El Gobierno de España impugna el protocolo del Gobierno de Canarias sobre menores migrantes no acompañados, invocando el artículo 161.2 de la Constitución y solicitando su suspensión por vulnerar competencias y derechos
Madrid.- El Consejo de Ministros ha aprobado la impugnación de varios apartados del Acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias del 2 de septiembre de 2024 y de la Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, de 10 de septiembre de 2024, que establece el Protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en Canarias. Esta impugnación se sustenta en el dictamen favorable y unánime del Consejo de Estado, invocando el artículo 161.2 de la Constitución para que el Tribunal Constitucional suspenda las disposiciones impugnadas.
El Gobierno de España considera que estas actuaciones del Gobierno canario pretenden renunciar a sus obligaciones constitucionales y estatutarias en cuanto a la protección y tutela de los menores migrantes no acompañados. De acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, estas disposiciones vulneran tanto la distribución constitucional de competencias como los derechos fundamentales de los menores. Además, las actuaciones del Ejecutivo canario podrían dar lugar a un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en relación con la protección de menores, tal como establece la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Vulneraciones identificadas
El Gobierno de España identifica varias transgresiones en el protocolo y el acuerdo aprobados por el Gobierno de Canarias, entre ellas:
- Limitar las competencias autonómicas en la protección de menores, restringiéndola únicamente a aquellos en situación de desamparo, y específicamente en relación con los menores extranjeros no acompañados.
- Reservarse unilateralmente la capacidad de decidir si acepta o no a un menor extranjero no acompañado, condicionando su recepción a la disponibilidad de recursos.
- Modificar el concepto jurídico de desamparo, que es competencia exclusiva del Estado en su ejercicio de legislación civil y de extranjería.
- Discriminar a los menores extranjeros no acompañados, atribuyendo su guarda legal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, excluyendo así a la Administración autonómica.
Estas disposiciones no solo vulneran la Constitución, sino también la legislación estatal y autonómica sobre la protección de menores.
Suspensión del Protocolo
El Gobierno de España ha solicitado al Tribunal Constitucional la nulidad de estas disposiciones y la suspensión de los apartados impugnados. Cabe destacar que el 20 de septiembre de 2024, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya había ordenado la suspensión cautelar de la Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, a solicitud del Ministerio Fiscal.
Mantenimiento del diálogo
A pesar de la impugnación, el Gobierno de España mantiene abierta la vía de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias. En el Acuerdo de 17 de septiembre se propuso convocar la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, con el objetivo de estudiar las discrepancias planteadas y buscar soluciones conjuntas.
El Gobierno subraya su compromiso con la defensa de los derechos de los menores y con la salvaguarda del marco constitucional y estatutario de competencias.
