Sumario:
- Canarias necesita un estatus de plena autonomía interna que le permita delimitar sus espacios marítimos.
- Nereida Calero pide a Turismo que se centre en lo importante y urgente para la sostenibilidad del sector, la tasa verde.
- Beato logra la unanimidad del Parlamento para ampliar la permanencia de personas adultas en la Formación Básica Inicial.
- Socorro Beato advierte de la inconstitucionalidad de la Ley COVID que vulnera derechos fundamentales.
Canarias necesita un estatus de plena autonomía interna que le permita delimitar sus espacios marítimos
El Parlamento de Canarias no ha podido aprobar hoy una Proposición No de Ley, a propuesta del Grupo Nacionalista Canario, por la que se instaba al Gobierno del Estado a que implemente las medidas legislativas y diplomáticas necesarias para que se reconozca Canarias el estatus de Plena Autonomía interna que le permita delimitar sus espacios marítimos a partir de las líneas de base rectas archipielágicas.
Esta iniciativa en concreto surge de la voluntad de la Plataforma del Mar Canaria que, junto a ayuntamientos, cabildos y sociedad civil organizada, lleva más de 20 años reivindicando la delimitación de nuestros límites territoriales para poder hacer efectiva nuestras zonas de influencia marítimas.
Quintero recordó que “estamos ante un momento político y geoestratégico delicado, dados ante los intereses de Marruecos sobre la zona de influencia marítima del Sahara, y la anuencia del estado español ante el plan de autonomía marroquí sobre la zona”
Hay que tener en cuenta además que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha manifestado, hasta la fecha, ninguna contradicción ante lo aprobado por Marruecos por lo que pudiera corre el riesgo de que “Canarias sea un Archipiélago rodeado de aguas marroquíes, y al primero que no le interesa esta situación es al Estado, que podría aprovechar el nuevo estatus para delimitar definitivamente la mediana con el país vecino”.
Hay que tener claro, que “la plena autonomía interna no significa independencia, seguiríamos con la soberanía del Estado, pero sí implicaría más autogobierno, que es una aspiración a que no podemos abandonar”, explicó.
Tanto la Constitución española y el Estatuto de Autonomía definen a Canarias como un Archipiélago que según la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar en 1982 (CONVEMAR) se configura como un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionados entre sí que formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido considerados como tal.
Esta consideración permitiría al Estado, en virtud de nuestro estatuto de autonomía, transferir o delegar las competencias en el mar territorial y zona económica exclusiva, así como en el lecho y el subsuelo marítimo.
Si bien es cierto que hay un vacío legal en cuanto a la definición de los Archipiélagos de Estado, Portugal ya modificó su constitución para permitir que Madeira y Azores dispongan de un estatus similar
Como se recordará la Ley 44/201 de Aguas Canarias, aunque supone una manifestación de la voluntad del Estado de utilizar el criterio de delimitación de la línea de base recta archipielágica, no reconoce la posibilidad de modificar el régimen jurídico internacional.
En este sentido, concluyó Quintero, “tenemos los recursos para modificar este vacío legal, pero para eso solo hace falta voluntad política”.
Nereida Calero pide a Turismo que se centre en lo importante y urgente para la sostenibilidad del sector, la tasa verde
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero ha reclamado hoy a la Consejera de Turismo que se centre en lo importante y lo urgente para la sostenibilidad del sector, la tasa verde
Es sorprendente, “cómo llevan un año viendo venir que tanto el transporte aéreo como el marítimo iban a ser gravados para minimizar la huella de carbono, y llega esta fecha en la que todavía no hay una estrategia clara de defensa de nuestras singularidades, y no se cuenta con el apoyo del Estado a la hora de defenderlas en el ámbito europeo.
Es inadmisible que la consejera haga referencia, ahora, a la necesidad de “una reflexión profunda y a una estrategia de incentivos para compensar los sobrecostes” aunque esta línea de actuación se podría entender porque “desde el Gobierno no saben qué hacer con los millones de euros de los que disponen, por lo que dejan que se graven nuestros costes para luego compensarlos”, denunció
Poco más se puede esperar del Gobierno de Canarias y del Gobierno del Estado, “el que prometió un plan específico para Canarias, que nunca llegó y que desde la consejería no se exigió”, recordó la diputada que destacó la labor que han hecho cabildos como el de Furteventura para contar con una línea estratégica clara ante la pasividad de los que realmente tienen las competencias.
Sin embargo “hemos tenido que presenciar una comparecencia solicitada por el grupo político de la consejera, defendiendo un plan que se ha basado en aspectos de gestión ordinaria, carente de cualquier atisbo de futuro y de fortalecimiento y mejora de las potencialidades”, para lo que tendría que haber incluido alguna medidas como las avaladas por el diagnóstico de Exceltur.
