El Claustro de la Universidad de La Laguna rechaza de manera contundente la propuesta de ley que modifica las funciones de los consejos sociales
San Cristóbal de La Laguna.- El Claustro de la Universidad de La Laguna (ULL) expresó hoy su rechazo frontal a la propuesta de ley autonómica que busca modificar las funciones de los consejos sociales de las universidades. Durante una sesión ordinaria celebrada el 15 de octubre, los representantes de la comunidad universitaria coincidieron en que esta propuesta supone una amenaza directa a la autonomía de las universidades, al otorgar al Consejo Social competencias que, según ellos, exceden lo permitido por la Ley Orgánica. del Sistema Universitario (LOSU).
El secretario general de la ULL, José Antonio García, fue el encargado de presentar el informe inicial sobre este asunto. García explicó que, aunque la admisión a trámite de la propuesta de ley fue apoyada por la mayoría de los grupos parlamentarios canarios, salvo Vox, la normativa en cuestión otorga al Consejo Social una injerencia desmedida en la gestión de la universidad. «A nadie se le ocurriría que una norma autonómica pueda imponer un modo de gobierno a las universidades, porque no tiene competencias para ello», señaló.
Uno de los puntos más polémicos de la propuesta legislativa es que reconoce una capacidad contractual al Consejo Social, lo que cuestiona la personalidad jurídica única de la universidad, la cual tiene la capacidad exclusiva para contratar. Además, el proyecto mediatiza la labor del Consejo de Gobierno universitario, ya que establece que muchas decisiones deben contar con el visto bueno previo del Consejo Social, lo que, según García, ralentizaría la toma de decisiones en la universidad.
Otra preocupación manifestada por el Claustro es que la propuesta permitiría al Consejo Social intervenir en la gestión económica de la universidad más allá de lo permitido por la LOSU. El secretario general advirtió que este texto no solo ampliaría las competencias del Consejo Social en temas financieros, sino que también le otorgaría poder para aprobar los precios públicos de diversas actividades de la universidad. «Esto se convertiría al Consejo Social en un órgano paralelo a la propia universidad», concluyó García.
El rector de la ULL, Francisco García, también intervino en la sesión, destacando que la autonomía universitaria es «un espacio de libertad y neutralidad frente a los poderes económicos», y que esta propuesta legislativa pone en riesgo esa autonomía. Subrayó que uno de los aspectos clave de la autonomía universitaria es la autonomía financiera, un aspecto que aún no se ha consolidado en Canarias, donde las universidades no han alcanzado el nivel de financiación del 1% del PIB, como recoge la LOSU.
Los grupos claustrales presentes en la sesión también criticaron la propuesta de ley. Libertad Estudiantil expresó su preocupación, afirmando que «la autonomía universitaria no se negocia» y que los derechos de la comunidad universitaria no pueden ser arrebatados. Por su parte, la Asociación Canaria de Estudiantes (ACE) destacó que la autonomía universitaria es lo que permite el pensamiento crítico y la independencia institucional, y advirtió sobre los riesgos de introducir agentes externos en la gobernanza universitaria.
Los profesores también manifestaron su descontento con la propuesta. La Red de Participación Universitaria y Renovación Convergente señaló que el texto es una oportunidad perdida para mejorar la financiación de las universidades y su integración con la sociedad. «Los consejos sociales no han cumplido con su misión desde su creación, y esta propuesta solo agrava la situación al invadir la autonomía universitaria», afirmaron.
El Claustro también debatió sobre una posible reforma estatutaria para adaptar la normativa interna de la ULL a la LOSU. Aunque se presentó un borrador de anteproyecto para iniciar este proceso, no se alcanzó la mayoría cualificada necesaria para proceder. Dado que el Claustro celebrará elecciones en breve, se decidió esperar a que el nuevo órgano se constituya para abordar esta reforma, que deberá completarse antes de abril de 2026.
En resumen, el Claustro de la ULL ha mostrado una postura unánime en defensa de la autonomía universitaria, rechazando una propuesta legislativa que considera una injerencia en su autogobierno. Los representantes de la comunidad universitaria han solicitado que se respete la capacidad de las universidades para gobernarse a sí mismas, y han instado al Parlamento de Canarias a reconsiderar este texto para garantizar el respeto a la autonomía universitaria.
