Franquis: «El Decreto de Vivienda del Gobierno es un golpe de estado a la planificación urbanística y sólo ganan los promotores y constructores»
Santa Cruz de Tenerife. La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha acusado este martes [27] en el Pleno de la Cámara regional al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (Partido Popular), de aprobar iniciativas legislativas para llevar a cabo «políticas regresivas y conservadoras» en las islas «que no solucionan la vida de la ciudadanía canaria», sino para responder a su «ideología».
Fierro intervino en una pregunta del Grupo Socialista al vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos sobre si las iniciativas legislativas del Gobierno canario se están adecuando a las necesidades sociales de Canarias, donde le preguntó a Domínguez qué tipo de soluciones se le está dando a la ciudadanía de las islas desde el Ejecutivo autonómico. «Le preguntamos para quién prefiere una solución, si para unos pocos o para la mayoría social. ¿Cuál es su aportación como vicepresidente a este Gobierno para dar respuesta a las necesidades sociales de Canarias?».
La diputada socialista recordó las principales acciones del nuevo Ejecutivo canario al llegar al Gobierno. «Empezaron ustedes quitándole impuestos a los ricos, a los que más tienen, por decreto, de urgencia y sin mirar atrás, beneficiando al 0,3% de las familias de Canarias, es decir, a 6.600 personas de una región de dos millones de euros».
Además, añadió la aprobación por parte del Gobierno de Canarias del «decretazo» de la Radio Televisión Canaria, y el incumplimiento de los Presupuestos autonómicos de 2024 con la Ley de Educación y la Ley de Servicios Sociales, así como los recortes en cultura, el sector primario y la agricultura en Canarias. «Y lo hicieron ustedes, no Úrsula Von Der Layen ni Pedro Sánchez».
«Y ahora nos vienen un decreto panacea sobre la emergencia habitacional que pone la solución en las constructoras, no en incentivar la emancipación, no en fomentar que la gente ponga en el mercado las viviendas que tiene vacías que hay en Canarias. Nada, lo de siempre, a los de siempre, al ladrillo y a los suyos», añadió.
En este sentido, ironizó con la «alegría» del Partido Socialista por la colocación de la primera piedra para la construcción de vivienda pública en La Orotava por parte del Gobierno canario. «Un acto donde su Gobierno fue a sacarse la foto estos días, y que ha sido posible gracias a un plan de vivienda impulsado por el PSOE que precisamente permitió construir vivienda pública en Canarias después de décadas, como ustedes mismos han visto».
Fierro pidió que «no se revistan» de los problemas de la gente para hacer políticas «regresivas, conservadoras y que no le solucionan la vida a casi nadie. Y no es casualidad. Es ideología. ¿A quién defiende señor Domínguez? Van ustedes en la dirección contraria de la solución de los problemas que tienen los canarios y canarias».
Franquis: «El Decreto de Vivienda del Gobierno es un golpe de estado a la planificación urbanística y sólo ganan los promotores y constructores»
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha acusado este martes [27] en el Pleno de la Cámara regional al Gobierno de Canarias de «desentenderse» por completo de las políticas de vivienda pública y de poner únicamente en manos de la iniciativa privada el acceso a la vivienda de la ciudadanía canaria con el Decreto Ley recién presentado por el Ejecutivo autonómico. «Este decreto está hecho por y para los constructores y promotores inmobiliarios de Canarias».
Franquis intervino en una pregunta solicitada por el Grupo Socialista a Presidencia del Gobierno sobre si cree que las políticas que está adoptando el Gobierno en materia de vivienda son las idóneas para dar respuesta al problema habitacional de las islas, donde afirmó que, con este Decreto, el Ejecutivo canario se pone únicamente en manos de la iniciativa privada para darle solución».
El portavoz socialista aseguró que el Decreto Ley es una «invasión» a las competencias municipales, porque entra en aspectos propios de la ordenación pormenorizada como la altura, la edificabilidad y los usos. En este sentido, alertó que se «pervierte» el sistema porque se establecen una «especie» de derechos de la propiedad, y son los ayuntamientos los que deben demostrar dónde no es conveniente que se ejerzan.
