Santa Cruz de Tenerife.- El pasado día 07 de marzo, se ha convocado por parte de la central sindical CSIF Canarias una asamblea de trabajadores dentro de la empresa pública perteneciente al Gobierno de Canarias, Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. que gestiona el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, CECOES 1-1-2, el Servicio de Urgencias Canario, SUC y el Transporte Sanitario No Urgente, TSNU entre otros, en relación a las medidas a tomar en caso de que el Gobierno de Canarias incumpla con la plantilla con la que se cuenta en toda Canarias sobre al acuerdo judicial del pasado mes de noviembre de 2021 ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Desde CSIF Canarias, su abogado D. Cristo Llurda Faro informa que, se ha trasladado a los trabajadores la situación tras el acuerdo judicial alcanzado, y en el que tanto Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias como el Gobierno de Canarias se comprometían a «actualizar los salarios de los trabajadores en un 5% por lo dispuesto en la Ley 7/2018 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias», hecho que debió ser ejecutado el pasado día 01 de enero de 2022.
La huelga indefinida comenzará previsiblemente antes de Semana Santa, con el compromiso de la práctica totalidad de trabajadores y organizaciones sindicales hasta que el Gobierno de Canarias «asuma el conflicto y mantenga un compromiso firme para cumplir con un acuerdo judicial conseguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias».
Desde CSIF Canarias, se considera una «falta de respeto» hacia la plantilla y hacia la ciudadanía, el menosprecio que reciben del Gobierno de Canarias con una «situación de precariedad de los servicios esenciales de emergencias que prestan estos profesionales en la Comunidad Autónoma de Canarias y el riesgo que ello puede suponer para las personas».
La plantilla de profesionales pide disculpas anticipadas a los ciudadanos por la posible precariedad en el servicio y han advertido de que, más allá de las mejoras pactadas judicialmente y no cumplidas por parte de la empresa y Gobierno de Canarias, D. Lorenzo Galindo García, presidente del Comité de Empresa y delegado de CSIF Canarias manifiesta que, «nuestra empresa y el servicio que llevamos prestando desde el año 1998, se convirtió en algo vital para la salud y seguridad de los canarios y canarias y de quienes nos visitan, ¿quién no conoce el 1-1-2? Detrás de ese número hay una gran cantidad y calidad de profesionales como gestores de recursos, enfermeros coordinadores, coordinadores multisectoriales, médicos coordinadores, gestores operativos, técnicos, personal administrativo, médicos y enfermeros de helicópteros y avión sanitarizado, etc. que dan respuesta mediante la atención, gestión y coordinación a todas las llamadas que entran por 1-1-2, pero hace un tiempo, se está convirtiendo, por culpa de una gestión política nefasta por intereses partidistas (NC y PSOE son quienes forman nuestro Consejo de Administración), en una empresa sin valor alguno de cara la sociedad, con la frustración de todos los profesionales que sacamos adelante la gestión, coordinación y resolución de las llamadas al teléfono de emergencias 1-1-2 y con las consecuencias que ello ineludiblemente conllevará.
No debemos olvidar que no sólo estamos en el día a día, estamos en las grandes emergencias como incendios forestales, derrumbes, fenómenos meteorológicos adversos como lluvias torrenciales, vientos, y recientemente, hemos estado y estamos, en la actual crisis sanitaria y en la emergencia vulcanológica de La Palma. Pedimos a la sociedad canaria el apoyo y comprensión, sólo queremos que, un derecho que en el año 2012 nos quitaron y que en el año 2014 fue declarado inconstitucional esa medida, ahora, en diciembre de 2021, después de años de trabajo hemos llegado a un acuerdo con nuestra empresa para recuperarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero parece que, por problemas personales y/o partidistas entre NC y PSOE no dan el visto bueno para cumplir con ese acuerdo, le pedimos también públicamente a D. Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, que medie en solucionar esto como máximo responsable de esta empresa y servicio, dado que, parece que, entre D. Julio Pérez (PSOE) y Román Rodríguez (NC) no han hecho lo que deben para cumplir con los derechos de los profesionales de nuestra empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.».
