Santa Cruz de La Palma.- La consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, ha vuelto a requerir al Gobierno de Canarias la necesidad de que se resuelvan las trabas administrativas que mantienen paralizado el convenio que permitiría realizar en La Palma la elaboración en la isla de los informes necesarios para la valoración y observación que permita obtener el grado de discapacidad.
Resolver esta situación es, añade Nieves Hernández, una de las actuales prioridades del grupo de gobierno insular, preocupado por el retraso acumulado que está perjudicando a más de 1.200 palmeros que aún tienen pendiente de tramitar sus expedientes y que les produce un agravio en el ejercicio de los derechos que por ley les corresponden si se les reconociese el grado de discapacidad.
La consejera recalca, una vez más, que no se puede seguir consintiendo el enorme perjuicio que se le está causando a estar personas que aún no pueden solicitar pensiones no contributivas por invalidez, ayudas económicas a la familia por hijo o hija a cargo, tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, reducción en el pago de algunos impuestos, acceso a puestos reservados para personas con discapacidad entre otros, consecuencia de la desidia en este asunto por parte del Gobierno de Canarias.
Por su parte, el Cabildo de La Palma mantiene la disposición de los medios necesarios que permitan la realización de estos informes necesarios para obtener de discapacidad, siendo imprescindible que se formalice, de una vez, el convenio que ampara a la administración local en la prestación de esos servicios.
Nieves Hernández recuerda que el Cabildo de La Palma, en el marco del acuerdo con la Consejería regional de Derechos Sociales, es quien se encarga de la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirven de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad, a través de un equipo de valoración y orientación (EVO) en La Palma.
Este servicio se paralizó durante el estado de alarma y no se ha podido volver a reactivar dado que el convenio finalizó el 31 de mayo de 2020, pese a que se ha pedido en varias ocasiones al Gobierno de Canarias retomar el acuerdo.
Por todo ello, Nieves Hernández mantiene el requerimiento cursado al Gobierno de Canarias para que resuelva cuanto antes esta situación, y de esa manera “poder seguir atendiendo de manera adecuada a uno de los colectivos más vulnerables de la población”, concluyó.
