Santa Cruz de Tenerife.- Ayer día 20 terminó el plazo de presentación y pago del IRPF y los autónomos de La Palma ingresaron en las arcas del Estado más de 10 millones de euros, más de lo que el propio Estado aprobó en su primera medida de ayudas a los afectados por la erupción del volcán.
UPTA Canarias ha pedido reiteradamente el aplazamiento de las obligaciones tributarias y de cotización por un plazo de al menos 6 meses, sin intereses y con posibilidades de alargar el plazo, sin embargo, los autónomos de La Palma se han encontrado con la tremenda situación de tener que afrontar estas obligaciones a pesar de su situación económica.
«Las ayudas aprobadas no han llegado todavía, y los autónomos y autónomas de La Palma se encuentran sin negocios, sin vivienda y utilizando sus fondos propios para seguir viviendo con un mínimo de dignidad, no vemos coherente que el Ministerio de Hacienda no haya previsto esta situación y se les exija afrontar las obligaciones tributarias. Es más, creemos que se debería devolver a los afectados», comenta el Secretario General de UPTA Canarias, César García.
UPTA Canarias ha valorado muy positivamente la reacción del Gobierno Canario, que con fecha 1 de octubre aprobó una batería de medidas en el ámbito fiscal que exoneraba a los autónomos afectados del pago de sus obligaciones con la Agencia Tributaria Canaria, así como el aplazamiento de deudas y otras medidas de amplio calado fiscal.
Otro aspecto que preocupa a la organización es que aquellos autónomos de La Palma que estén sufriendo un descenso en sus facturaciones originado por la disminución de actividad provocada por el erupción del volcán, no tengan la posibilidad de acceder a la línea especial de prestación por cese de actividad aprobada en la disposición sexta del RD Ley 18/2021. «UPTA España y UPTA Canarias solicitarán una reunión con el Secretario de Estado de Seguridad Social para intentar paliar esta situación, aunque nos consta que el propio Gobierno Regional ya se lo ha pedido a la Ministra de Economía, Nadia Calviño», comenta García.
Ante la polémica surgida por la obligatoriedad de darse de baja en el RETA y despedir a sus trabajadores para poder cobrar la prestación por cese de actividad, UPTA Canarias ha constatado que, efectivamente, uno de los documentos obligatorios de presentación en la solicitud ante las Mutuas del cobro de la prestación es la demanda de empleo ante el Servicio Público de Empleo, documento que no se puede obtener a menos que causes baja en el RETA. «Creemos que esta situación se haya producido por las prisas y que de ninguna forma sea intencionado. Estamos seguros que se podrá solventar a la mayor brevedad por el bien de los autónomos y autónomas afectados como ya se hizo al principio de la pandemia» concluye García.
