por importe de 1.200.000 euros para la financiación parcial del proyecto de adquisición y rehabilitación del Apartahotel Morasol Atlántico. La suscripción de las acciones es lo que se pretende que sea declarada apta para materializar la RIC.
Este proyecto privado, que se pretende financiar parcialmente mediante el citado préstamo, consiste en la adquisición del complejo turístico, propiedad de la sociedad Explotaciones Turísticas Morasol, SL, entidad vinculada a Procontursa, pues ambas empresas pertenecen al mismo grupo empresarial cuya matriz es la sociedad Inherit, con un coste de adquisición de 5.208.047 euros (incluido el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y la posterior rehabilitación, mejora y adaptación de las condiciones de accesibilidad del complejo, cuyo presupuesto de obra asciende a 533.076 euros.
El carácter parcial de la declaración de idoneidad viene determinado al considerar sólo válido para materializar la RIC la suscripción de acciones para financiar en exclusiva las obras de rehabilitación y mejora del complejo turístico por importe de 533.076 euros, no admitiendo la materialización de la RIC de la parte de financiación destinada a la adquisición de este, según el informe vinculante de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ya que, según informa, la doctrina administrativa ha puesto de manifiesto que en las operaciones internas dentro de un mismo grupo mercantil (como la que nos ocupa, en la que hay un simple desplazamiento patrimonial entre sociedades del mismo grupo) no existe un auténtico esfuerzo inversor, y por tanto no es susceptible de materializar la RIC.
La Ley económica del REF prevé que las dotaciones de la RIC se puedan materializar en la suscripción de cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras siempre que los fondos captados sean destinados a la financiación en Canarias de proyectos privados, cuyas inversiones sean aptas de acuerdo a lo regulado en el propia ley, siendo preciso que las emisiones estén supervisadas por el Gobierno de Canarias y cuenten con un informe vinculante de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
El Gobierno de Canarias impugna 12 acuerdos de entidades locales durante el segundo semestre de 2019
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio hoy cuenta al Gobierno de Canarias de las resoluciones dictadas por la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia durante el segundo semestre de 2019 para acordar el ejercicio de acciones judiciales en materia de control de la legalidad de los actos y acuerdos de las entidades locales, e informó de que en dicho período se han llevado a cabo 12 impugnaciones y cuatro desistimientos.
Las impugnaciones tienen que ver con actos o acuerdos del Cabildo de El Hierro y de los ayuntamientos de Garachico, Valleseco, Agulo, Mogán (2), La Orotava, Tijarafe, Los Llanos de Aridane, Tejeda, Garafía y Los Silos. Además, se dieron cuatro desistimientos de las acciones jurisdiccionales de impugnación de actos o actuaciones de entidades locales al desparecer el objeto del proceso.
En virtud del Decreto 157/2011, de 16 de junio, el Gobierno delegó en la Viceconsejería competente en materia de administración local la competencia para acordar el ejercicio de acciones judiciales en materia de control de legalidad de los actos y acuerdos de las entidades locales, según lo contemplado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
De conformidad con el artículo 48 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por el Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia asume las competencias en materia de administración local.
La CAPJS celebra la modificación de la regulación legal de los contratos menores
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, aplaude la simplificación de los procedimientos de contratación, especialmente en el ámbito de los contratos menores.
La nueva norma modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que recogió el decaído proyecto ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, al resultar urgente y necesario por razones de seguridad jurídica solucionar los graves problemas técnicos que planteaba el actual artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Pérez recalca que esta modificación legal tiene especial trascendencia en aquellos pequeños municipios en los que por sus características tiene mayor relevancia la contratación menor y viene a confirmar, en gran medida, los criterios de eficiencia y simplificación expuestos por la Junta Consultiva de Contratación de Canarias en su Recomendación 1/2019, de 4 de diciembre, sobre eficiencia en la contratación pública relativa a los contratos menores o de escasa cuantía.
