Santa Cruz de Tenerife.- El sindicato CSIF-Canarias ha exigido a la empresa TASISA, a través de su delegado Domingo Rodríguez Concepción, que sin más dilatación proceda a hacer efectivas las medidas incorporadas por la Ley de Presupuestos Generales para el año 2023 en beneficios fiscales a favor de los vecinos de la Isla de La Palma y, en consecuencia, a sus trabajadores residentes en la misma.
En este sentido, y comprobado que por la empresa regente del servicio de ambulancias en la Isla palmera, no se ha procedido a hacer efectivas estas medidas en la nómina del personal residente, correspondiente al mes de enero de 2023, Rodríguez Concepción ha oficiado formalmente su aplicación. Una medida fiscal que conlleva una compensación del 60 % en el IRPF de todos los ciudadanos que vivan en La Palma en los años 2022 y 2023, y que, permitirá que a partir del uno de enero las retenciones sean menores y una liquidación del impuesto de la renta con igual reflejo. Permitiendo con ello, el obtener una mayor poder adquisitivo y valor de compra sobre sus sueldos y salarios, por tanto, sumarse a la progresiva reconstrucción impulsada tras la devastadora consecuencias sufridas en la Isla por la erupción volcánica padecida e iniciada en el pasado mes de septiembre de 2021.
La actitud demostrada por la empresa TASISA con su plantilla en la Isla de La Palma dista mucho con la reciprocidad que la misma le procesa. Muchos de sus componentes, sin dudarlo ni cuestionar sus derechos a sus merecidos descansos tras largas jornadas laborales, ofreciéndose voluntariamente a las llamadas realizadas por TASISA para reforzar los servicios durante las evacuaciones y la actividad volcánica de Cumbre Vieja. Haciéndose coparticipes en primera persona de las tragedias, tanto individuales como colectivas, de tantísimos vecinos, amigos y familiares damnificados que las coladas del volcán iban dejando a su paso. Heridas, tanto físicas como psicológicas, que al día de hoy siguen abiertas y que van a ser difíciles de cicatrizar.
Su poca empatía es notoria, más cuando a sabiendas obra de otra manera contraria a derecho. Y no es únicamente en este asunto que nos ocupa, sino que, su poca sensibilidad con el servicio que presta a la ciudadanía palmera ha sido objeto de serle cuestionado, como sucedió, y sirva de ejemplo, cuando el Gobierno de Canarias retiró el servicio de ambulancia destacado en el municipio de Fuencaliente que servía de base, para atender a los vecinos aislados por los efectos de la erupción volcánica y que, en ningún momento fue cuestionado por la empresa TASISA en favor de sus propios usuarios. Hechos que fueron denunciado públicamente por el sindicato CSIF-Canarias y objeto de una moción por parte del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Parlamento de Canarias.
Pero esas son otras cuestiones que no deben de desviarnos del hilo conductor que nos ocupan y en él, se ha centrado la reclamación presentada por Domingo Rodríguez, instando a la empresa hacer efectivo, en la próxima nómina del mes de febrero, del personal de TASISA en La Palma, del beneficio fiscal establecido por el artículo 67 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