En este sentido, Nereida Calero coincidió, como recoge este informe, en la necesidad de garantizar la supervivencia de las empresas turísticas viables y poner en marcha acciones para los retos estructurales y “contar, de una vez, con un plan específico para el sector en Canarias”.
Beato logra la unanimidad del Parlamento para ampliar la permanencia de personas adultas en la Formación Básica Inicial
El Parlamento de Canarias ha votado hoy por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) para ampliar la permanencia de personas adultas en la Formación Básica según lo establecido en el texto de la iniciativa que presentó Socorro Beato el pasado mes de noviembre.
Teniendo en cuenta que seis meses después y en la víspera del debate de esta PNL, la consejería de Educación se avino a lo contemplado en la petición nacionalista, por lo que se transó con los grupos de gobierno un nueva PNL para ser aprobada en la sesión de hoy.
Sin embargo, la intervención de la diputada socialista, Ana González, “llena de reproches y desprecio a la iniciativa y a aquellas personas que intenta un año y otro aprender a leer y a escribir, hizo que la diputada proponente, rechazara el acuerdo y propusiera para la votación su texto original, que finalmente recibió el apoyo unánime de la cámara.
Por tanto, por lo aprobado hoy, se insta al Gobierno de Canarias a modificar la Orden 27 de octubre de 2021, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2017, que establece las normas de organización y funcionamiento de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA); y la Orden de 27 de agosto de 2018, que establece las normas de organización y funcionamiento de los Centros de Educación a Distancia (CEAD), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes “no puede limitar los años en los que se pueda estar matriculado en la Formación Básica Inicial, dadas las características del alumnado que la integran: personas con necesidades especiales por la edad, por sus limitaciones físicas o cognitivas o por tener dificultades de integración sociolaboral”, explicó Beato.
Para la nacionalista, la modificación de esta orden, permitirá que el alumnado de la Formación Básica Inicial (FBI) permanezca matriculado en dicho periodo formativo, cómo máximo, dos cursos académicos adicionales al número de cursos establecido con carácter general para dicho periodo.
“Restringir el acceso a esta formación, cuando no se realiza en ninguna otra etapa de la educación permanente, supone llevar a cabo una discriminación selectiva en los centros públicos de enseñanza voluntaria a personas a las que también les asiste en toda su plenitud el Derecho a la Educación”, explicó la diputada.
Socorro Beato advierte de la inconstitucionalidad de la Ley COVID que vulnera derechos fundamentales
La diputada del Grupo Nacionalista Canaria, Socorro Beato, ha advertido esta mañana, que la Ley para el control y gestión de la pandemia de la COVID19 es inconstitucional y porque además vulnera derechos fundamentales e invade competencias estatales.
Para Beato “se va a consumar un disparate por la cerrazón del gobierno para aprobar esta ley a toda costa, ignorando a la oposición, al Consejo Consultivo, a los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desoyendo al Tribunal Supremo y saltándose incluso los acuerdos de la comisión bilateral entre Canarias-Estado.
El texto aprobado hoy es un “corta y pega de todas las medidas que adoptó el Gobierno, amparado en los dos estados de alarma, que decayeron tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
Lo que estamos viendo es un Gobierno “dando palos de ciego, defendiendo lo indefendible y haciendo caso omiso a quienes le advierten, el Consejo Consultivo y varios pronunciamientos judiciales, de la vulneración de derechos fundamentales a la intimidad, a la circulación, a la reunión y a la protección de datos personales, entre otros.
Y toda esta situación se da porque el Gobierno de Canarias renunció a reclamar al Estado una norma general que nos permitiera gestionar la COVID19 o cualquier otra pandemia de manera efectiva y que, “evidentemente esta Ley no va a poder hacer”.
Siguen manteniendo que no hace falta ratificación legal a las decisiones,” ni siquiera viendo los antecedentes” y se echa en falta que se tomen sin asesoramiento técnico, como desacreditar a los Inspectores de Salud Pública como autoridad sanitaria, restando eficiencia al sistema que estaba establecido.
Por último, Socorro Beato, hizo referencia a un punto que se incluye tras el acuerdo de la Comisión Bilateral y por el que “será imposible para un ciudadano medio cumplir con esta Ley, porque hay que tener en cuenta tantas disposiciones normativas que generará inseguridad jurídica”.
En definitiva, “falta legalidad y falta transparencia”, afirmó.
Transparencia
Durante la mañana, Socorro Beato también participó en el debate sobre la comparecencia del Comisionado de Transparencia, y lo cierto es que “ hay un cierto cansancio por la opacidad del gobierno”, y ese es el caso de la gestión de la Covid19, “un claro ejemplo de medidas y restricciones que no fueron bien explicadas y que ni siquiera se consultaron a los sectores afectados”.
