- Clavijo garantiza que el Gobierno “luchará hasta el final” para impedir que se aplique a las regiones ultraperiféricas las mismas penalizaciones a los vuelos que “a Madrid, Berlín o París”
- El presidente logra el respaldo de los tres principales grupos de la Eurocámara y de la diplomacia española a incluir la Ruta Atlántica entre las prioridades de política migratoria de la UE
Bruselas.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha logrado este jueves el compromiso de la Comisión Europea de evaluar con informes “científicos” el impacto en las regiones ultraperiféricas del paquete ‘Objetivo 55’. Estos estudios determinarán si estas medidas provocan un efecto negativo en la economía y conectividad del archipiélago, con lo que en 2026 se podrán revisar los recargos a los derechos de emisiones que, desde el próximo 1 de enero, se van a aplicar al transporte aéreo y marítimo con países europeos y Reino Unido.
Tras su segunda jornada en Bruselas, el titular del Ejecutivo canario califica de “positivo y fructífero” el resultado de las reuniones al constatar que las RUP cuentan con “razones objetivas” para “dar la batalla” y lograr una exención en el paquete internacional de medidas ‘Objetivo 55’. “Lucharemos hasta el final para conseguirlo”, explica Clavijo al entender que el transporte a las regiones ultraperiféricas no se puede penalizar “igual que el de Madrid, Berlín o París”.
Las RUP han logrado hasta ahora que la Comisión permita que las conexiones aéreas y marítimas con sus Estados miembros -en el caso de Canarias con la península y entre islas- queden exentas de los recargos de los derechos de emisión de C02 hasta 2030. Sin embargo, Bruselas rechaza por el momento dar este trato especial también al transporte con el resto de los países europeos y Reino Unido.
Ante esta negativa, tanto la UE como Canarias se han comprometido a realizar informes que avalen el impacto que tendrán estas penalizaciones en el transporte internacional del archipiélago, algo que facilita un cambio de opinión de la UE en la revisión de la normativa prevista para 2026. También acepta Bruselas negociar desde ya compensaciones que mitiguen en el archipiélago las consecuencias negativas de estos recargos aéreos y marítimos.
El titular del Gobierno autonómico constató la necesidad de contar con esos estudios objetivos sobre los efectos de las medidas ‘Objetivo 55’ durante las reuniones ejecutivas con destacados representantes de la Comisión Europea: el director de Aviación, Filip Cornelis, la directora de la unidad de Transporte Marítimo y Logística en la Dirección General Movilidad y Transportes en la Comisión Europea, Annika Kroon, y la directora de Mercados de carbono y Movilidad limpia en la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, Beatriz Yordi.
Impacto negativo
Los análisis que maneja el Gobierno autonómico alertan de que el recargo por derechos de emisiones CO2 restará competitividad a Canarias y encarecerá los vuelos con Europa, lo que perjudicará especialmente al sector turístico de las islas. Según un informe de Deloitte, la aplicación de estas penalizaciones conllevará la pérdida de 42.000 empleos y de un millón de turistas en el archipiélago. También tendrá efectos negativos en la actividad logística de los puertos canarios y en la cesta de la compra.
En este sentido, la directora general de Airlines for Europe, Rania Georgoutsakou, trasladó al presidente de Canarias la enorme preocupación que existe entre las principales compañías aéreas europeas que operan con las islas ante la entrada en vigor, a partir del 1 de enero, del paquete de medidas ‘Objetivo 55’ y su impacto en el sector de la aviación.
Ante estos temores, Fernando Clavijo ha aprovechado su viaje a Bruselas para ganar aliados que apoyen a Canarias en la negociación sobre los recargos a los derechos de emisiones de CO2 al transporte y también ante la demanda de que la UE tenga una política migratoria común. En todos los encuentros han participado también la directora general de Asuntos Europeos, Celia Alberto, y la directora general de Acción Exterior, María Méndez.
Respaldo a la Ruta Atlántica
Por otra parte, el presidente ha logrado este jueves el apoyo de la vicepresidenta del principal grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Monserrat, a incluir la Ruta Atlántica entre las prioridades en materia de migración de la UE. Este respaldo se suma al obtenido el miércoles por parte de los representantes del Grupo Renew y de la Alianza Progresistas y Socialista, con lo que Canarias se garantiza presencia en el documento que el Parlamento europeo aprobará a mediados de diciembre.
También defenderán la posición de las RUP ante el reto migratorio el embajador de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso.
La agenda de tres jornadas del presidente de Canarias en Bruselas concluye este viernes con una reunión con la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, a la que Fernando Clavijo trasladará directamente sus peticiones para que Canarias reciba más apoyo de la UE para afrontar la crisis migratoria. Al igual que ha hecho con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, Clavijo invitará a Johansson a visitar el archipiélago para conocer de primera mano la situación tras la llegada en lo que va de año de más de 32.000 personas a las costas canarias.
Asimismo, le trasladará el contenido de la declaración aprobada en la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas la semana pasada en Santa Cruz de Tenerife. Las RUP reivindican “una verdadera corresponsabilidad de la UE y de todos sus Estados ante la migración, garantizando atención digna y respetuosa de los derechos humanos a las personas que llegan”, a través de la adopción de medidas específicas, como ha hecho la Comisión Europea ante la situación migratoria en la isla italiana de Lampedusa.
En especial, el presidente pedirá corresponsabilidad a la responsable europea de Asuntos de Interior en la atención de los más de 4.300 menores migrantes no acompañados que Canarias acoge en solitario. Además de más fondos europeos, Clavijo demanda a la UE un pacto común para distribuir a estos niños y niñas mediante una red estable de dispositivos en todo el territorio europeo.
