Acaba de ver la luz el llamado Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias que, en lo que se refiere a los aspectos sanitarios, aunque en el papel contempla con acierto las prioridades para la Salud Pública y la Asistencia Sanitaria Públicas así como en relación con la Asistencia Sociosanitaria en nuestra Comunidad Autónoma, continúa situándose en los presupuestos de la llamada «colaboración público-privada» para «desarrollar las capacidades sanitarias». Por cierto, no sabemos si tener un Director del Servicio Canario de la Salud que dice la barbaridad de que «el coronavirus ya no está en las calles de Canarias» está comprendido dentro de las «capacidades sanitarias» para seguir desescalando.
Nuestro sistema sanitario ha estado orientado esencialmente al tratamiento de enfermedades crónicas originadas en determinantes económicos, sociales y medioambientales. Pero los cambios introducidos por el neoliberalismo (contaminación, recortes de los servicios públicos y una globalización incontrolada con un incremento exponencial de desplazamientos de personas y mercancías) ha reintroducido las epidemias infecciosas que parecían superadas para siempre y reducidas a países pobres, para las que nuestro sistema no está adaptado para hacerles frente.
Si algo ha puesto en evidencia la pandemia es la debilidad de nuestros servicios de Salud Pública, poco desarrollados desde siempre pero penalizados especialmente con los recortes. Hay que reforzar el dispositivo de la Salud Pública y desarrollar la Ley General de Salud Pública, aprobada en 2011 y puesta en hibernación por los gobiernos del PP. Estos servicios deberían coordinar sus estrategias con la Atención Primaria y las administraciones locales para combatir los determinantes de la enfermedades crónicas (pobreza, alimentación, contaminación, sedentarismo, tabaquismo, etc.) y con los sistemas de alerta y contención de las nuevas epidemias de enfermedades contagiosas (Gripe A, Ébola, SARS, Covid-19…) asociados al cambio climático y la globalización. Los servicios de epidemiologia y lucha con las enfermedades infecciosas deberían reforzarse y mejorar su capacitación.
En Canarias al contrario de otras CCAA no existe Ley autonómica de Salud Pública aunque tras la entrada en vigor, el 6 de octubre de 2011, de la Ley General de Salud Pública tocaba concretar en nuestro archipiélago la organización y funcionalidad en dicho terreno. A estas alturas del año 2020, y con mucha más fuerza si cabe, seguimos precisando en Canarias una Ley de Salud y de Sanidad con mayor nivel e integración de lo epidemiológico, sanitario, sociosanitario, social, preventivo, asistencial…., una Ley que integre la “Ley de Sanidad” y la “Ley de Salud Pública”. Que por un lado actualice la obsoleta Ley 11/94 de Ordenación Sanitaria de Canarias y por otro lado concrete en Canarias la Ley General de Salud Pública.
En Canarias el marco legislativo sanitario actual es claramente insuficiente para acometer las medidas de cambio necesarias en la atención sanitaria y mucho más para incorporar los presupuestos epidemiológicos y salubristas así como, ahora con muchísima más fuerza, para grabar a fuego la prioridad de blindar el carácter público, universal y gratuito de la atención sanitaria y de salud pública. Esas fueron las motivaciones esenciales para la presentación en 2010 de las 25.000 firmas para la Iniciativa Legislativa Popular para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias en el Parlamento de Canarias que fue tomada en consideración el 7 de marzo de 2012 y, desde entonces, la actual es la cuarta legislatura en la que espera para ser útil en la elaboración de la necesaria Ley Canaria de Salud y Sanidad.
En cuanto al supuesto instrumento de la colaboración público-privada, mantra de los gobiernos neoliberales como el de la “necesidad de crear riqueza”, cuando lo primero es una falacia dada la divergencia de intereses de ambos sectores y lo segundo una ambigüedad que sugiere que todos vamos a ganar algo, cuando las evidencias revelan su verdadero significado: “riqueza para unos pocos y aumento de la desigualdad social” como se ha demostrado en la crisis del 2008.
La realidad es muy diferente de esta pretendida armonía igualitaria: las empresas sanitarias privadas y los seguros «de salud» en Canarias han crecido y crecen a expensas del deterioro y desmantelamiento de la Sanidad Pública. Para frenar el saqueo de los presupuestos públicos en beneficio del sector privado y la corrupción sanitaria hay que abolir toda forma de privatización lo que debe quedar establecido mediante la derogación estatal de la Ley 15/97 de «Nuevas Formas de Gestión» ley privatizadora de la Sanidad Pública impulsada por el PP y apoyada por el PSOE, Coalición Canaria, PNV y CiU. También mediante la necesaria Ley Canaria de Salud y Sanidad que apueste por la atención sanitaria y de salud públicas.
Mientras tanto, desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias hacemos un llamamiento para poner freno al saqueo de dinero público analizando la aplicación de los conciertos y sus consecuencias para la Sanidad Pública y para la población, denunciándolos de modo progresivo y reintegrándolos al sistema público de modo que en un periodo transitorio la política de concertación cubra, solamente y por tiempo muy definido y siempre después de conseguir el máximo rendimiento del Sector Público, las carencias que las desidias de los Gobiernos de las últimas décadas han dejado situando a Canarias a la cola de las CCAA.
