Santa Cruz de Tenerife.- La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento y vicepresidenta primera de la Mesa, Esther González, confirmó hoy que el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el segundo recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento contra las instituciones del Estado por la vulneración de los procedimientos del Estatuto y la Constitución sobre las reformas del Régimen Económico y Fiscal (REF), relativas a la rebaja unilateral del diferencial fiscal de las producciones audiovisuales de las islas un 80% superior al vigente en el resto del territorio del Estado.
La parlamentaria de NC recordó que, el pasado 3 de septiembre, el pleno de la Cámara por unanimidad decidió presentar sendas demandas ante el Constitucional contra una ley de las Cortes Generales y un real decreto ley del Ejecutivo estatal.
El alto tribunal, el pasado 5 de noviembre, decidió tramitar el recurso contra una disposición de la ley de medidas contra el fraude fiscal de las Cortes Generales y ahora, añadió la parlamentaria de Nueva Canarias, el TC ha tomado la misma decisión con respecto al real decreto ley sobre la fiscalidad energética.
Tras recordar que la cuestión de fondo, el diferencial en la deducción por inversión en producciones cinematográficas realizadas en Canarias, se solventó gracias a un acuerdo entre NC y el PSOE para corregir el incumplimiento a través de una enmienda a una ley cultural, Esther González mantuvo que no eximió al Legislativo canario de adoptar todas las medidas posibles para «salvaguardar nuestros derechos y para que se respetaran» los procedimientos amparados en el Estatuto y la Constitución sobre el REF.
«No nos quedamos quietos ante el desprecio y el ninguneo» de las instituciones estatales con Canarias y «empezamos a ver» los resultados, subrayó la dirigente del grupo nacionalista progresista. Primero, continuó, porque el Tribunal Constitucional ve motivos para analizar las dos demandas. Segundo porque la Abogacía del Estado ha solicitado una prórroga para presentar las alegaciones, lo que para la vicepresidenta primera de la Mesa indica la «solidez» de los recursos de inconstitucionalidad.
En tercer lugar, precisó, porque las Cortes Generales y el Ministerio de Hacienda «ya han asumido que están obligados» a solicitar el informe preceptivo del Parlamento antes de proceder a modificar el Régimen Económico y Fiscal (REF). Un procedimiento que se ha cumplido, aseguró Esther González, con el pleno extraordinario del pasado lunes que se pronunció, de forma favorable, al real decreto ley que amplía el periodo de inscripción de la Zona Especial Canaria (ZEC) y las inversiones anticipadas de la Reserva de Inversiones (RIC) hasta el 31 de diciembre de 2023.
Previamente, el pasado 21 de diciembre, momento en el que el Parlamento emitió un informe positivo a la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que recoge la exclusión de Canarias de la tributación mínima del 15% del impuesto de Sociedades gracias al acuerdo alcanzado, en el Congreso de los Diputados, por NC con los socialistas, tal y como detalló Esther González.
