Santa Cruz de Tenerife.- El Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, dejó casi cerrado esta tarde, en una reunión en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Reactiva Canarias) por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 en los sectores sanitario y socioeconómico, lo que logró con las administraciones públicas, partidos políticos y agentes económicos y sociales que suscribieron el pasado 30 de mayo el Pacto que da origen a ese amplio conjunto de ejes y medidas, con partidas ya fijas y específicas para este 2020 que suman un total de 1.425 millones de euros. Esta cifra forma parte de un global presupuestario para ese mismo año de 18.536 millones (la suma de todas las aportaciones de las administraciones públicas y de los agentes privados en 2020).
Con esa iniciativa se pretende que los efectos del coronavirus sean los menores posibles en las Islas, región marcada por el peso del sector turístico, a la vez que garantizar y fortalecer el Estado de Bienestar, para lo que se plantea recuperar cuanto antes la actividad económica principal y el empleo, readaptar el modelo productivo poco a poco a las nuevas tecnologías y la sostenibilidad, y conseguir que “nadie se quede atrás”, por lo que se da prioridad a los sectores más vulnerables.
Como remarcó el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, tras la reunión, esos 1.425 millones adicionales o específicos para este ejercicio de 2020, que compensarán la merma de ingresos por la pandemia, se diferencian de los cálculos solo orientativos para el periodo 2021-23, fijados en unos 4.300 millones (la suma de ambos alcanza los 5.725 millones). Además, sumada la primera cantidad (1.425 millones) al presupuesto regional, las aportaciones de otras administraciones públicas y del sector privado, la cifra para este 2020 alcanza los 18.536 millones, cumpliéndose así las previsiones indicadas a los firmantes del Pacto durante el mes de mayo. Por ello, como explicó Olivera, “no cabe hablar de recortes”.
En declaraciones a los medios, el viceconsejero destacó la buena acogida al borrador del Plan entregado a los firmantes el pasado jueves, la labor de coordinación del Gobierno, reconocida por los participantes, y sobre todo el “trabajo colectivo” desarrollado. “Esa era -expuso- una de las principales virtudes del documento: la unidad y los puntos de encuentro frente a las discrepancias que suelen ser habituales y legítimas en otros ámbitos”.
A su juicio, ha habido “generosidad” por las entidades firmantes, aparte de que el Gobierno sigue confiando en que se sumen al Plan otros partidos que se han quedado fuera (PP y Cs) y que esto se haga durante el proceso parlamentario. Según recalcó el viceconsejero, todos los participantes comprendieron en la cita de hoy la diferencia entre la ficha financiera específica para 2020 (1.425 millones), los cálculos de 2021 a 2023 (4.300 millones) y el conjunto global de partidas de todo el sector público y del privado para el año en curso (2020), los reseñados 18.536 millones.
Olivera insistió en que no se pueden conocer aún los ingresos desde 2021 en adelante por las incertidumbres existentes, pero sí las acciones generales de inversión y el gasto previsible a realizar en ese trienio. En su opinión, “la fortaleza es tener este Plan, pues así contaremos con más fuerza para lograr los ingresos necesarios para realizar las inversiones proyectadas”.
El Plan, nacido precisamente en busca del mayor consenso, realismo y fiscalización posible, lo apoyan la Federación de Cabildos (Fecai), los 88 municipios canarios (mediante la Fecam), las organizaciones empresariales CEOE y CCE, las cámaras de comercio, los sindicatos UGT y CCOO, los colegios profesionales de Trabajo Social, los agentes del Tercer Sector y el 80% de los diputados del Parlamento (PSOE, CC-PNC, NC, Sí Podemos y ASG).
Tras la reunión de esta tarde, que completa numerosas citas de trabajo y borradores previos y en la que los firmantes han hecho nuevas aportaciones, el objetivo pasa por realizar otros encuentros pormenorizados con cada organización firmante para preparar el documento que se aprobará presumiblemente en el Consejo del próximo 1 de octubre. Luego, se elevará para su debate a la Cámara regional.
