Santa Cruz de Tenerife.- El Parlamento de Canarias acogió este jueves la celebración de una intensa jornada de estudio sobre el mandato estatutario de aprobar una ley electoral antes de noviembre de este año. Las posibilidades de la norma, las fortalezas y debilidades del sistema estrenado en las elecciones de mayo de 2019, las opciones de flexibilizar el plazo de aprobación por la incidencia de la pandemia o el valor real del voto fueron algunos de los aspectos abordados durante el encuentro.
Tras la apertura a cargo del presidente, Gustavo Matos, el debate se desarrolló en torno a dos mesas redondas en las que intervinieron Víctor Manuel Cuesta López, doctor europeo en Derecho Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Gerardo Pérez Sánchez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y miembro del foro cívico ‘Demócratas para el cambio’, y José Adrián García Rojas, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración, Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho de la Universidad de La Laguna.
En la segunda mesa participaron María del Rosario García Mahamut, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón; Enrique Arnaldo Alcubilla, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y letrado de las Cortes Generales, y Vicente Mújica Moreno, presidente de la Asociación ‘Demócratas para el cambio’.
COMPROMISO DE LOS GRUPOS
En su intervención, Gustavo Matos recordó que estas jornadas son fruto de un acuerdo de los grupos parlamentarios representados en la Cámara “como preludio a lo que debe ser la tramitación de una ley electoral que es un mandato del Estatuto de Autonomía aprobado en noviembre de 2018”.
Subrayó que el artículo 39 del Estatuto “no deja lugar a dudas: la iniciativa corresponde estrictamente al Parlamento, que ha de aprobarlo por tres quintas partes”. Remarcó que el compromiso de la Cámara es cumplir esta obligación y aseguró que le consta el compromiso de los grupos para que así sea. “El calendario está diseñado para aprobarlo antes del próximo 6 de noviembre”, indicó.
El presidente recordó que “partimos de un consenso que no fue fácil; diferentes formaciones políticas y colectivos ciudadanos mantuvieron un largo y difícil debate durante muchos años sobre cómo debía ser el sistema electoral, porque es complejo conjugar el hecho territorial, los equilibrios territoriales y poblacionales, la idea de conjunto como autonomía y dónde están los límites de lo justo o injusto en materia de representatividad».
Explicó que, pese a que no era fácil llegar a un consenso, “se alcanzó un acuerdo de mínimos que se plasma en el artículo 39 y disposición transitoria primera del Estatuto, con la que concurrimos a las elecciones de mayo de 2019”. El presidente hizo hincapié en que, a partir de aquí, “los grupos de la décima legislatura tienen la responsabilidad de aprobar esta ley electoral”.
ANÁLISIS DETALLADO
En la jornada de trabajo se pudo analizar de manera muy detallada el sistema estrenado en las elecciones de 2019 y debatir sobre las posibilidades que se pueden incorporar a la ley. Víctor Cuesta afirmó que estamos ante una ley fundamental donde el debate político debe estar presente. «El debate debe estar no solo en el Parlamento, sino también en la sociedad”, dijo, tras lo que analizó las principales novedades del sistema estrenado en mayo de 2019. “Plantea 70 diputados, un Parlamento ampliado que ha suscitado distintas críticas que quiero relativizar, porque la sociedad canaria es compleja, diversa, y un Parlamento reducido no refleja esa diversidad”.
Indicó que esa ampliación se hizo para aliviar la descompensación del voto que había entre circunscripciones más y menos pobladas. “La ampliación sí ha tenido sentido”, afirmó. Sostuvo además que la circunscripción insular “es y debe seguir siendo la circunscripción natural” aunque consideró que la autonómica “ha sido un acierto para dotar a las campañas de un discurso autonómico”. Cuesta reflexionó sobre la posibilidad de que la nueva ley plantee un nuevo criterio de reparto de escaños, partiendo de una asignación inicial de mínimos y el resto en función de la población.
Mientras, Gerardo Pérez afirmó que, siendo defensor de la reforma de 2018, “sería un fracaso utilizar de excusa el cumplimiento del plazo para no sacar una ley vanguardista y a la altura de los retos de Canarias”. Explicó que, a su juicio, la reforma estatutaria de 2018 “es un logro, pero no cumplió todas las expectativas a pesar de significar un avance importante que terminó con una eterna transitoriedad que imponía un sistema manifiestamente injusto”.
“Algo se ha mejorado en nuestra calidad democrática; otra cosa es que crea que hay que avanzar más aún. El mandato de hacer una ley electoral es una oportunidad única para seguir avanzando en mejorar nuestra calidad democrática. Para mí sería un fracaso consolidar esa disposición transitoria primera: necesitamos una legislación moderna y potente que responda a todos los retos”, expresó. La “desigualdad” del valor del voto, dijo, “todavía nos debe sonrojar”.
Por su parte, José Adrián García Rojas abordó este asunto desde una perspectiva histórica y repasó los distintos proyectos que durante las últimas décadas se debatieron para dar una respuesta a la situación. “El sistema es francamente mejorable”, sostuvo, y coincidió con Gerardo Pérez al defender que convendría ampliar el plazo. Lo veo temporalmente bastante difícil de aquí a noviembre”.
También Vicente Mújica, quien destacó el “papel central” que ha tenido Demócratas para el Cambio en los trabajos encaminados a la reforma electoral canaria, defendió un necesario nuevo consenso y equilibrio entre lo territorial y lo autonómico. “Nosotros pensamos que es posible. Si queremos conjugarlo y potenciar la circunscripción autonómica, debe ser significativo el aumento hasta el punto de que si incrementamos algo la autonómica pero no lo suficiente, seguirá operando, en lugar de la barrera electoral, el umbral efectivo”.
Al respecto, María del Rosario García afirmó que el el nuevo sistema mejora porcentualmente la proporcionalidad debido a la circunscripción autonómica, “pero solo mitiga, porque los defectos del sistema electoral, de todos los elementos interactuando, arroja desproporcionalidad en la representación”. Añadió que se ha mejorado muy tímidamente esa desigualdad, “pese a la magnífica labor realizada”, y concluyó que los canarios “no tenemos que ser los únicos que tengamos que estar regulando con una disposición transitoria en un sistema sin seguridad jurídica”.
Enrique Arnaldo recalcó que toda reforma debe llevar aparejados el máximo consenso y compromiso de los partidos. Indicó que el plazo contemplado en el Estatuto “es un mandato legislador sin sanciones que no especifica si sus miembros son todos, algunos o quiénes” y, como consecuencia de cuestiones como esta, consideró “muy difícil” consensuar una ley antes de noviembre. “Entiendo que no debe haber prisa, que se deben hacer las cosas bien, con prudencia”.
A la jornada asistieron, entre otros, la secretaria segunda de la Mesa del Parlamento, Luz Reverón, los portavoces parlamentarios Nayra Alemán (PSOE), Ricardo Fernández (Grupo Mixto), José Miguel Barragán (CC), Manuel Marrero (Sí Podemos Canarias), el presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Pablo Matos, la consejera secretaria de la Sección Primera del Consejo Consultivo, María Rosa de Haro, y la presidenta del Consejo Social de la ULL, María Dolores Pelayo.
