Santa Cruz de Tenerife.- La diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha votado hoy a favor de la ley de renta ciudadana con el ruego de que esta norma «ofrezca oportunidades reales para que las más de 300.000 personas, que en Canarias se encuentran en situación de pobreza, puedan salir de ella y que todos los canarios tengan una vida digna». En definitiva, su deseo es que la nueva ley pueda entrar en funcionamiento cuanto antes y permita una cobertura a quien más lo necesita.
Sin embargo, y como ya lo hiciera hace dos meses, cuando presentó sus enmiendas a esta ley, la diputada ha insistido en la importancia de ser más flexibles y en reducir la burocracia para evitar poner más trabas a las personas que necesitan esta ayuda porque «la renta ciudadana es un derecho que recoge nuestro Estatuto de Autonomía en su última reforma durante la legislatura pasada y a nosotros nos tocaba convertir ese derecho en una realidad». Para Espino, el objetivo es «poner a las personas en el centro de esta medida tan necesaria».
La diputada ha puesto en valor el trabajo realizado en la ponencia por todos y cada uno de los grupos del Gobierno y de la oposición «que siempre lo han hecho con espíritu constructivo y tratando de hacer posible el consenso», aunque en algunos puntos no se haya llegado a un acuerdo. La diputada ha explicado que a pesar de que esta ley va a ser una herramienta que mejore la vida de cientos de personas en Canarias, «es también una ley que se queda corta y debería haber sido más ambiciosa para llegar de verdad a más personas».
En este punto ha recordado que, en la ponencia, el debate ha estado en el concepto de unidad de convivencia, ya que los grupos que apoyan al Gobierno quieren limitar el derecho de esta renta y que no la perciba quien vive con otras personas que sí reciben algún tipo de ingreso. «La convierten así en una norma restrictiva», ha lamentado, ya que que decenas de miles de canarios se quedarán fuera de la cobertura de la renta, como ocurre ahora con el Ingreso Mínimo Vital.
Espino ha explicado que, con estas restricciones, la renta ciudadana deja de ser un derecho subjetivo, un derecho único, de cada persona y pasa a ser una especie de derecho colectivo que depende del colectivo, de la unidad de convivencia. «Es decir, si mi hermana o mi hermano, viven conmigo y tienen un ingreso ya no habrá derecho a la renta. Es por esta condición que miles de canarios, ocho de cada diez, han visto denegada su solicitud del IMV», ha aclarado. Otro aspecto negativo de esta ley para la diputada es que si alguien de la unidad de convivencia se marcha de Canarias por un plazo de 90 días naturales, inmediatamente se le quita a esa familia la renta ciudadana.
Por todo ello, cuatro de las cinco enmiendas que Espino mantiene a la ley van en la línea de no castigar a las personas y ser más flexible. «Propongo ampliar este plazo hasta los 180 días naturales para evitar que ser beneficiario de esta prestación suponga una coacción a la libertad de movimiento de las personas», ha señalado la diputada que también considera un error que se dé por denegada la solicitud si la administración no contesta en el plazo de cuatro meses.
Silencio administrativo
La diputada ha explicado que este aspecto va en contra de la normativa general de la ley estatal del procedimiento administrativo en su artículo 24 que ha leído durante su intervención: «… el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley establezcan lo contrario». Para Vidina Espino, es precisamente eso lo que está haciendo el Gobierno. «Cambiar lo que dice la ley e ir en contra de lo que beneficia a los ciudadanos».
La diputada ha explicado que en la PCI, que es la prestación actual que viene a sustituir la Renta Ciudadana, el silencio administrativo es positivo y, por tanto, en este sentido la nueva ley «supone dar un paso atrás». Espino ha advertido también sobre el impacto emocional que puede conllevar esta situación que califica de «enorme insensibilidad» con las personas que necesitan esa ayuda de forma desesperada. Por ello, ha anunciado que mantendrá su enmienda número 37 para que se cumpla con la norma general de la administración pública y el silencio administrativo se considere positivo.
