Santa Cruz de Tenerife.- El portavoz y diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, muestra su apoyo al sector pesquero del Archipiélago, afectado por el reparto de la cuota del atún que establece el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y demanda una distribución más justa.
Fernández de la Puente asegura que las cuotas asignadas a Canarias son claramente “insuficientes” y deberían ser incrementadas ya que, en la campaña de 2021, la flota atunera solo pudo acceder a 223 toneladas de atún entre 202 barcos artesanales polivalentes, frente a las 2.198 toneladas que se asignaron a los 35 buques cañeros.
El diputado regional critica que el Estado esté perjudicando a los pescadores canarios, que llevan a cabo una pesca tradicional, en beneficio de los buques industriales cerqueros que operan en las costas africanas. En este sentido, se une a la reclamación de la Federación Provincial de Cofradías de Santa Cruz de Tenerife, la cual en fecha reciente ha alertado de la crisis del sector, seriamente afectado por la caída en la campaña de túnidos y los efectos de la pandemia en las ventas.
Desde Ciudadanos en el Parlamento de Canarias apuestan por una pesca sostenible y tradicional, como la que se lleva a cabo en el Archipiélago. Así mismo, Fernández de la Puente recuerda que el reglamento para el cumplimiento de las normas de la Política Pesquera Común Europea señala que en el reparto de la cuota de pesca deben primar criterios de carácter medioambiental, social y económico. “Estos criterios los cumplen las flotas pesqueras canarias y, sin embargo, se están viendo perjudicadas por una decisión que nada tiene que ver con cuestiones sostenibles”, apunta.
El diputado regional recuerda que alrededor de 1.200 familias dependen directamente de la actividad pesquera en Canarias, por lo que considera que las administraciones públicas deben de poner de su parte para apoyar un sector que se ha visto gravemente perjudicado en los últimos años.
Aguas canarias
El diputado liberal critica también que el Estado permita que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) siga considerando como costa marroquí las aguas canarias a siete millas de Fuerteventura. En este sentido, resalta la importancia de mantener las denominaciones correctas para evitar cualquier posible confusión en el sector pesquero, a pesar de que desde la Administración estatal hayan dejado claro que se trata de una nomenclatura para simples efectos estadísticos y que no afecta sobre la soberanía de las aguas.