Santa Cruz de Tenerife.- El sindicato CSIF-Canarias sindicato mayoritario dentro de las Administraciones Públicas, ha puesto en conocimiento de la Consejería de Economía, Conocimiento de Empleo, la «gravísima situación que atraviesa el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Santa Cruz de Tenerife», el cual, se encuentra sin «el personal mínimo para acometer en tiempo y forma las conciliaciones antes de los procedimientos judiciales y las gestión de servicios básicos como el relativo a las elecciones sindicales. Todo ello sin medios suficientes para dar un servicio mínimo a la ciudadanía de islas no capitalinas como por ejemplo, La Palma».
Desde hace ya varios meses la situación que sufren los trabajadores y trabajadoras del referido organismo es insostenible, con una carga de trabajo que hace que «se desdoble el trabajo de 15 personas en menos de la mitad, sin que tan siquiera se puedan cumplir los plazos procesales en materias tan importantes para los ciudadanos como despidos, derechos a conciliaciones familiares, resolución de conflictos individuales de distinta índole, etc. Desde el Gobierno de Canarias se ha ido desmantelando un organismo que es de vital importancia en el día a día de cualquier persona trabajadora, que sirve para resolver controversias en la vía extrajudicial y que parece importar poco o más bien nada al Gobierno de Canarias».
Javier Galván, máximo responsable dentro de la Comunidad Autónoma Canaria por parte del sindicato independiente, señala que «desde CSIF Canarias y otros sindicatos que, día tras día tenemos que acudir a los servicios que presta el SEMAC en la provincia de Tenerife, lamentamos que el Gobierno de Canarias esté minando cualquier ilusión en el trabajo de las personas trabajadoras que conforman el SEMAC de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, referencia de muchas administraciones». Galván insiste en que «o se toman medidas urgentes con los trabajadores del SEMAC o, la ciudadanía se verá afectada de forma definitiva para solventar los problemas extrajudiciales con sus empresas. Esto supone ineludiblemente, un retraso considerable en años, ya que la parte extrajudicial de cualquier conflicto estará sin personal que pueda dar curso a las demandas, por culpa del actual Gobierno de Canarias y al actual Consejero responsable».
