Con carácter general, no estará permitido el uso de estos dispositivos en infantil, primaria, ESO y Formación Profesional básica
Las Palmas de Gran Canaria. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias limitará el uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos vinculados a la telefonía móvil en los centros educativos públicos no universitarios del Archipiélago.
Así se recoge en una resolución que se publicará en las próximas horas con las instrucciones diseñadas por el departamento que dirige Poli Suárez para crear en las Islas un “marco regulatorio básico común” en esta materia.
La limitación afectará principalmente a las etapas de infantil y educación obligatoria (primaria, secundaria obligatoria y FP básica) y lo hará durante toda la jornada escolar, es decir, durante los horarios de docencia directa, custodia anterior y posterior a aquella, descansos y recreos, actividades y servicios complementarios, así como en los de las actividades extraescolares.
Por su parte, los centros privados y sostenidos con fondos públicos (concertados) podrán adaptar la medida a su organización, en consideración a la legislación específica que los regula y a la propia autonomía de los centros.
“Es una decisión que adoptamos de manera consensuada tras recabar las opiniones de todas las partes implicadas y palpar el sentir de la comunidad educativa de Canarias, que lleva tiempo reclamando la regulación y unas pautas sobre el uso de estos dispositivos unificadas para todos los centros”, expresó Poli Suárez en rueda de prensa.
“Se trata de proteger al alumnado y evitarles posibles interferencias y distracciones que puedan afectar a su desarrollo académico; a la vez que de poner en valor la figura docente y el respeto a profesorado y compañeros dentro de las aulas ante el posible uso inadecuado de los teléfonos móviles”, concluyó el consejero.
Este anuncio se produce en medio del debate social que en los últimos tiempos ha suscitado la cuestión y tras la solicitud de un informe por parte del propio consejero al Consejo Escolar de Canarias, el pasado mes de noviembre, para conocer la posición de este órgano consultivo que engloba a profesorado, familias, alumnado y sindicatos, entre otros sectores de la comunidad educativa.
