Fernando Clavijo ha anunciado que su gobierno actuará en un plazo de 15 días si no recibe respuestas concretas del Gobierno central y del PP ante la alarmante crisis migratoria que enfrenta el archipiélago
Las Palmas de Gran Canaria.- La crisis migratoria que afecta a Canarias ha alcanzado niveles críticos, con la llegada de más de 50.000 migrantes en lo que va del año, una cifra que podría seguir en aumento si las condiciones actuales persisten. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha lanzado un ultimátum, dando un plazo de 15 días a las autoridades centrales y al Partido Popular para tomar decisiones que ayuden a aliviar la carga que soportan las islas, especialmente en la gestión de menores no acompañados.
El colapso de los recursos de acogida en Canarias, principalmente en islas como El Hierro, ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de una redistribución más equitativa de los migrantes entre las distintas comunidades autónomas de España. Clavijo subraya que el archipiélago no puede gestionar esta situación por sí solo. La llegada de cayucos continúa, y la falta de espacios adecuados para atender a los menores migrantes se está convirtiendo en un problema estructural que ya no puede considerarse coyuntural.
Uno de los puntos más críticos de la gestión migratoria es la acogida de menores no acompañados. En 2023, llegaron cerca de 7.000 menores a las islas, y las previsiones indican que este número será similar o incluso mayor este año. La administración canaria ha advertido que no está preparada ni cuenta con los recursos para gestionar este flujo de menores, que requieren programas de integración, aprendizaje del idioma y preparación para la vida adulta. La falta de acciones claras desde Madrid está provocando tensiones en las relaciones entre el gobierno canario y el Ejecutivo central.
En este contexto, Clavijo ha mantenido reuniones con organizaciones internacionales como ACNUR y Unicef, buscando apoyo técnico y recursos para abordar la situación. El presidente ha destacado que Canarias se ha convertido en el principal «punto caliente» de la Unión Europea en términos de inmigración, algo que requiere una respuesta coordinada y contundente a nivel tanto nacional como internacional.
El presidente canario ha sido enfático en que, si no hay avances significativos en las próximas dos semanas, su gobierno tomará decisiones de forma unilateral para proteger los intereses de la población canaria y garantizar la dignidad de los migrantes. Esto podría implicar medidas drásticas como la implementación de recursos propios para atender a los menores, o incluso la modificación de las políticas de acogida en el archipiélago.
Las tensiones políticas también están aumentando. El Partido Popular ha sido señalado por no apoyar de manera suficiente las demandas canarias en el ámbito migratorio. A pesar de que Clavijo ha expresado la necesidad de discreción en las negociaciones, es evidente que la paciencia del gobierno regional se está agotando. Además, el presidente ha pedido una reforma de la Ley de Extranjería, en particular del artículo 35, que permitiría la redistribución obligatoria de los menores entre todas las comunidades autónomas.
El impacto humanitario también es un punto de preocupación. Las autoridades canarias han alertado sobre las difíciles condiciones en las que se encuentran los migrantes, con un aumento preocupante en el número de cadáveres que se acumulan en El Hierro debido a los naufragios. La falta de infraestructura adecuada para atender a los supervivientes y gestionar las consecuencias de estas tragedias pone en evidencia la necesidad de una respuesta rápida y eficaz por parte de todas las administraciones.
El gobierno central, por su parte, ha reiterado su compromiso de abordar la situación, pero hasta ahora no ha propuesto una solución concreta. Las ONG y organizaciones de derechos humanos, que han estado activamente involucradas en la gestión de la crisis, apoyan las demandas del gobierno canario, pero también insisten en la necesidad de una respuesta global a nivel europeo. El propio Clavijo ha señalado que este es un problema que trasciende a Canarias y que afecta a toda la región del Mediterráneo, con consecuencias a largo plazo para el conjunto de la Unión Europea.
La comunidad internacional ya ha comenzado a movilizarse, con ACNUR y Unicef explorando maneras de colaborar con el gobierno canario para establecer programas que faciliten la integración de los migrantes en la sociedad. Sin embargo, queda por ver si las medidas adoptadas en los próximos días serán suficientes para calmar las tensiones y gestionar de manera eficaz una crisis que no muestra signos de disminuir.
En conclusión, la situación migratoria en Canarias ha llegado a un punto de inflexión. Fernando Clavijo ha dejado claro que el tiempo se agota y que, si no se toman medidas desde Madrid en los próximos 15 días, Canarias tendrá que actuar por su cuenta. Este ultimátum refleja la gravedad de una crisis que no solo afecta al archipiélago, sino que pone a prueba la capacidad de respuesta de España y la Unión Europea frente a un fenómeno migratorio que parece no tener fin.