Para Franquis, este Decreto Ley también supone un «golpe de estado» a la planificación urbanística, planteando una desregulación y quitándole capacidad a los ayuntamientos para que decidan sobre su suelo.
El portavoz socialista insistió en que los precios establecidos en el Decreto Ley no son asequibles, sino todo lo contrario. «De repente incrementan los precios en un 51%. Estamos ante un decreto ley profundamente inflacionista, porque ayuda a subir el precio en un mercado inmobiliario con precios ya muy elevados y muy tensionado».
En concreto, destacó como otro aspecto clave del Decreto que obliga a que los arrendatarios deban disponer de más renta y recursos para poder acceder a una vivienda pública de alquiler. «Una vez garantizado el suelo casi gratis, se trata de mejorar la solvencia del inquilino. Hay que tener en cuenta que a diferencia de la iniciativa pública en la que se barema, en la privada es el promotor el que elige al inquilino y buscará el más solvente».
Franquis advirtió que los precios de los alquileres en régimen general para viviendas protegidas de promoción privada se incrementen en un 51 % en las islas menores y un 35% en las islas capitalinas.
Además, consideró que técnicamente «es una burrada», como la utilización de los suelos previstos para sistemas generales, porque éstos sirven para el equipamiento de las ciudades, y estamos convencidos que el destino mayoritario de los que están vacantes es el parque público. Esta medida va en contra de las políticas europeas de renaturalización de las ciudades para luchar contra el cambio climático.
Para Fraquis, la recuperación de suelo urbanizable incluida en el Decreto supone directamente la construcción en suelo rústico. «Esta disposición se parece mucho a aquella de Aznar que decía que todo suelo que no esté protegido será urbanizable. «¿Cómo hacer que ese suelo de los ayuntamientos destinado a dotaciones pase a la iniciativa privada?».
Patricia Hernández lamenta que se utilice el problema de la vivienda para «acabar» con los espacios públicos y «hacer negocio»
La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Hernández, ha acusado este martes [27] en el Pleno de la Cámara regional al Gobierno de Canarias de utilizar el problema de la falta de vivienda pública en las islas para «acabar» con los espacios públicos y «hacer negocio» a través del nuevo Decreto Ley de Vivienda «sin consenso ni consulta».
Hernández intervino en una comparecencia solicitada por el Grupo Socialista para el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad sobre las acciones puestas en marcha en materia de vivienda, en la que denunció que el Decreto Ley de Vivienda impulsado por el Ejecutivo autonómico «hace elegir» a las personas que tienen dificultad para acceder a una vivienda entre «vivir bajo un techo o tener servicios comunitarios como espacios culturales, educativos, deportivos y sanitarios».
Para la diputada socialista, la falta de vivienda pública en Canarias es un problema que el Gobierno canario ha decidido abordar «atacando» la planificación. «Vivienda o planificación, vivienda o dotación», sin olvidar que el nuevo Decreto no menciona los más de 200.000 pisos vacíos que hay en Canarias, no dice nada para restringir la oferta vacacional ni para limitar los precios ni para garantizar el pago».
Rosa Bella Cabrera califica de «nefasta» la gestión del Gobierno canario en la huelga del personal del Instituto de Medicina Legal de Tenerife
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Rosa Bella Cabrera ha calificado este martes [27] en el Pleno de la Cámara regional de «nefasta» la gestión de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias en el proceso de huelga del personal del Instituto de Medicina Legal de Tenerife que se inició este febrero, y en la que denuncian mala gestión y falta de transparencia por parte de la dirección del organismo.
Cabrera intervino en una comparecencia solicitada por el Grupo Socialista sobre la situación del Instituto de Medicina Legal de Tenerife, con la presencia de parte del personal del organismo en el Parlamento canario, donde recriminó a la consejera regional que no se haya reunido con los trabajadores después de 49 días desde que se anunciara el preaviso de huelga.
La diputada socialista recordó la situación a la que se enfrenta la plantilla, como unas instalaciones que se han quedado pequeñas; una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que también es insuficiente; unas medidas organizativas «manifiestamente mejorables», y un clima laboral «en el que se ha quebrado la confianza entre dirección y empleados».
