Santa Cruz de Tenerife.- El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife advierte que el contrato para la gestión de los residuos, que ronda los 715 millones de euros, podría estar en riesgo y ser anulado por el conflicto de intereses del consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina, que posee acciones de una de las empresas que opta al mismo. La formación nacionalista señala que el digital ‘Tiempo de Canarias’ ha denunciado esta situación y ha podido comprobar que Javier Rodríguez posee acciones de la empresa Sacyr, que forma parte de Valoriza, una de las tres empresas que han presentado sus ofertas para hacerse con el contrato.
“Vamos a solicitar la comparecencia urgente de Javier Rodríguez para que aclare esta situación. Ha dicho públicamente que no ha participado en ningún momento en el proceso, pero los documentos que hay en la plataforma de contratación del sector público demuestran que el 16 de diciembre de 2019 participó en la mesa de contratación”, señala CC-PNC.
El grupo nacionalista asegura que “Pedro Martín, que es el máximo responsable del Cabildo, y Javier Rodríguez tienen que aclarar esto de forma inmediata. Es posible que se pueda echar por tierra el trabajo técnico de varios años, ya que estamos hablando de un documento muy complejo. El consejero tenía el deber de abstenerse y no participar en ningún trámite del procedimiento, pero parece que ha puesto sus intereses por delante de los de la isla de Tenerife”.
El grupo de CC-PNC señala que el Cabildo informó a finales de noviembre de 2019 que había tres entidades que optaban al nuevo contrato de concesión del servicio de gestión de residuos de Tenerife. Así, se trata de dos UTE (Unión Temporal de Empresas): Cespa Gestión de Residuos S.A. y Martínez Cano Canarias S.A., y UTE Urbaser-FCC Medio Ambiente, y la empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A, que pertenece a Sacyr. En ese sentido, añade que “el 20 de agosto de 2020 tenía que celebrarse la mesa de contratación pero fue suspendida a la espera de un informe para el análisis de la documentación justificativa de la oferta incursa en baja desproporcionada, que es precisamente la de Valoriza. Queremos que se aclare esta situación lo antes posible”.
