Exigen que se lleve a cabo la auditoría que fue aprobada por ley hace dos años para conocer a qué se destino el dinero del Fondo de Reserva de la Seguridad Social
Santa Cruz de Tenerife. La adjunta de Igualdad de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, se reunió con la secretaria y la portavoz de la ‘Asociación por la Defensa de las Pensiones Públicas’, Mercedes Cáceres y Carmen Pérez, respectivamente, quienes denuncian que el sistema de pensiones perpetua desigualdades de género, además de contribuir a la situación de pobreza en la que viven muchas personas en Canarias, fundamentalmente mujeres. A la reunión asistió la asesora de la Diputación del Común, Amanda Armas.
La portavoz de la ‘Asociación por la Defensa de las Pensiones Públicas’, Carmen Pérez, señala la necesidad de realizar una evaluación anual para que los sistemas de pensiones no contribuyan a mantener y, en muchos casos, aumentar la brecha de género. “Se han introducido reformas que no han sido efectivas, las mujeres siguen ocupando la posición más baja de las pensiones”, explica.
Por otro lado, desde la asociación señalan que hace dos años se aprobó por ley la obligación de realizar una auditoría para conocer en qué se utilizó el dinero extraído del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como “Hucha de las pensiones”, durante la crisis. Esta auditoría aún no se ha llevado a cabo, por lo que exigen que se corrija inmediatamente este incumplimiento normativo.
Asimismo, desde el colectivo piden que se apruebe un complemento a las pensiones contributivas y no contributivas hasta alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tal y como se hace ya en otras comunidades autónomas, ya que consideran que es una medida eficaz para paliar la situación de pobreza en la que viven muchos pensionistas.
La adjunta de Igualdad de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, afirmó que “sin duda, existen datos que ponen de manifiesto que la brecha de género también existe en el sistema de pensiones”. Y aseguró que trasladará al Defensor del Pueblo de España y a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias las alegaciones presentadas por la ‘Asociación por la Defensa de las Pensiones Públicas’, según a quien corresponda cada competencia.
