Madrid.- El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, señaló hoy en el Senado que esta legislatura “debe ser la del dialogo” y, con un nuevo escenario de mayorías en la Cámara Alta es necesario “un esfuerzo enorme para lograr acuerdos entre todos que nos permita avanzar”. Fruto de esa necesidad de abrir diálogos con todos los grupos, presentó hoy junto al portavoz del grupo popular, Javier Maroto, el primer acuerdo entre dos fuerzas políticas de esta legislatura para la creación de una Comisión Especial sobre el Brexit en la Cámara Alta.
Como explicó Clavijo, la falta de una mayoría en el Senado no se vivía en desde el año 2011, lo que “nos obliga a mantener un diálogo activo con otras fuerzas políticas en una cámara en la que tendremos que convivir y alcanzar acuerdos diputadas y diputados pertenecientes a 20 fuerzas políticas”. Y en ese esfuerzo por generar espacios de diálogo se enmarca la propuesta impulsada por el senador nacionalista y el grupo popular de crear esa Comisión Especial de Estudio para la evaluación y seguimiento de los efectos de la próxima entrada en vigor del Brexit. Una iniciativa, que, como explicó Javier Maroto, nace desde el diálogo de grupos de la oposición ante la falta de iniciativas y acción del gobierno.
Ambos senadores, recordaron que la próxima entrada en vigor del Brexit, con o sin acuerdo entre las dos partes, es uno de los asuntos que va a marcar la agenda política y económica en nuestros país en los próximos meses , por lo tanto, es necesario que se constituya una comisión especial en el Senado para que los diferentes actores que se verán afectados por su entrada en vigor expliquen en esta Cámara a qué situación nos enfrentamos. “Una Comisión”, apuntaron, “que permita estudiar y afrontar cómo afecta esta salida de Gran Bretaña a cada Comunidad Autónoma y a cada sector económico de tal forma que se puedan atajar los problemas y aprovechar oportunidades”.
Hay que recordar que tras las elecciones celebradas en el Reino Unido se ha puesto fin a la incertidumbre sobre su salida definitiva de la Unión Europea que será el 31 de diciembre de 2020. Por tanto, “nos adentramos en un periodo de enorme complejidad en el que tendrán que resolverse todas las dudas que aún existen sobre cuestiones económicas y comerciales, el mercado único, la unión aduanera, los derechos de los ciudadanos españoles residentes en el Reino Unido, la asistencia sanitaria, el derecho de voto, el impacto en el turismo, la operatividad de las compañías integradas en el grupo IAG, el transporte de mercancías, su repercusión en el mercado agrario y pesquero, los programas comunes de investigación y universitarios, etcétera”.
Vínculos entre España y Reino Unido
España mantiene fuertes vínculos con el Reino Unido y un mal acuerdo tendría un impacto muy importante en nuestra economía. Las exportaciones españolas de bienes y servicios al Reino Unido suponen el 3,3% del PIB, lo que le convierte en nuestro principal mercado. Y la aplicación de barreras arancelarias supondría un coste adicional de 3.100 millones de euros.
De los 82,8 millones de turistas que recibió España en 2018, unos 18,5 millones (el 22,3%) eran británicos; 5 millones de los cuáles veranean en Canarias. Estas cifras convierten al Reino Unido en el principal emisor de turistas a España. Los británicos podrían tener además menor capacidad económica para viajar, debido a la más que probable recesión económica en el Reino Unido.
El sector pesquero sería también uno de los grandes afectados y también se resentirían las exportaciones agroalimentarias y de bienes de consumo. Pero esta no sería la única vía por la que sufriría el campo: la salida británica supondrá una merma para el presupuesto de la UE, lo que llevará aparejado un posible recorte de los fondos de la Política Agraria Común (PAC).
El impacto que tendrá en cada una de las Comunidades Autónomas será muy desigual. “Territorios como Canarias o Baleares”, como explicó el senador nacionalista, “con una alta dependencia del turismo británico, estarán muy pendientes de todas las decisiones que se adopten en materia turística y de conectividad aérea. Un impacto que no se ha analizado con el suficiente detenimiento y regularidad en el seno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE)”.
