Santa Cruz de Tenerife.- El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, ha puesto de manifiesto hoy, durante su intervención en la Comisión de la Cámara regional, las presuntas irregularidades que se han producido en las oposiciones para acceder al Cuerpo General de la Policía Canaria, por lo que pide a la Consejería de Administraciones Públicas que atienda las quejas de los opositores y determine si ha existido o no una vulneración de derechos en las pruebas.
Fernández de la Puente recuerda que la convocatoria a dicho proceso selectivo se llevó a cabo en julio de 2020, realizándose el primer examen en marzo del siguiente año. “Tras él hubo dos repeticiones de exámenes, recursos, incidentes, impugnaciones y rectificaciones que no han hecho sino dejar en entredicho las garantías de la oposición al Cuerpo General de la Policía Canaria”, apunta.
Durante dicho proceso, ocho personas recurrieron la lista definitiva de aprobados al considerar que se habían vulnerado sus derechos al modificar las calificaciones provisionales tras la impugnación de la prueba psicotécnica. “Las pruebas se repitieron, pero solo para los no aptos, lo que supone una vulneración del principio de igualdad, al no darle la opción a todos los opositores de presentarse a la repetición de dicha prueba”, expone Fernández de la Puente.
Todas estas modificaciones han dado como resultado que dichas oposiciones hayan estado inmersas en la polémica y que la respuesta de la Dirección General de Función Pública al recurso administrativo de alzada presentado por los opositores afectados haya sido que “se ocasionaría un grave daño al interés general la paralización de la continuidad de este proceso selectivo”.
Para el diputado liberal, “si bien es cierto que es necesario concluir el proceso selectivo para dotar de más efectivos a la Policía Canaria, es sumamente importante que este proceso se lleve a cabo siguiendo los máximos criterios de transparencia y calidad y, sobre todo, dejando claro si ha existido o no algún tipo de vulneración de derechos de los participantes en las oposiciones”.
