Santa Cruz de Tenerife.- Desde CSIF Canarias, sindicato mayoritario de las administraciones públicas, tras encabezar las negociaciones en el Gobierno de Canarias y la mayoría de administraciones locales de Canarias, vemos con suma preocupación las plazas identificadas dentro del Servicio Canario de Salud que han de ser objeto de estabilización, más cuando se ha apreciado información contradictoria entre la documentación aportada y el proyecto de Decreto, por lo que entendemos y, así se ha hecho constar “que no se adiciona en su totalidad las plazas de cara a la estabilización y se obvian muchas de las plazas afectadas conforme a lo dispuesto por el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y lo que es peor, no han tenido en cuenta el derecho subjetivo que recoge la DA 8ª de la misma, por el abuso a la temporalidad”.
En la Comisión de la Función Pública del Gobierno de Canarias, celebrado el pasado martes, 24 de mayo, se ha manifestado, por la representación de CSIF- Canarias “los errores tanto detectados en la propuesta de la OPE, que sorprende que se haya suscrito y celebrado como éxito, cuando la realidad es que ni tan siquiera se han preocupado, especialmente desde el Servicio Canario de la Salud, por englobar todas las plazas y personas que tienen el derecho de estabilizarse, perpetuando con ello su actual precariedad laboral”.
Por consiguiente, CSIF-Canarias ha solicitado que sea el propio cuerpo de la propuesta de Decreto el que recoja, expresamente, la salvedad de corrección por errores y omisiones que se puedan detectar, atendiendo a las reclamaciones y alegaciones que puedan presentarse, y así poder ser objeto de su modificación y perfeccionamiento. La posibilidad de equivocarnos es inherente a quienes trabajamos, pero, en igual nivel de correlación, existe obligación de corregir los errores que se detecten.
El sindicato CSIF-Canarias, en su línea de defensa de los derechos de quienes prestan servicio en las distintas administraciones públicas, se ha manifestado en la forma señalada en la Comisión de la Función Pública Canaria, como órgano que debe informar al Gobierno. Por tanto, y a la vista de lo expresado, CSIF-Canarias se ha abstenido, haciendo constar la siguiente salvedad:
“La obligación de reducir la temporalidad es impuesta a las administraciones públicas, pero, los sindicatos hemos adquirido el compromiso de hacer valer el derecho de las empleadas y empleados públicas, que han sido objeto de abuso de temporalidad”.
