El Instituto Canario de la Vivienda también está abordando, junto al Cabildo, la cesión de parcelas en los municipios de Yaiza y Arrecife
Santa Cruz de Tenerife. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado esta mañana, durante la celebración de una Comisión parlamentaria, sobre el conjunto de medidas en las que trabaja su departamento para atajar el problema de acceso a la vivienda que hay actualmente en la isla de Lanzarote, en la que ya está programada la construcción de 440 viviendas, que se verá reforzada por otras herramientas puestas en marcha en esta legislatura para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía canaria.
“Somos plenamente conscientes de la situación de emergencia habitacional de Canarias, y especialmente de la isla de Lanzarote, donde hay más de 1.800 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda. Por eso, ya en octubre del año pasado aprobamos un Plan de choque, con un enfoque integral, para responder a las necesidades de los ciudadanos y, como ya he anunciado, aprobaremos también un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, además de proceder a la modificación del decreto que regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública para simplificar el procedimiento.”, ha explicado el consejero.
Rodríguez ha detallado que de las 440 viviendas planificadas en la isla, 134 ya están en ejecución con un plazo de finalización estimado para 2025; 67 están en fase de aprobación para la licitación de las obras; 166 están en fase de licitación de los proyectos y, además, el Instituto Canario de la Vivienda está tramitando con el Cabildo insular la cesión de parcelas en los municipios de Yaiza y Arrecife para la construcción del resto.
Durante su intervención, el consejero ha señalado que el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda contiene dos importantes grupos de medidas: unas destinadas a incrementar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda y otras, implementadas para promover, impulsar y facilitar la construcción de viviendas protegidas.
La norma también incluye una serie de mandatos que responden al objetivo de aplicación directa y simplificación procedimental, como la reducción de seis a tres meses en la declaración de urgencia a los efectos de reducir los plazos en el cumplimiento de trámites y procedimientos administrativos, o la declaración de utilidad pública e interés social de los proyectos de construcción de viviendas de promoción pública a efectos expropiatorios, entre otros.
“Con todas estas medidas en marcha, y otras en las que ya estamos trabajando, tenemos la convicción de que vamos a poder atajar esta crisis habitacional y dar respuesta a la necesidad, no solo actual sino también futura, de la sociedad canaria”, ha asegurado Pablo Rodríguez.
