San Cristóbal de La Laguna.- Ante la información que hoy se ha publicado en un medio de comunicación donde el secretario del Pleno del Ayuntamiento de La Laguna denuncia, entre otras cuestiones, el fraccionamiento ilegal de 32 contratos por parte del grupo de Gobierno y la imposibilidad de tener acceso a los decretos, Coalición Canaria considera que se trata de una situación preocupante, que dice mucho de la absoluta falta de transparencia en la gestión que se lleva a cabo por parte de los gestores políticos municipales, que ni siquiera aportan los decretos al propio secretario del Pleno, un alto funcionario.
Un nuevo y bochornoso escándalo que pone al Ayuntamiento de La Laguna en el foco mediático en negativo. Esta es una muestra más de la opacidad y del nuevo modo de gobernar del PSOE y sus socios en La Laguna. Contratos a dedos, adjudicaciones que sobrepasan el límite legal y ocultación de documentos.
“Es inaudito que aleguen ahora que no facilitan contratos ni al secretario hablando de la Ley de Protección de Datos y luego tengan una red claramente al margen de esa misma ley en la gestión del más de medio centenar de páginas de redes sociales municipales, usando datos personales de los vecinos sin ningún tipo de control legal, y para uso exclusivo partidista”.
Coalición Canaria lleva meses denunciando este proceder, incluso vía contencioso, de lo que supone una demolición absoluta de los principios de transparencia de un buen gobierno, y que demuestran que la otra forma de gobernar de la que presume el alcalde “y que está claro que es a peor”.
“Queda claro que se asiste a un Gobierno que funciona como una maquinaria de mentiras tras mentiras, a base de muchísimos millones de euros públicos en publicidad y propaganda para ocultar formas de gestión totalmente antidemocráticas y más propias de una dictadura”. Un alcalde que “por un lado vende con talonarios de dinero público una imagen de niño bueno, y por el otro lado, monta una estructura opaca y claramente ilegal y aparentemente lamposiana”.
CC no puede hacer oídos sordos a esta situación, por lo que pide que el alcalde ofrezca explicaciones a la ciudadana de este proceder a la máxima brevedad y se depuren las responsabilidades oportunas. A la vez que reitera, de nuevo públicamente, que el Gobierno remita a la oposición los decretos a los que están obligados por ley para poder fiscalizar la acción del Gobierno, que se les niega desde que salió a la luz el denominado Caso Laycas, donde se investigan diversos contratos municipales presuntamente irregulares.
