Santa Cruz de Tenerife.- La consejera de Educación, Manuela Armas, se comprometió ayer con ANPE Canarias a poner en marcha el plan de atención a docentes agredidos. El sindicato con más representación en la enseñanza pública no universitaria de las Islas asistió a una reunión con la consejera y el resto de los miembros de la comunidad educativa en la que, además, solicitó información sobre la campaña de vacunación y el maltrato que está sufriendo el profesorado especialmente sensible al coronavirus desde que se retomó la actividad lectiva presencial.
Según trasladó la titular del área, la intención de su departamento es iniciar la campaña de vacunación docente a finales del mes de marzo con los maestros de Infantil y el profesorado de los centros de educación especial, ya que estos profesionales están en contacto más estrecho con el alumnado y sin medidas de protección.
La consejera también admitió que, tal como sospechaba ANPE Canarias, la vacuna AstraZeneca no podrá administrarse a un número importante de docentes porque no está permitido inocularla a mayores de 55 años, franja de edad en la que, según los cálculos de la Administración, se encuentran alrededor de 7.000 trabajadores en estos momentos.
Con respecto al plan de atención al profesorado agredido, Armas confirmó que la orden ya está redactada y que la Consejería está ultimando algunos detalles antes de anunciar la fecha de su publicación. Para ANPE Canarias, la aprobación de este protocolo supondrá un antes y un después para el profesorado de la enseñanza pública. El sindicato lleva desde 2008 atendiendo a los docentes agredidos a través del servicio El Defensor del Profesor, período en el ha asesorado y acompañado en un total de 1.566 casos de violencia y/o acoso.
«Esperamos que esta vez sí se apruebe el protocolo que tanto hemos demandado y, una vez más, no quede solo en promesas. El profesorado necesita apoyo de la Administración para resolver las situaciones de conflictividad que se dan en el aula, ya sea herramientas legales o apoyo psicológico. Hemos prestado este servicio porque era esencial, pero siempre hemos entendido que es la Consejería quien debe hacerse cargo de él», explica Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.
Con respecto al profesorado especialmente sensible a la COVID-19, la central sindical reiteró la situación de indefensión en la que se encuentra el colectivo. «Desde que empezaron las clases hemos solicitado que estos profesionales puedan optar a una adaptación del puesto de trabajo, pero en la inmensa mayoría de los casos Quirón Prevención, la empresa que tiene subcontratado el servicio, no lo ha hecho. Entendemos que se está vulnerando la normativa vigente y que se está discriminando a estos trabajadores con respecto al resto de funcionarios públicos, algo intolerable», señala Crespo.
