El gobierno de Bermúdez rechaza una moción de Luisa Tamayo en la que se pedía no volver a privatizar un servicio tan importante para personas dependientes ante la extrema precariedad laboral de la plantilla
Santa Cruz de Tenerife.- Luisa Tamayo, concejala de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos), ha denunciado en el Pleno del Ayuntamiento las «extremadamente precarias» condiciones laborales de las casi 400 trabajadoras del servicio de atención domiciliaria (SAD) de Santa Cruz de Tenerife, que se presta a través de una empresa privada, Clece. Por ello, ha defendido en una moción que el Ayuntamiento planifique prestar de forma directa este servicio, una propuesta que ha sido rechazada por CC y PP, pues el gobierno de Bermúdez ha bendecido esta privatización desoyendo las quejas de la plantilla.
La pésima situación de este personal la ha podido conocer la corporación municipal a través del estremecedor y contundente testimonio de una de las trabajadoras, María Cristina Bas Martínez, quien ha expuesto cómo tareas que, por su exigencia física, deben hacer dos trabajadoras para atender a personas con alto grado de dependencia las hace una sola, la falta de grúas y de camas hospitalarias para mover a las personas con gran dependencia (solo 3 para 1.400 usuarios y usuarias), la precariedad en los contratos a tiempo parcial (ganan solo 500-600 euros al mes), no se les abonan las horas planificadas porque el Ayuntamiento no asigna más personas usuarias (faltan 114), sufren graves enfermedades laborales, no se les paga el tiempo real de desplazamiento entre domicilios y un largo etcétera de problemas.
De ahí que esta trabajadora recordara al Ayuntamiento que es responsable subsidiario de estos incumplimientos y que no puede permitir que estas empresas se enriquezcan a costa de la precarización del trabajo en un servicio público, en un personal formado casi en su totalidad por mujeres.
Tamayo hizo suyas estas palabras y defendió ante el Pleno que un servicio público de esta importancia no puede estar en manos de empresas privadas en estas circunstancias, por lo que propugnó su remunicipalización para que sea prestado directamente por el Ayuntamiento, lo que garantizaría unas mejores condiciones laborales para estas trabajadoras y llegar a más usuarios y usuarias, porque además se estima que para las arcas municipales es cientos de miles de euros más cara la privatización que la gestión directa.
Además, la concejala de Unidas Podemos pidió la revisión de la obsoleta ordenanza que regula la atención domiciliaria, para clarificar los servicios y los medios obligatorios.
