Santa Cruz de Tenerife.- Coalición Canaria reclama al Gobierno de Canarias que aplique en la nómina de su personal en La Palma la deducción del 60% del IRPF, tal y como está contemplado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. “Si la mayoría de las empresas de la isla pudieron hacer el esfuerzo para que todo estuviese listo en la nómina de enero, no se entiende por qué el Gobierno no ha podido”, señalaron Fernando Clavijo y Nieves Lady Barreto hoy en rueda de prensa.
Ambos responsables lamentaron que el ejecutivo autonómico no se preparara para poder aplicar la deducción a su personal en la nómina de enero. “Este problema debe resolverse para la nómina de febrero porque es una obligación legal”, reclamó Barreto.
En este sentido, CC reclama que se aplique la deducción del IRPF al personal docente y no docente de Educación, de Obras Públicas, de Agricultura y del Servicio Canario de Empleo que trabaja en la isla y al de la Dirección de Área de Salud.
“El Gobierno de Canarias nunca creyó en esta medida”, recordó el senador nacionalista, Fernando Clavijo, “se opuso a ella desde el primer minuto y si hoy es una realidad ha sido solo gracias al empeño de Coalición Canaria La Palma y al trabajo de nuestras dos diputadas en el Congreso, Ana Oramas y María Fernández”.
“Lo que hemos querido desde el minuto cero es que la gente, en esta situación crítica que atraviesa la isla, tenga más dinero en su bolsillo”, aseguró, la diputada por La Palma, Nieves Lady Barreto. “Y esto ya es una realidad para los pensionistas, a los que se les ha aplicado la deducción del IRPF y la subida del 8,5%, y para la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta ajena en La Palma”.
“Es una medida justa, que supone que en un año se quedará en la isla entre 56 y 60 millones de euros. Ese dinero se queda en el bolsillo de los palmeros y palmeras para invertir, para consumir, para pagar el alquiler o la hipoteca y para que los autónomos puedan llegar más holgados a fin de mes”, añadió.
La parlamentaria llamó la atención, además, sobre el hecho de que el Gobierno de Canarias no solo ha incumplido en la nómina de enero con la obligación legal de aplicar la deducción del IRPF, “algo que debe corregirse de manera inmediata para la nómina de febrero”, sino que sigue sin cumplir gran parte de sus compromisos con la isla, como el pago de los 30.000 euros que prometió en marzo de 2022 a todas las personas que perdieron su vivienda con el volcán.
Entre la larga lista de incumplimientos del ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres, Barreto recordó que aún no hay ni una sola medida de compensación para las personas que perdieron otras propiedades, como segundas viviendas, viviendas vacacionales, comercios, fincas o talleres.
Tampoco se ha resuelto el problema de quienes no pudieron asegurar sus casas los primeros días de la erupción o quienes la perdieron durante el periodo de carencia del seguro, ni se han pagado las ayudas para reparar las fincas y reponer los invernaderos dañados y las ayudas al alquiler no están llegando a todas las personas que las necesitan.
No se sabe nada de las viviendas definitivas que el Gobierno anunció que iba a construir, ni de la reapertura de la LP-2, ni cuándo estarán aprobados los dos decretos para la reconstrucción de viviendas y para la recuperación de la actividad agrícola, “que iban a estar aprobados el año pasado en junio, luego en diciembre, luego en enero y ya estamos en febrero y no se han aprobado”, recordó Nieves Lady Barreto.
En este punto, Barreto alertó sobre la incertidumbre que genera el proyecto de finca comunitaria que quiere el Gobierno y que sus propios técnicos calculan que se tardará de 10 a 15 años en construirse.
“En La Palma, al Gobierno de Canarias le sobran promesas y le faltan hechos. Y nos preocupa que, a estas alturas, ya no hay margen para resolver estos problemas y que todo lo hayan dejado para después”.