Las Palmas de Gran Canaria.- El dirigente de Nueva Canarias (NC) y diputado en el Congreso hasta mediados de la actual Legislatura de las Cortes Generales, Pedro Quevedo, mantuvo hoy que tiene «poca lógica» poner en marcha una experiencia piloto de una Obligación de Servicio Público (OSP) en un trayecto aéreo entre Canarias y la Península con el fin de controlar la subida de precios abusiva. Quevedo exigió al Ministerio de Transportes e instó al consejero canario Sebastián Franquis a cumplir con la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, con el pronunciamiento unánime del Parlamento de Canarias y que Canarias use la condición de Región Ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea (UE) para evitar los precios aéreos excesivos.
La experiencia piloto del ministerio, coordinada con la Consejería canaria de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, de abrir una línea de OSP para estudiar su comportamiento y viabilidad; en opinión de Pedro Quevedo carece de lógica porque «no describe» bien el mercado. Es un «invento» para resolver una situación en la que «todo está inventado». El dirigente de NC se mostró categórico al asegurar que «lo único que hay que hacer es cumplir» los PGE de 2018 y el pronunciamiento unánime del Parlamento de Canarias
En su condición de negociador de los acuerdos presupuestarios estatales de NC de 2017 y 2018 con los que se logró, entre otros derechos de la ciudadanía canaria, el aumento de la bonificación del transporte aéreo y marítimo de los residentes con el resto del Estado al 75%, hizo hincapié en lo incluido en los PGE de 2018 para evitar los incrementos de precios abusivos.
Se especificó en la principal norma gubernamental, refirió, que, «dentro del respeto a la normativa comunitaria y al principio de libertad tarifaria, las autoridades competentes en materia de competencia velarán para que las compañías prestatarias de servicios de pasajeros no establezcan pactos de colusión que incrementen los precios, pudiendo fijar al respecto, cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen, precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público».
Nueva Canarias, continuó, «siempre» ha defendido que se establezcan precios máximos de referencia, mediante la declaración de las OSP, «no sólo por estar amparada por la ley presupuestaria estatal de 2018 sino por la positiva» experiencia existente con las rutas interinsulares del Archipiélago.
Recordó que, en julio de 1998, el Ejecutivo estatal declaró OSP la mayoría de las rutas aéreas entre las islas con el objetivo de garantizar una prestación mínima de servicios regulares en términos de continuidad, regularidad, tarifas y capacidad mínima. En los tráficos aéreos interinsulares de Canarias existe un importe máximo de la tarifa (precio) para cada trayecto que «no puede ser superado» por las compañías aéreas, explicó.
Aunque la regulación de la UE consagra los principios para prestar libremente y sin restricción alguna los servicios aéreos en las rutas aéreas intracomunitarias así como fijar libremente los precios de sus tarifas, «también permite restringir parcialmente» esas libertades mediante la imposición de las OSP, precisó Quevedo. El amparo jurídico, agregó, es el reglamento 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas comunes para la explotación de los servicios aéreos en la Unión.
En paralelo, el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que reconoce a Canarias como RUP, otorga un «tratamiento específico» a estas regiones, recalcó el dirigente de NC. De esta manera, se permite adoptar políticas y ayudas específicas para las islas, entre otras, en materia de transportes e infraestructuras de puertos y aeropuertos, según explicó.
Una singularidad que jurídicamente sale reforzada, continuó, con la sentencia Mayotte del Tribunal de Justicia Europeo de diciembre de 2015 que viene a decir que los tratados y acuerdos de la Unión tienen que adaptarse a las RUP.
Canarias tiene una condición «exclusiva» en el espacio comunitario europeo «sobre la que tenemos que apoyarnos» para lograr las OSP y los precios de referencia. En la Unión, por lo menos, existen 160 rutas declaradas obligaciones de servicio público incluida España, de las que el 38% unen el continente con las islas, precisó.
Recordó Pedro Quevedo todas las iniciativas impulsadas en esta y anteriores legislaturas del Congreso de los Diputados para evitar los precios abusivos en los billetes aéreos y los compromisos del extitular y su sucesora del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos y Raquel Sánchez, para «cumplir también» con la proposición no de ley aprobada por el Parlamento canario en octubre de 2018.
Una iniciativa que impulsó NC y que demandaba a este ministerio que estableciera un procedimiento de seguimiento de la evolución de los precios en las rutas entre Canarias y el resto del Estado y que esta información fuera transparente y accesible a la ciudadanía.
Agregaba una petición a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que fiscalizara el proceso de construcción de precios con el fin de garantizar la competencia y que velara para que las compañías aéreas no establezcan pactos de colusión que incrementen las tarifas. Si esto sucediera, que se adoptaran las correspondientes medidas sancionadoras.
Por último, que el Ejecutivo del PSOE iniciara el procedimiento para establecer las Obligaciones de Servicio Público que permitirán fijar precios máximos de referencia, que son de obligado cumplimiento para las compañías.
