Santa Cruz de Tenerife.- Dolores Espinosa, concejala de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo) ha advertido al Ayuntamiento chicharrero de que la única empresa que se ha presentado a la licitación de la vigilancia de instalaciones municipales, Alcor, no cumple requisitos para ser adjudicataria por numerosas sentencias en contra relacionadas con incumplimientos laborales, documentación que entregó en mano al gobierno municipal y que el pasado lunes ella y el sindicato SCIF registraron para que obre en poder de la mesa de contratación de este concurso público.
Espinosa hizo esta advertencia durante el Pleno municipal celebrado este 30 de septiembre, donde una vez más salieron a relucir los ya enquistados problemas de la plantilla de vigilantes privados que se encargan de la seguridad en el Ayuntamiento, por los impagos y las condiciones laborales de las empresas que han prestado este servicio, así como por el fracaso en la gestión de estas contrataciones por parte del gobierno municipal.
«Esta empresa tiene sentencias en contra por incumplir el descanso obligatorio entre jornadas, por tener a gente mucho tiempo con contratos temporales y no hacerlos fijos…; sanciones por no respetar derechos de trabajadoras durante el embarazo y la lactancia, por discriminar por ser mujer…; hay una resolución del Consejo Consultivo de Canarias; y la Inspección de Trabajo remite a la Fiscalía hechos cometidos por esta empresa», expuso la concejala de UP en su intervención plenaria.
Por otra parte, durante el Pleno Espinosa también mostró su sorpresa por que la concejala de Cultural reconociera en esta sesión que los ordenanzas están haciendo el control de acceso en las sedes de este organismo (como las bibliotecas municipales), dado que no tienen vigilancia privada.
Al respecto, la edil de la confluencia de izquierdas le previno de que se trata de una ilegalidad, pues de esta función no se pueden encargar ordenanzas, sino personal de seguridad, por lo que indicó que va a estudiar dar traslado de esta situación al Ministerio del Interior para que tome las medidas oportunas.
En este contexto, Espinosa criticó que para las sedes de Cultura no se licite vigilancia, a pesar de que el gobierno municipal dispone de informes técnicos que concluyen la necesidad de que se contrate el servicio de seguridad privada porque este organismo carece de los medios materiales y personales necesarios para esta labor y de que hay que reforzar la seguridad por la actual situación de crisis y por el vigente nivel 4 del plan de protección y prevención antiterrorista.
Como ya hiciera en otras ocasiones, la representante de UP, que es además vigilante de seguridad y sindicalista en este sector, denunció la precariedad laboral que sufren estos trabajadores y trabajadoras. Así, se dirigió a personal despedido de la anterior contrata, SH Lanzarote, parte del cual se encontraba en el público del Pleno, «y que son familias endeudadas y en el paro porque desde marzo no cobran, y muchos ni siquiera del paro, porque han quedado en el limbo legal entre subrogación y subrogación, dado que hasta que no tengan sentencia firme el Servicio Público de Empleo (SEPE) les ha dicho que no les va a pagar la prestación de desempleo que les corresponde por ley».
