Las Palmas de Gran Canaria.- El viceportavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, junto con miembros de la oposición, han mantenido este miércoles una reunión con la presidenta nacional de la Asociación Juristas contra el Ruido, Yomara García, en aras de abordar la problemática que el ruido puede generar en la ciudad.
El edil nacionalista reconoció que uno de los retos a los que se enfrenta la capital es compatibilizar la actividad económica que se desarrolla en Las Palmas de Gran Canaria con el descanso de los vecinos. «Queremos una ciudad viva, que genere puestos de trabajo, que mejore la calidad de vida de la gente, que proporcione ocio y disfrute a quienes habitan en ella y a quienes vienen a visitarnos, pero evidentemente todo esto tiene que hacerse también desde la comprensión y el respeto al descanso de los vecinos», subrayó.
En este sentido aseveró que el Ayuntamiento debe tomar decisiones urbanísticas para lograr ese reto y poner en marcha medidas existentes a tal efecto, y añadió que, además, «el Consistorio tiene que dotarse de los medios necesarios para controlar el ruido que procede de todo tipo de actividades y, a la vez, realizar un control efectivo».
Así, abogó por llegar a acuerdos con la Autoridad Portuaria para generar espacios alternativos que permitan disfrutar del ocio en la ciudad a la par que se cuida el descanso. Otras zonas alternativas podrían ser la Plaza de la Música, en la zona de El Rincón, u otras zonas no residenciales donde celebrar eventos y conciertos. Además, propone avanzar y llegar a pactos y consensos con los vecinos «desde la verdad y no desde el engaño, como ha hecho este grupo municipal». David Suárez aclaró que la contaminación acústica en Las Palmas de Gran Canaria viene generada desde múltiples actividades, «por lo tanto no vamos a estigmatizar al ocio nocturno y la hostelería, sino que se trata de disminuir el nivel de decibelios de numerosos frentes».
Con todo, recordó que se han generado ordenanzas municipales contra el ruido y expuso que las resoluciones judiciales obligan al Ayuntamiento a cumplir con las mismas. «No puede ser que la solución a la que se tienen que agarrar los vecinos sea la vía judicial, porque ni pueden costearse informes periciales acústicos ni tienen por qué verse obligados a hacerlo debido a que el Ayuntamiento no vela por su salud y ataja la problemática del ruido».
Por su parte, Yomara García, presentó una radiografía del ruido en la ciudad, que tildó de «muy mala». Así, afirmó que «no se actúa de manera eficaz ni eficiente; los expedientes no avanzan y se incumplen los plazos pese al esfuerzo de los funcionarios municipales. La Policía Local está desbordada, no se mide el ruido y los sonómetros no se usan desde hace tiempo. No se forma ni a la Policía Local ni a los funcionarios en este tema y hay muchos vecinos que están desesperados porque el tiempo de espera para resolver un problema de estas características se dilata durante años, o bien tienen que acudir a la vía judicial».
La presidenta nacional de Juristas contra el Ruido explicó que los puntos negros de contaminación acústica en Las Palmas de Gran Canaria se concentran, sobre todo, en Vegueta, Triana, Guanarteme, calle Cano, Torres o Montevideo. Zonas que suponen un «calvario» para los vecinos porque, según Yomara García, «los expedientes tardan tanto en resolverse que llegan a caducar». Además, indicó que hay un sinfín de reclamaciones contra el ruido que no provienen sólo del ocio, sino también de gimnasios, supermercados o talleres, entre otros. » Lo que debe hacer la administración pública es actuar con rapidez, inspeccionar y controlar para solucionar estos problemas».
Con todo, señaló que la ordenanza municipal del ruido no ha sido adaptada a la Ley estatal, y dijo: «Llevamos un retraso de 20 años, y tampoco existe ley autonómica de ruido canario. Hay normativa, pero hay que dotar de medios tanto técnicos como humanos y formar e impartir formación».
Asimismo, reiteró que hay usos del ruido incompatibles con las zonas residenciales, y aclaró: «Desde Juristas contra el Ruido reiteramos que desde el momento en que una familia se ve afectada por ruido, aglomeraciones de personas en el exterior, por efectos aditivos y acumulativos como suciedad, vómitos, etc., debe prevalecer el derecho fundamental a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio, y debe protegerse frente al ocio».
