Santa Cruz de Tenerife.- La devolución del canon anticipado por la utilización de bienes públicos por parte de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), conforme al contrato del ciclo integral del agua establecido con la compañía Sacyr, ha venido figurando en sus cuentas anuales desde 2007, siendo alcalde Miguel Zerolo, sin que ningún técnico municipal pusiera de manifiesto irregularidad alguna sobre su abono.
Tomando como base la nueva consideración hecha recientemente por los servicios municipales acerca de dicho procedimiento, en el que podrían apreciar una irregularidad en la contabilidad y unas cantidades indebidamente pagadas por Emmasa, algunos medios han tratado de atribuir a Coalición Canaria la responsabilidad sobre dicho particular, extremo que resulta del todo punto insostenible.
De hecho, hasta la fecha, dicha circunstancia nunca se había puesto de manifiesto y las cuentas anuales de Emmasa han sido remitidas periódicamente al Ayuntamiento sin que se advirtiera discrepancia alguna.
Durante los mandatos en los que José Manuel Bermúdez fue alcalde de la ciudad (2011-2019), la empresa estuvo presidida por Julio Pérez (PSOE) y Dámaso Arteaga (CC) y sus cuentas anuales fueron aprobadas por expreso acuerdo de los diferentes presidentes y consejeros, entre los que figuró el también socialista y actual concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín.
A lo largo del periodo referido, ningún responsable público de Coalición Canaria ha tenido constancia de irregularidad alguna en el sentido señalado, no advertida por la Intervención municipal ni por las auditorías externas. De hecho, en las conclusiones de la intervención a la que fue sometida la compañía, ni el interventor ni el servicio gestor consignaron referencia alguna acerca de tal situación.
En Coalición Canaria se tiene claro que cualquier indicio de irregularidad que pueda surgir en torno a este asunto, indudablemente será puesto en manos tanto de los técnicos municipales como de la Justicia, si fuese necesario, para la adopción de cuantas decisiones resultasen precisas en defensa del patrimonio público municipal.
