Rodríguez plantea avanzar hacia un nuevo sistema pactado «entre todos, transparente, equitativo, justo y respetuoso con el REF»
Las Palmas de Gran Canaria.
Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista destacan que, en el caso de que se lleve a cabo una condonación de la deuda de las nacionalidades y regiones, a Canarias le corresponderán 4.400 millones de euros, como señalan distintos estudios. Para Román Rodríguez ésta manera de abordar la financiación de las comunidades es un «auténtico parche a un asunto de enorme calado y complejidad». Además, según expuso, resulta «escasamente equitativa y no reconoce el esfuerzo» realizado por algunas comunidades en la contención del gasto o en la aplicación de políticas fiscales. «Lo que se precisa es un sistema estable, equilibrado y justo», aseguró.
Desde un primer momento del debate, Rodríguez señaló que, de llevarse finalmente a cabo la quita, debería extenderse al «conjunto» de las nacionalidades y regiones, y «no sólo debe afectar» al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sino «también a la deuda suscrita con los bancos». Asimismo, observó Román Rodríguez, debe tener en cuenta el esfuerzo realizado por cada comunidad en la contención del gasto o en la aplicación de políticas fiscales. Resaltó que «hacerlo, de forma bilateral y lineal, resultaría completamente injusto».
Riguroso, objetivable y justo
Proponiendo el establecimiento de una mesa de trabajo específica, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para buscar un mecanismo «riguroso, objetivable, medible y justo» para la condonación que, ayudando a las comunidades autónomas con elevada deuda, «tenga en cuenta también a las que no hemos llegado a esos niveles» ajustando gasto, como se hizo en Canarias entre los años 2012 y 2014, o aumentando impuestos, como ocurrió en las Islas en 2012.
Para Román Rodríguez, resulta muy llamativo que este asunto de la condonación de la deuda, de «enorme trascendencia, no merezca ni una sola línea» en el acuerdo de investidura entre PSOE y CC, pese a que, en ese momento, ya estaba en el máximo nivel de atención política y mediática.
El presidente de NC-bc recordó que Canarias es el territorio con endeudamiento «más bajo» por habitante (2.873 euros frente a la media española de unos 6.000 euros) y la tercera más baja en cuanto al Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, con un 13,8% frente la media al 23,6 % de la media de las comunidades autónomas a 31 de diciembre de 2022.
En ese momento la comunidad canaria tenía 6.474 millones de euros de deuda. En préstamos con entidades financieras privadas, explicó, 4.436 millones (68%). En valores, según precisó, 750 millones de euros (12,0%) y en el Fondo de Financiación de las comunidades 1.288 millones de euros (20,0%).
Según un estudio del Observatorio de Derecho Público de la Universitat de Barcelona, presentado recientemente en el Senado, las comunidades con mayor deuda per cápita, tal y como refirió Rodríguez, son Cataluña (10.981 euros por habitante), Comunidad Valenciana (10.810) y Baleares (7.530). Las menos endeudadas, prosiguió el responsable del canarismo progresista, en una lista que encabeza Canarias, la única situada por debajo de los 3.000 euros por habitante; son Asturias (4.199), Andalucía (4.433), Galicia (4.477) y Navarra (4.796). La media de las comunidades es de 6.091 euros per cápita.
Financiación a la carta
Román Rodríguez afirmó que, aplicando el mismo criterio que a Cataluña, una reducción de 1.980 euros por habitante; a Canarias, con algo más de 2,24 millones de habitantes en 2021, «le correspondería una quita de 4.385 millones de euros, como hemos venido reclamando desde NC-bc y como concluye el estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) recientemente publicado».
«NC-bc no comparte que se resuelva este relevante tema mediante una salida parcial, como la condonación, una especie de financiación a la carta para resolver los problemas de algunas comunidades que distorsiona el sistema», denunció Rodríguez. Planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema, «pactado entre todos, transparente, equitativo y justo; además de respetuoso con la separación de los recursos fiscales del REF, como señala nuestro Estatuto de 2018».
En caso de abordarse un debate sobre el nuevo modelo de financiación, NC-bc considera que, respecto a los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto y que, por tanto, se hace necesario trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada.
Además de exigir que, en relación a la insularidad, ésta no pueda sufrir una disminución en una futura reforma. «La participación de Canarias en la población ajustada a través de la insularidad debe incrementarse, dado que la contribución de esta variable es significativamente inferior a los costes de los servicios públicos que se prestan en los ocho territorios canarios poblados», concluyó Román Rodríguez.
