SUMARIO:
- Nuevas contrataciones para reducir las listas de espera en discapacidad.
- Canarias exige al Estado un proyecto de ley que permita participar en las decisiones sobre los aeropuertos canarios.
- De León insta a los Ayuntamientos a resolver la situación del uso residencial en las zonas turísticas.
- Barreto pide que la modificación legislativa para la tutela de los menores no se convierta en una batalla política.
Nuevas contrataciones para reducir las listas de espera en discapacidad
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, intervino este martes en el Parlamento canario para exponer las acciones que su departamento ha adoptado para agilizar la lista de espera de las personas que solicitan valorar su grado de discapacidad. Además de las contrataciones de diez médicas nuevas, la nueva Dirección General de Discapacidad ha solicitado la contratación de personal valorador, ha decidido encomendar a los Cabildos Insulares la emisión de informes médicos, psicológicos y sociales, y se está trabajando en el desarrollo de los aplicativos que dan soporte al procedimiento.
“Cuando el actual equipo de Gobierno asumió la gestión en materia de discapacidad nos encontramos con una lista de espera que ronda los 30.000 expedientes. Este motivo, entre otros fue el que nos llevó a considerar la necesidad de crear una dirección General específica para acometer este reto”, argumentó la consejera.
Candelaria Delgado adujo que “la carencia crónica de personal valorador, la nefasta digitalización de la gestión” así como las restricciones derivadas de la pandemia, y la entrada en vigor del RD 888/2022 que estableció un nuevo procedimiento de valoración, fueron los factores que provocaron en el apasdado “la demora tan importante en el reconocimiento del grado de discapacidad”.
Nuevas contrataciones
En cuanto a las nuevas contrataciones, la consejera detalló que con la finalidad de dar solución al “problema más grave” de falta de personal en estos seis primeros meses, ya se han contratado a diez médicas, seis en el Centro Base de Gran Canaria y cuatro en el de Tenerife, que han permitido complementar y aumentar los Equipos Multiprofesionales que se ocupan de las valoraciones. “Seis de ellas fueron cedidos en Comisión de Servicio por el Servicio Canario de la Salud y las otras cuatro se han incorporado a plazas vacantes que existían en Gran Canaria y en Tenerife”.
Con las nuevas contrataciones, la Dirección General de Discapacidad ha pasado de contar con 15 médicas y médicos en todas las Islas a 25, de tal modo que, para atender las solicitudes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, hay 11 médicas y médicos, nueve en Tenerife y dos en La Palma, y en la provincia de Las Palmas, 14, dos en Lanzarote, uno en Fuerteventura y once en Gran Canaria.
Además, desde la nueva Dirección General se ha solicitado a FUCAS (Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social) la contratación de más personal valorador que permita crear cinco nuevos equipos multiprofesionales adicionales completos. Cada uno de estos equipos está integrado por personal médico, psicológico y de trabajo social.
La consejera concretó que dos de estos nuevos equipos estarían en Tenerife, otros dos en Gran Canaria y uno en Fuerteventura.
Además de valorar la discapacidad, cada equipo valorador debe informar sobre las reclamaciones previas interpuestas contra las resoluciones de grado, asistir a vistas judiciales y elaborar informes sobre materias diversas relacionadas con la discapacidad: capacidades funcionales, acceso a función pública, adaptación del puesto de trabajo, etcétera.
Encomiendas de gestión a los cabildos
Otra de las medidas expuesta por la consejera fue la de encomendar a los Cabildos Insulares, mediante el establecimiento de nuevos convenios, la emisión de informes médicos, psicológicos y sociales que den soporte a los Centros de Valoración de la Discapacidad.
En este sentido expuso que ya se ha renovado la encomienda a los Cabildos de Fuerteventura y La Palma, incrementando el personal que participa en los mismos para este año 2024, y se plantea también suscribir nuevos convenios con los Cabildos de La Gomera y El Hierro para iniciar la valoración en esos territorios; también con los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife, lo que permitirá crear nuevos equipos por el territorio, en función de la población, así como la suscripción del convenio con el Cabildo de Lanzarote para reforzar la capacidad de la actual unidad de valoración de Arrecife, con el refuerzo de los dos equipos existentes.
Nuevos aplicativos
Por último, Candelaria Delgado adelantó que también se está trabajando en el desarrollo de los aplicativos que dan soporte al procedimiento. “Cuando llegamos comprobamos que cada centro de valoración de la discapacidad utilizaba sus propios protocolos y criterios por lo que es imprescindible organizar el trabajo en torno a un sistema de información que lo estructure y actúe como guía del mismo, y que permita integrar toda la información del sistema, incluyendo agentes externos vinculados a la materia”.
Canarias exige al Estado un proyecto de ley que permita participar en las decisiones sobre los aeropuertos canarios
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha insistido hoy en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo regional exigirá de forma firme al Estado la adopción de un proyecto de ley que establezca un marco legal para poder participar en la planificación, programación y gestión y en las decisiones que se adopten sobre el establecimiento de tasas, precios públicos o prestaciones públicas patrimoniales que afecten a los aeropuertos canarios.
El consejero ha resaltado durante su intervención en la Cámara que “impulsar esta iniciativa es fundamental, un acto suficientemente estratégico, determinante y clave para Canarias como para insistir y persistir en que necesitamos que se desarrolle”.