No obstante, explica el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, la virtualidad del contrato menor no debe hacer olvidar la conveniencia de una adecuada planificación de la contratación y de las ventajas que dan los sistemas de racionalización de la contratación pública, cómo pueden ser las centrales de contratación que puedan crearse en los cabildos y la propia Comunidad Autónoma de Canarias, a fin de que los pequeños y medianos municipios puedan adherirse.
Estos servicios especializados, puntualiza Rodríguez, procederían a la tramitación de los expedientes de manera más eficiente, en tiempo y coste, celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios.
En concreto, la norma establece que se consideran contratos menores los de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
En los contratos menores, señala la norma, la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior. Sin embargo, esto no será de aplicación en los contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.
Asimismo, requiere la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, y aclara que en el contrato menor de obras deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
Otros asuntos
Entre otros muchos asuntos, el decreto hace la transposición de distintas directivas europeas en materia de seguros; las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo; la imposición de los intercambios entre los Estados de la UE, y los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea.
En lo que se refiere al sistema legal de contratación pública, afirma que es en comparación con su antecesora la Ley 31/2007, de 30 de octubre, «inequívocamente más ambicioso y extenso», en gran medida por imperativo de las directivas comunitarias que transpone, y que persigue aclarar las normas vigentes en aras de una mayor seguridad jurídica.
En concreto, en lo relativo a la contratación explica que el contenido se centra en la transposición parcial de la nueva Directiva 2014/25/UE respecto de todas las entidades que no sean la Administración Pública, e introduce la contratación electrónica obligatoria, fomentando así el empleo de nuevas técnicas de contratación que con un enfoque menos ambicioso ya aparecían en la anterior regulación. La norma también señala como principios que han de regir la contratación los ya tradicionales de no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, igualdad de trato y transparencia a los que, como novedad, añade el de libre competencia, y los de garantía de la unidad de mercado y de garantía de la unidad de mercado.
Además, incluye un mandato inequívoco para que se incorpore de manera transversal, tanto en la configuración como en la sustanciación del procedimiento, consideraciones de naturaleza social, medioambiental y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y se impone la obligación de tomar medidas para garantizar que en la ejecución de sus contratos las empresas cumplen las obligaciones de tipo medioambiental, social y laboral, pudiendo llegar a imponer penalidades por incumplimiento de estas obligaciones.
También se regulan, por primera vez, las consultas al mercado tanto para planificar las licitaciones como para informar de sus planes de contratación, y se exige, con carácter general, que se dé acceso a los pliegos de condiciones y a las prescripciones técnicas por medios electrónicos a través del perfil de contratante; además de imponer la obligación de contar con un perfil de contratante que deberá alojarse bien en la Plataforma de Contratación del Sector Público o bien en otra plataforma equivalente, según el tipo de entidad contratante.
El Consejo recibe la cuenta de ayudas por valor de 30 millones del Plan de Empleo Social 2019-20
El Consejo de Gobierno recibió este jueves la dación de cuenta de las subvenciones directas concedidas por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo a los ayuntamientos isleños durante el periodo 2019-2020 con cargo al Plan Extraordinario de Empleo Social, por un importe de 29.978.277,53 euros.
De este modo, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, rindió cuentas de su ejercicio de la delegación de competencia para autorizar el otorgamiento de ayudas, superiores a 150.000 euros, dentro del plazo establecido por la normativa vigente, fijado en el primer trimestre de 2020 (Decreto 347/2019). Según las correspondientes órdenes, ya publicadas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y ahora trasladadas al Consejo de Gobierno, las subvenciones directas para empleo social con mayor cuantía a lo largo del periodo 2019-2020 correspondieron a los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria (3.143.181,23 euros), Santa Cruz de Tenerife (1.762.508,40) y San Cristóbal de La Laguna (1.381.603,69 euros).
Además, la titular de Economía también informó al Consejo de Gobierno de la modificación de las subvenciones por un montante de 1.872.171,15 euros en el marco del Plan Extraordinario de Empleo Social durante el periodo 2018-2019 como consecuencia de la actualización de los costes tras el aumento del salario mínimo interprofesional, hasta 900 euros mensuales por entonces.
