EFE, Santa Cruz de Tenerife.
Canarias dejará de tener responsabilidad exclusiva sobre los menores migrantes, o al menos se iniciará el proceso para la reforma legal necesaria, según el pacto de investidura de Pedro Sánchez suscrito entre el PSOE y Coalición Canaria, que incluye que los nacionalistas apoyarán los presupuestos estatales hasta 2026 y todos los decretos de urgente necesidad.
El acuerdo de investidura, que ocupa diez folios, incluye el compromiso del Gobierno de ejecutar sus acuerdos presupuestarios con Coalición Canaria, de cumplir íntegramente la denominada agenda canaria y de respetar todos los fueros de las islas.
Los dos partidos pactarán los puestos de la Administración General del Estado en Canarias.
PSOE y CC especifican que designarán de común acuerdo a los directores de Televisión Española y Radio Nacional de España en Canarias.
También acordarán el presidente de la Zona Especial Canaria, el consorcio entre el Estado y la Comunidad Autónoma que gestiona el área de baja tributación empresarial de las islas.
El desarrollo del Estatuto de Autonomía, un modelo de financiación autonómica que garantice los servicios públicos, la presencia en las negociaciones con Marruecos para delimitar los espacios marítimos y más apoyo y coordinación gubernamental en inmigración forman parte también de los acuerdos, que incluyen mantener e impulsar las medidas para lue a recuperación de La Palma de las consecuencias del volcán.
La financiación de infraestructuras, planes de empleo y lucha contra la pobreza son cuestiones que forman parte de este acuerdo, el que se consolidan bonificaciones y compensaciones al transporte de pasajeros y mercancías.
Además, se amplían «el 100% de la bonificación para guaguas y tranvías, sin límites, a partir del 31 de diciembre de 2023, al menos como en el transporte de cercanías en la península».
Junto a los asuntos específicos para Canarias, los dos partidos suscriben el apoyo a medidas para el conjunto del Estado que promoverá el Gobierno de Pedro Sánchez, relativas a vivienda, violencia de género, empleo, educación, formación, pensiones, mejoras retributivas de los salarios o retribuciones por desempleo.
