Santa Cruz de Tenerife.- El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, intervendrá el lunes, a partir de las 15.50 (hora canaria), en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo.
El jefe del Ejecutivo canario participará en la sesión titulada Exchange of views on the current situation in Western Mediterranean and the Canary islands de forma telemática y desde la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria. Esta sesión se iba a desarrollar presencialmente en Bruselas. Sin embargo, las últimas restricciones activadas en esa región para el control de la pandemia impiden la visita y el desarrollo de la agenda prevista por el presidente en la capital comunitaria.
En esta sesión de la Comisión, intervendrá la comisaria de Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Ylva Johansson.
Torres, en su análisis, profundizará en las consecuencias y las soluciones del fenómeno migratorio, que en el año 2020 experimentó un repunte en la ruta atlántica (desde África a Canarias). El presidente de Canarias defenderá una política común que implique la corresponsabilidad de los 27 países miembros en la gestión migratoria y mostrará su desacuerdo con el texto propuesto por la Comisión Europea para un nuevo Pacto de Asilo y Migración porque “descarga toda la responsabilidad en los territorios que son frontera exterior y es laxo con los países que no sufren esa presión migratoria”. Torres insiste en que esa propuesta de la Comisión “limita a una cuestión de voluntariedad o solidaridad a la carta la implicación de todos los países miembros”.
El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de la oferta de empleo de 1.232 plazas sanitarias
El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el proyecto de decreto por el que se resuelve el recurso potestativo de reposición contra el Decreto 133/2020, de 23 de diciembre, por el que se aprobó una oferta de empleo público de 1.232 plazas de personal estatutario del Servicio Canario de la Salud.
El recurso fue presentado el 27 de enero de 2020 para solicitar la nulidad del decreto, alegando que la Administración no puede proceder a convocar, por medio del sistema de acceso libre y concurso-oposición, las plazas reclamadas por el colectivo de Facultativos Especialistas de Área en situación de abuso de temporalidad, entre otros motivos alegados por los recurrentes.
Por su parte, la Dirección General de Recursos Humanos del SCS emitió un extenso informe el 19 de febrero de 2021 con propuesta de resolución desestimatoria, en el que concluye que la situación de abuso de temporalidad debe ser declarada, caso a caso, por una autoridad judicial nacional y no de manera unilateral y que, vista la legalidad y doctrina jurisprudencial existente en el ordenamiento jurídico español, no se aprecia causa de nulidad de pleno derecho del Decreto 133/2020.
A la vista de esta propuesta de resolución desestimatoria, la Consejería de Sanidad cursó un informe de iniciativa dirigido a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para la adopción del acuerdo de aprobación del proyecto de decreto que resuelve la situación planteada, tal y como se ha producido en la sesión de hoy.
De este modo, el Decreto 133/2020 permanece vigente con la finalidad de convocar los procesos selectivos para la estabilización de 1.232 plazas del SCS, de las que 330 son de facultativo especialistas de área, 449 de enfermería, 112 del grupo auxiliar administrativo de la función pública, 213 de enfermería y 128 de celador.
El Consejo autoriza los convenios entre la Agencia Tributaria Canaria y los ayuntamientos de El Paso y Tijarafe para el cobro en vía ejecutiva
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 25 de febrero, la suscripción de sendos convenios entre la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y los ayuntamientos de El Paso y Tijarafe, en La Palma, para la prestación del servicio de recaudación en vía ejecutiva de los tributos y otros ingresos de derecho público que les correspondan.
Con la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y del Decreto 11/2019, por el que se regula la actividad convencional del Gobierno de Canarias, se hace obligatorio renovar todos los convenios suscritos en dicha materia para adaptarlos a la nueva normativa.
A semejanza de anteriores convenios, la vigencia se retrotrae al día 1 de enero de 2019, fecha en la que se actualizaron las tarifas que percibe la sociedad mercantil pública Gestión Recaudatoria de Canarias (Grecasa), adscrita a la Consejería de Hacienda, por la prestación de este tipo de servicios, siendo las nuevas condiciones -el pago de un determinado porcentaje sobre las cantidades recaudadas- más favorables para los ayuntamientos.
A este respecto, cabe señalar que la prestación de servicios de cobro en vía ejecutiva se viene realizando por parte de Grecasa desde el año 1995, aplicándose desde el 1 de enero de 2019 nuevos porcentajes a abonar por la ATC, más favorables que los precedentes, por lo que no imposibilita la retroactividad de los convenios.
En este sentido, los ayuntamientos de El Paso y Tijarafe deberán abonar mensualmente a la ATC una cantidad determinada idéntica a la de los demás convenios de esas características.
El Consejo establece un turno rotatorio para la designación del vocal representante de las Cámaras de Comercio en la Autoridad Portuaria de Las Palmas
El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el método de designación de un único vocal, representante de las tres Cámaras de Comercio de la provincia de Las Palmas, en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Este único vocal representará a las tres cámaras, seguirá un turno rotatorio y el periodo de duración del mandato se calculará según el porcentaje de empresas con relevancia en el sector portuario y de la navegación de esas islas.
Así, se ha designado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria a José Sánchez Tinoco, a quien le corresponde un periodo de duración de mandato de cuarenta y un meses.
A la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Lanzarote y La Graciosa, una vez finalizado el periodo de mandato de Gran Canaria, le corresponderá designar al vocal que representará a las tres Cámaras en el Consejo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que recaerá en José Torres Fuentes, a quien le corresponde un periodo de mandato de siete meses.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Fuerteventura no tendrá por el momento participación en este turno rotatorio en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, al no haber remitido certificación plenaria que acredite la existencia de acuerdo por parte de su máximo órgano de gobierno al respecto de su candidato.
En este sentido, la propuesta de esta última no puede ser tenida en cuenta a efectos del reparto rotatorio de los respectivos representantes de cada cámara por lo que el turno rotatorio se circunscribe a los representantes de la Cámara de Gran Canaria y de la Cámara de Lanzarote y La Graciosa. Así, para la grancanaria, con un número de empresas que asciende a 215, se establece un periodo de duración del mandato de 41 meses, y la de Lanzarote y La Graciosa, con 38 empresas, de siete meses.
El Ejecutivo de Canarias destina más de 68.500 euros al Cabildo de La Palma para la gestión de la valoración del grado de discapacidad
El Consejo del Gobierno ha autorizado la suscripción de un convenio entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y el Cabildo Insular de La Palma por el cual se encomienda a la entidad insular la gestión de la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen de reconocimiento del grado de discapacidad, por un importe que asciende a 68.546,67 euros.
Con la suscripción de este acuerdo, se da continuidad al alcanzado en 2016 entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo insular de La Palma, que se ha ido renovando hasta la firma de este nuevo acuerdo, con fecha de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.
Con este convenio, se encomienda al Cabildo Insular de La Palma la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del grado de discapacidad de las personas que así lo precisen, con residencia en la isla de La Palma.
La financiación del convenio contempla dar continuidad al equipo de cuatro especialistas (médico, psicólogo, trabajador social y administrativo) para realizar esos informes necesarios para el dictamen de reconocimiento de discapacidad, con carácter previo a formulación de dictámenes por el equipo de valoración y orientación (EVO) de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Las labores se realizarán bajo la dirección de la persona responsable de la dirección del Centro de Valoración de la Discapacidad de Santa Cruz de Tenerife, adscrito a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, que actuará como responsable de la coordinación, supervisión y control de los trabajos previstos en el citado acuerdo de encomienda de gestión.