El Gobierno impulsa con 2,7 millones la implantación de siete proyectos de renovables, autoconsumo y eficiencia energética en La Gomera
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves la firma de un convenio, por cinco años prorrogables, entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Cabildo Insular de La Gomera y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), dependiente de esta Consejería, para la implantación del plan de acción La Gomera 100% Sostenible. El acuerdo contempla una inversión de 2,7 millones de euros para la puesta en marcha de siete proyectos innovadores y singulares, desarrollados por el ITC, orientados al autoconsumo energético con gestión inteligente, energía solar fotovoltaica y almacenamiento energético a sociado a microrredes eléctricas. El Cabildo de La Gomera ha colaborado de forma estrecha en la definición de los proyectos incluidos en este acuerdo, todos integrados en la Estrategia verde de esa Corporación insular.
El convenio regulará la cooperación entre Consejería, Cabildo e ITC para la ejecución del programa La Gomera 100% Sostenible, que tiene como objetivo implantar en la isla, una de las más pequeñas del Archipiélago, un modelo energético sostenible, basado en soluciones de innovación tecnológica en generación de energía renovable, microrredes, autoconsumo y eficiencia energética.
En concreto, los proyectos incluidos en el programa persiguen generar la energía eléctrica localmente para cubrir parte de los consumos asociados a algunos edificios gestionados por el Cabildo de La Gomera; promover medidas de eficiencia energética innovadoras, integrando la gestión de la demanda en edificios públicos y asociándolos a su propia generación eléctrica y térmica local, así como promover la instalación de microrredes eléctricas en la red de distribución de la isla, mediante la instalación de sistemas de generación híbridos fotovoltaicos con baterías.
De este modo, su puesta en marcha permitirá el desarrollo de una plataforma única inteligente de gestión de la energía, extrapolable a futuras instalaciones en La Gomera, y sentará las bases de un nuevo modelo de explotación económica y de generación de oportunidades en materia de innovación, además de contribuir a disminuir la factura energética de parte de los edificios públicos de la isla.
La Gomera 100% Sostenible incluye, entre otros, proyectos para el desarrollo de un sistema integrado de autoconsumo en el edificio del Cabildo de La Gomera; para la instalación y puesta funcionamiento de sistemas de generación fotovoltaicos en el Matadero Insular, el Centro de Mayores de Alajeró (con almacenamiento en baterías), la estación de bombeo de Altito Reyes, el Centro de Talasoterapia y Piscina Pública de Santa Catalina, en Hermigua, así como un sistema híbrido fotovoltaico con baterías conectado a la red de distribución en la localidad de Alojera, en Vallehermoso.
El Gobierno desbloquea por razones de interés general 9,7 millones de euros para la ejecución de varias obras por parte de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda
El consejo del Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha aprobado hoy declarar en situación de disponibilidad, por razones de interés general, una partida de 9.700,806,75 euros tanto para continuar con las obras ya licitadas como para continuar con los procesos de licitación en curso e iniciar otros nuevos durante le presente año 2020.
Esta decisión del consejo de Gobierno se produce después de que la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería emitiese una propuesta de disponibilidad de crédito, por importe de 9.700.806,75 euros, para liberar fondos del Estado destinados al actual Convenio de Carreteras 2018-2027.
Estos fondos se declaran no disponibles en virtud del artículo 73.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 que señala que los créditos que cuenten con financiación del Estado figurarán en un 25% en situación de no disponibilidad al principio del ejercicio. El consejero Franquis ha explicado durante el consejo de Gobierno de hoy que su área ha hecho valer otra premisa del citado artículo en el que se especifica que el Gobierno podrá modificar por razones de interés general dicha limitación.
Las razones de interés general esgrimidas por el consejero han sido la imposibilidad de continuar con muchas de las obras que ya están en marcha, o iniciar otras nuevas del convenio de Carreteras, en el caso de considerar como no disponible esta cantidad cercana a los 10 millones de euros. Al disponer de esta cantidad se evitarán retrasos en las certificaciones de obra ante la Administración General del Estado lo que permitirá poder continuar dichas obras, impulsar los procesos de licitación en curso e iniciar otros nuevos.
