Sumario:
- Campos: “La posición de NC es de claro rechazo» a las regasificadoras.
- Carmen Hernández valora que el Gobierno acepte anular el anómalo sondeo sobre el realojo de Ojos de Garza.
Campos: “La posición de NC es de claro rechazo» a las regasificadoras
El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, dejó claro hoy en la sesión plenaria, a través de una pregunta al presidente, Ángel Víctor Torres; que los canaristas progresistas «no compartimos» la visión de los socialistas sobre la liberalización de las regasificadoras en el Archipiélago, decidida de forma unilateral, por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de dos decretos leyes. Campos se mostró categórico al reafirmar que la posición de NC es de «claro rechazo» y que se presentarán sendas enmiendas de supresión en el Congreso de los Diputados por medio del diputado de NC en la Cámara Baja, Pedro Quevedo.
El portavoz parlamentario de NC dijo que la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley de 13 de mayo sobre las plantas regasificadoras en las islas tiene una «mejor» redacción que la disposición final cuarta del real decreto ley de 29 de marzo. Pero «nos sigue generando dudas», advirtió. «No compartimos esa visión que nos ha trasladado», espetó al jefe del Ejecutivo.
La posición de Nueva Canarias, tal y como sentenció, es de «claro rechazo al gas, como lo hemos mantenido en los últimos años, lo mantenemos en este instante», ante los decretos leyes del Consejo de Ministros, y «lo mantendremos».
El portavoz parlamentario de NC afeó al gabinete de Pedro Sánchez que se adoptaran estas decisiones de forma unilateral así como la metodología empleada. En concreto, cuestionó el relativo a las medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania de finales del pasado mes de marzo. Incluir una disposición final cuarta para «eliminar» la autorización administrativa previa para las regasificadoras «exclusivas» de Canarias, para NC, es injustificable.
Puestos a desregular, ironizó, se podía haber hecho para favorecer la penetración de las renovables. «Cosa que tampoco compartimos», matizó para añadir que «quizá, sí» para una mayor desburocratización que facilite al autoconsumo y las comunidades energéticas además de la eliminación de las trabas a las eólicas marinas.
Luis Campos reafirmó la presentación de enmiendas de supresión en el Congreso de los Diputados para evitar cualquier resquicio que permita las regasificadoras en las islas. Hizo hincapié en que la comunidad tiene las competencias recogidas en el artículo 163 del Estatuto sobre energía, hidrocarburos y minas, en las letras a y d para la instalación y la autorización. «Nos parecen innecesarios» los matices de las normas estatales. «No aportan nada nuevo», denunció.
La preocupación de los canaristas progresistas se hace mayor por otras dos razones, indicó el portavoz parlamentario. Una, al producirse en un momento «muy convulso» en el que la Unión Europea (UE) y España han entrado en la lógica de blanquear este combustible «altamente contaminante, escaso y nada barato» al establecer que es una energía verde, junto a la nuclear. Además de que «nos coloca» en una situación de dependencia mayor, cuestionó.
Todo ello, en un momento de mucha incertidumbre y de alta vulnerabilidad de los mercados gasistas a nivel internacional, según Luis Campos.
Carmen Hernández valora que el Gobierno acepte anular el anómalo sondeo sobre el realojo de Ojos de Garza
La diputada de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández valoró hoy que el Gobierno de Canarias acepte la propuesta de la también alcaldesa de Telde para anular el anómalo sondeo sobre el realojo de 4.000 vecinas y vecinos de Ojos de Garza afectados por el plan director para la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria. Hernández defendió que la metodología para la nueva consulta se consensúe para, «de verdad», conocer la «auténtica voluntad» de los afectados, cuyas residencias se ubican en Ojos de Garza, La Montañeta y Caserío de Gando.
La decisión de Carmen Hernández de trasladar hoy, a la sesión de control del pleno del Parlamento, la incertidumbre que afecta desde 2001 a los residentes de las 888 viviendas afectadas tuvo respuesta por parte del cuatripartito al aceptar la solicitud para repetir el sondeo. Una medida que, como afirmó, defienden los afectados, el gobierno municipal de la ciudad y el grupo parlamentario de NC.
Hernández expuso al consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, varias razones para decidir la suspensión de una consulta que se quedó por debajo del 60% mínimo de apoyos exigidos por la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) para financiar la reubicación de los afectados a Montaña Las Tabaibas.
Dijo que la metodología empleada fue incorrecta, que fue extemporáneo el sondeo y que llegó a los vecinos cinco años después, sin garantías. Carmen Hernández aseguró que el Ejecutivo canario del momento hizo lo que pudo para una buena encuesta. Pero, según explicó, fue «materialmente imposible conocer, de verdad», la posición de los afectados «por una razón muy simple». «Nadie firma», añadió, «ni usted ni yo, firmaríamos una autorización para realojarnos si no nos dicen el valor» de la nueva vivienda. «Era tal la incertidumbre», exclamó, que era «imposible» saber la opinión real de los vecinos.
«Le invitamos, le rogamos, en nombre de los afectados», planteó Carmen Hernández, que «dé por nulo» el anómalo sondeo con el fin de «comenzar de nuevo y buscar» una fórmula «pactada» para «esta vez, de verdad, conocer la auténtica voluntad» de las 4.000 personas implicadas.
Tras reconocer la labor y el trabajo realizado por la portavoz de la plataforma de los afectados, Margarita Alonso, y el exconsejero canario de Política Territorial, Domingo Berrie; el actual consejero Valbuena tomó nota de la petición de la diputada de NC y se mostró partidario de revisar, de forma conjunta con las administraciones locales y los implicados, la metodología a emplear.
Una respuesta que Hernández valoró. Aseguró que el caso de Ojos de Garza es una historia de «maltrato» institucional que dura más de dos décadas, el tiempo transcurrido desde que existe un plan director para la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria, hecho por una empresa pública que deja en una «absoluta incertidumbre» a 4.000 personas.
Un plan director que les condena, subrayó, a una expropiación forzosa, la «mayor» del Estado. O a cumplir, continuó, con una cláusula, «forzada a última hora» por AENA, en la que condiciona la financiación de la reubicación a Montaña Las Tabaibas a la realización de un sondeo sobre el realojo que debe ser apoyado por un mínimo del 60% de los involucrados.
