Las Palmas de Gran Canaria.- Representantes de la Federación Empresarial Canaria (FEC) y de la Asociación de Empresas de Seguridad y Vigilancia de la Provincia de Las Palmas (APEMES) solicitaron la intervención del Diputado del Común, Rafael Yanes, para hacer llegar al Defensor del Pueblo de España el problema que sufren actualmente las empresas de seguridad privada y de servicios contratistas con la Administración Pública, debido a que las nuevas empresas entrantes están asumiendo las deudas que dejan aquellas otras que han estado prestando servicios con anterioridad.
Tal y como aseguraron, “el problema viene a partir de agosto por la aplicación de la doctrina Somoza, que viene del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea, el cual hace una reinterpretación de lo que entiende por una sucesión de empresa”.
Los afectados afirmaron que, hasta el año 2018, la empresa que dejaba la deuda era responsable de la misma, pero que, a partir de esta sentencia, que es admitida por el Tribunal Supremo de España, la jurisdicción social reinterpreta que existe una sucesión de empresas siempre que un contratista subrogue al personal que ha prestado servicios a través del Estatuto de los Trabajadores y del Convenio Colectivo, “por lo que se trasladan todas las deudas. Unas obligaciones totalmente desconocidas en el momento de presentar el presupuesto de licitación”.
En este sentido, los representantes denunciaron que es después de estar prestando el servicio cuando la Seguridad Social y, posteriormente, la Tesorería determinan que ha existido esa sucesión de empresa, por lo que derivan la deuda a la nueva empresa entendiendo que la saliente no tiene capacidad económica para responder. “Hemos visto supuestos en el sector en los que la cantidad derivada es superior a la facturación por ese contrato”.
Tras conocer la problemática que existe al respecto, el Diputado del Común destacó que, “cuando se reduce el contrato, al final termina incidiendo en el sueldo de los trabajadores, a lo que además se le añade la asignación de deudas anteriores a la nueva empresa. Para que esta última pueda continuar con el servicio tiene que reducir el sueldo a sus trabajadores y esto nos preocupa enormemente. Estudiaremos la petición que nos están haciendo y la trasladaremos al Defensor del Pueblo de España al tratarse de un tema estatal”.
