En el plazo de un mes, el Ejecutivo, a través de sus servicios jurídicos, ejercerá las acciones legales y judiciales que entienda adecuadas
Santa Cruz de Tenerife.- El Consejo de Gobierno ha aprobado realizar un requerimiento dirigido al Consejo de Ministros para que cumpla con sus obligaciones, recogidas en su protocolo marco estatal, ante la crisis migratoria que vive Canarias. En el acuerdo adoptado, el Gobierno detalla la situación actual, la acumulación de incumplimientos legales por parte del Estado en esta crisis y expone que, transcurrido el plazo de un mes, el Ejecutivo, “a través de sus servicios jurídicos, ejercerá las acciones legales y judiciales que entienda adecuadas” con el objetivo de que el Estado asuma sus competencias en relación con los menores extranjeros no acompañados, que son de su responsabilidad y de los que está obligada a ocuparse.
En el acuerdo se argumenta que la actuación en materia migratoria afecta al menos a cuatro ministerios, que son los que firmaron el protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, y que estos tienen que ejercer las competencias sobre salvamento marítimo, migración, fronteras y relaciones exteriores. Además, insiste en el incumplimiento en materia económica derivada de su obligación de garantizar el principio de solidaridad.
Entre los motivos, se plantea el agravamiento de la crisis migratoria sumado a la ausencia de recursos para atender a las personas que siguen llegando, “la imposibilidad de habilitar nuevos dispositivos de asistencia (salvo los habilitados por emergencia en los puertos), por inexistencia material de instalaciones adecuadas, salvo las solicitadas y no cedidas por la Administración General del Estado”.
El texto recuerda que, desde los primeros momentos de la crisis migratoria, el Gobierno de Canarias “ha cumplido y gestionado todas sus obligaciones de manera responsable y cohesionada, y así continuará haciéndolo. De ese modo, siempre ha estado y continuará, priorizando el objetivo de proteger el interés superior de las niñas y niños extranjeros no acompañados, el mejor desarrollo de su personalidad y su plena integración social. Sin perjuicio de muchas otras actuaciones anteriores, el compromiso político y social resulta incuestionable”.
En cuanto a la situación específica de los migrantes menores no acompañados que siguen llegando, el acuerdo señala que “la realidad es que, desde su desembarco, se encuentran atendidos”. De acuerdo con el protocolo vigente, “tras su recogida en el mar por las autoridades competentes, una vez desembarcados, las autoridades estatales se ocupan de su guardia y custodia, además de llevar a cabo su identificación, prestándoles atención y cuidado en los recursos disponibles y habilitados específicamente para atender la emergencia en los puertos y otras instalaciones. La atención por los recursos de acogida de la Administración autonómica tiene lugar, según viene haciéndose, a partir del momento de su entrega de los grupos de menores por funcionarios la Policía Nacional con un acta de entrega que contiene una lista de nombres, en algunos casos con datos tachados o incompletos e incumpliendo el protocolo marco estatal aprobado a tal respecto en 2014. Aún así, la Comunidad Autónoma se hace cargo de los menores, asignándoles a alguno de los recursos que se encuentran disponibles”.
El Ejecutivo insiste en el hecho de que, “mientras la Comunidad Autónoma de Canarias sigue atendiendo a todos los menores no acompañados con unos medios desbordados e insuficientes para la magnitud de una migración continental, el Gobierno de España y la Administración General del Estado convierten la crisis migratoria agravada en un debate político y mediático, sin formular la menor propuesta dirigida a resolver la situación”.
En el acuerdo se recalca que el sistema de acogida y protección de menores migrantes no acompañados ha incrementado su dimensión de 29 a 81 centros de acogida en el último año, y ha recibido a muchos más menores no acompañados que las plazas previstas ya ampliadas, “en perjuicio del bienestar y seguridad de los menores”.
El documento suscrito por el Consejo de Gobierno insiste en la ausencia de actuaciones de repatriación de menores migrantes no acompañados y en el hecho de que en relación con los 6000 menores migrantes no acompañados que están acogidos en Canarias no se ha desarrollado “actuación alguna para su retorno al país de origen para integrarse con su familia”.
Asimismo, expone que el Estado infringe diferentes normas como los artículos 2 bis 3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) o el artículo 172 del Código Civil. Esto se debe a que el Estado equipara el lugar en que se halle el menor en desamparo con el territorio del puerto de llegada, aunque el desamparo era previo, así como por la inexistencia de situación de desamparo al proporcionar el Estado la atención inmediata precisa a los menores migrantes no acompañados que salva en el mar o recibe en frontera terrestre.
Finalmente, en el acuerdo adoptado el Ejecutivo regional reitera la “plena disposición de la Comunidad Autónoma para buscar y adoptar de común acuerdo las medidas más adecuadas para la correcta atención de los menores extranjeros no acompañados, en razón del interés superior del menor que debe guiar la correcta atención de todos los poderes públicos”.
Cabe recordar, que en la Conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, de marzo de 2022, ya Canarias, con el gobierno de Ángel Víctor Torres, presentó un informe jurídico en el ponía en tela de juicio que la responsabilidad de los menores extranjeros no acompañados fuera competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, tal como se especifica en el acta de la reunión, son al menos competencias concurrentes con el Estado en aplicación del art. 35 de la Ley4/2000, la cual indica que “hasta que los menores no sean documentados son responsabilidad del Estado”.
El Gobierno de Canarias, ante la imposiblidad de que el Gobierno de España tome acción en esa línea, y para ordenar esta situación, adoptó su propio protocolo territorial derivado del protocolo marco estatal, aprobado por resolución de 13 de octubre de 2014 de la subsecretaría de Presidencia, y que fue consensuado entre los ministerios con competencias en el fenómeno migratorio. En este sentido, el apartado 1 punto tres de este documento establece que “el Protocolo marco, entendido como tipo o patrón de buenas prácticas que, independientemente de su valor vinculante para las instituciones del Estado que lo suscriban, debería ser completado con la redacción de los correspondientes protocolos territoriales para que –según sus respectivas normas estatutarias– pueda obligar a las administraciones e instituciones autonómicas respectivas”.
