El pasado viernes, 30 de julio, defendí en nombre del Partido Popular una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que instaba al Gobierno de Canarias a rebajar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) del 7% al 3% para peluquerías, barberías y salones de estética, profesionales que han sido declarados esenciales durante la pandemia. Esta moción pretendía que el Ayuntamiento defendiera ante el Ejecutivo canario, que estará preparando –suponemos- los presupuestos para 2022, que en las próximas cuentas de Canarias se aplicara este alivio fiscal a un sector que lo está pasando francamente mal.
Está constituido de forma mayoritaria por empleo femenino y estuvieron trabajando durante casi todo el confinamiento en unas condiciones duras, ya que a pesar del cierre total de la actividad en un primer momento, supieron adaptarse a la situación aplicando todas las medidas de prevención sanitaria contra el COVID 19 sin recibir ni un solo euro de la administración, para adaptar los salones a esos protocolos, demostrando que sus negocios no han sido ni son fuentes de contagio; por lo que necesitan esta rebaja del impuesto para poder mantener el empleo creado y evitar más cierres.
La izquierda es alérgica por sistema a la rebaja de impuestos, o lo que es lo mismo, a incrementar la disponibilidad económica de las familias. Cuando se subió el tipo que afecta a este sector en el año 2012, pasando del tipo reducido al tipo general (del 3% al 7%), se justificó por la necesidad de una mayor recaudación para las arcas canarias y atender así las áreas de sanidad, servicios sociales y educación. Fue una promesa de subida temporal que el paso del tiempo ha convertido en permanente.
En la península los profesionales de este sector han protagonizado una campaña denominada de “tijeras caídas” desde hace meses para pedir una rebaja del IVA del 21% al 10%. Esta campaña se puede trasladar a Canarias, a nuestra fiscalidad que es diferente a la del resto de España, tal y como lo avala nuestro Régimen Económico y Fiscal. Estos establecimientos están sumidos en una situación crítica y necesitan de una medida de auxilio, como demuestra el hecho de que durante la pandemia desaparecieran en toda España más del 48% de las peluquerías, barberías y salones de estética, según datos de representantes del propio sector.
Por eso me asombra que con la asiduidad con la que algunos políticos y políticas de formaciones de izquierda acuden a estos centros como clientes, y por tanto conociendo de sobra su situación, hayan rechazado ahora esta medida de alivio fiscal que a juicio del Partido Popular es justa y proporcionada. Sin embargo, miran para otro lado y se limitan a considerar que esta rebaja es el ‘chocolate del loro’. Sin embargo, la realidad que viven estos negocios en su mayoría es dura y toda ayuda es poca.
En Canarias, según los datos de un estudio realizado por la Alianza de Empresarios de Peluquerías de España, el número de establecimientos que cerraron sus puertas el año pasado en España alcanzó la cifra de 20.000, coincidiendo con el dato ofrecido por el estudio del COVID 19, con unas perdidas de 1.280 millones de euros. Si trasladamos el dato a Canarias, han cerrado unas 1.300 solamente peluquerías de las 3.529 existentes. Este informe pone de relieve “la fragilidad y vulnerabilidad” de este sector, integrado en un 94% por microempresas que cuentan con entre uno y cinco trabajadores. Está claro que después de la pandemia hay muchas personas que vamos menos a la peluquería, muchas ni siquiera pueden realizarse un tratamiento de estética. Sin duda todo esto repercute en el sector, unido al nivel de desempleo que soporta Canarias y de trabajadores que se encuentran en ERTE producto de la crisis del turismo y del sector servicios.
Estas pequeñas empresas necesitan por tanto de esta rebaja de impuestos que pedimos desde el Partido Popular como medida que atraiga a más clientes, mientras que el ahorro que conlleva la bajada de impuesto sea atractivo para destinarlo a más servicios en este mismo. En el Congreso y en el Senado el Partido Popular defendió a este sector con una proposición no de ley (PNL) y una enmienda en la conocida como Ley Antifraude que se aprobó en el Senado por mayoría con la abstención de Podemos, aprobación que luego anuló la Presidenta del Senado hoy Ministra de Justicia. Por todo esto podemos afirmar que la izquierda, PSOE y Podemos, ha dado definitivamente la espalda a un sector que es clave para nuestra economía y cuya actividad tiene un efecto directo sobre el bienestar y el cuidado personal.
Pepa Luzardo. Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