“El artículo 161 de nuestro Estatuto de Autonomía reconoce nuestro derecho de participación en las decisiones que afecten a la planificación, programación y gestión de los aeropuertos canarios; sin embargo, el Gobierno de España no nos ha consultado en ningún momento su decisión de incrementar las tarifas ni se ha interesado por conocer nuestro parecer al respecto o las consecuencias que dicho aumento podía suponer”, ha explicado Rodríguez.
Asimismo, el consejero ha recalcado que “nuestra condición de región ultraperiférica debería ser motivo suficiente para que se nos tenga en cuenta de manera prioritaria en decisiones que afecten a nuestra conectividad”.
Para concluir, Pablo Rodríguez ha lamentado que el Gobierno de España “haya hecho caso omiso” a las reiteradas peticiones para convocar una comisión bilateral en la que abordar este asunto.
De León insta a los Ayuntamientos a resolver la situación del uso residencial en las zonas turísticas
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha pedido este martes a los Ayuntamientos adaptar la especialización de usos del suelo, cuando ya está consolidado y no requiere de transformación urbanística, para resolver la situación en la que se encuentran los propietarios que destinan sus apartamentos turísticos a un uso residencial.
Durante su intervención en el pleno del Parlamento de Canarias, De León remarcó que las corporaciones locales son las que tienen competencias sobre el planeamiento urbanístico, y no el Gobierno autonómico ni sus servicios de inspección.
Al respecto, aclaró que «las sanciones se han interpuesto en estricto cumplimiento de la ley porque nunca se ha desarrollado el principio de especialización de usos, a pesar de que la norma está vigente desde 2003, se volvió a recoger diez años más tarde en la ley 2/2013 y se consolidó en la Ley del Suelo y Espacios Protegidos de Canarias».
De León señaló que «ordenar la Canarias que nos hemos encontrado requiere tiempo, paciencia y altas dosis de valentía». «Queremos una Canarias en la que se ordene atendiendo a la situación actual, pero también donde se cumplan las leyes», subrayó.
Por ese motivo, la Consejería acometerá en esta legislatura la renovación del bloque normativo. Sin embargo, insistió, en que «esto sólo podrá lograrse si todo el mundo cumple sus competencias: nosotros la legislativa y los municipios la especialización de los usos de las parcelas».
Con ese objetivo, De León apuntó que, además de con la Plataforma de afectados por la Ley Turística, se ha reunido con los alcaldes de los municipios, con el fin de estudiar fórmulas que ayuden a atajar este problema. Entre las propuestas planteadas, el Gobierno autonómico ha solicitado a los alcaldes que tramiten la especialización de las parcelas en los casos donde el uso residencial sea reconocido por los Ayuntamientos.
«Incoar dichos expedientes, ya sea a través de una ordenanza provisional o de modificaciones puntuales de los planes generales, nos podría permitir paralizar de forma cautelar los procedimientos sancionadores iniciados con respeto a la legalidad vigente», concluyó.
Barreto pide que la modificación legislativa para la tutela de los menores no se convierta en una batalla política
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, demandó hoy en sede parlamentaria que la modifcación legislativa que plantea Canarias para que el Estado asuma la tutela de los menores migrantes no acompañados no se convierta en una batalla política, “porque no se estaría a la altura de la empatía y la solidaridad que siempre ha demostrado la sociedad canaria”.
Nieves Lady Barreto defendió una gestión integral del drama migratorio y que los cambios legislativos se afronten con urgencia y sin dilación.
La consejera indicó que el Gobierno de Canarias ha adelantado el trabajo y pondrá este lunes sobre la mesa una propuesta con las modificaciones legislativas, además del consenso con la mayoría de los grupos políticos del Parlamento de Canarias. En este sentido, la consejera señaló que el Gobierno apuesta por la modificación del Código Civil vía decreto ley y su convalidación en el Congreso de los Diputados.
Con respecto a la situación acutal, Nieves Lady Barreto advirtió que Canarias está al límite de su capacidad con 5.500 menores acogidos en 72 centros, duplicando los 33 que contábamos al inicio de la legislatura y que la situacón es crítica. “No demandamos más dinero para abrir nuevos centros en las islas, sino una solución responsable del Estado y del resto de comunidades autónomas”. Para la consejera la respuesta debe ser “definitiva y justa a un fenómeno migratorio que ha venido para quedarse, pero no en Canarias, sino en España y en Europa, porque somos la frontera sur”.
Barreto informó que el acuerdo del mes de octubre para el reparto de 347 menores solo ha encontrado el respaldo de cuatro comunidades, Cantabria, Aragón, Madrid y Galicia, lo que es claramente insuficiente cuando se habla de miles de niños y niñas a los que hay que garantizar sus derechos. “Es un asunto de Estado y necesita una solución de Estado, ya que la solidaridad ha fracasado», indicó
En relación a la necesidad de articular medidas en origen, la consejera manifestó que el Gobierno espera y desea que la visita que realizará esta semana a Mauritania la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el presidente Sánchez y la ayuda anunciada contribuya a a desarrollar políticas de desarrollo que frenen en parte la migración, al mismo tiempo que señaló que este encuentro demuestra la gravedad de la situación.
