Santa Cruz de Tenerife.- El vigente modelo productivo de La Palma, basado principalmente en el sector primario y la subvención, está mostrando síntomas evidentes de debilitamiento, lo demuestra la pérdida de población y su envejecimiento, así como la fuga constante de talento, representado en la juventud, que busca fuera de la isla el porvenir que no encuentra dentro de la misma. Hace falta una modernización y especialmente una actualización de la actividad económica, que tiene que pasar necesariamente por la simbiosis de la construcción, el turismo y los servicios, siempre de acuerdo con lo especificado en la normativa de las Islas Verdes, que lamentablemente carece de la dotación e incentivos económicos, para provocar un revulsivo y una atracción inversora.
Oscar Izquierdo presidente de la patronal provincial de la construcción, señala que “falta un decidido apoyo institucional al inversionista, que supere la histórica desconfianza hacia el que pretende emprender y aportar. Por eso, desde FEPECO proponemos la creación de un ente gestor, independiente y profesional, que de apoyo y asesoramiento al tejido empresarial en un previsible desarrollo del trinomio construcción-turismo-servicios, amparándose en el nuevo concepto productivo de Islas Verdes. Se trata de conseguir una agilización burocrática y una incentivación para los inversores, que se verían acompañados y apoyados desde esta entidad”
En La Palma hay verdadero muro burocrático, infranqueable actualmente, en el Cabildo Insular, en los Servicios de Evaluación Ambiental y de Planeamiento. El procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos y planes se dilata demasiado en el tiempo, desincentivando la iniciativa empresarial y deslocalizándola. Por otro lado, la tardanza en informar cualquier plan urbanístico municipal tarda más de un año, incomprensible en la sociedad de la inmediatez en la que vivimos.
En estos momentos hay aproximadamente más de 100 proyectos de villas turísticas paradas, que significan más de 400 plazas alojativas, lo que supone una inversión estancada, por la inoperancia administrativa, de unos 24 millones de euros. Esto se produce, entre otros motivos, por una interpretación de la legislación basada en la prevalencia de la Ley Estatal 21/2013 de Evaluación ambiental, sobre la Ley del Suelo canaria y la Ley de Islas Verdes. Es una forma de minusvalorar la estrategia de crecimiento de las Islas Verdes, que parece que hay interés en que no tenga el progreso que se le espera. Por el contrario, FEPECO ve en la normativa de la Islas Verdes la base estructural para un crecimiento económico estable y un desarrollo sostenible en La Palma.
