Desde la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife se ha comunicado la intención de llevar a cabo actuaciones para el traslado de estas pateras
Arona. El Ayuntamiento de Arona espera que la retirada de las pateras fondeadas en la bahía de Las Galletas se realice lo antes posible tras la respuesta de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, autoridad que tiene las competencias, en la que expresa la intención de llevar a cabo las actuaciones necesarias para materializar ese traslado. Las dos pateras se encuentran fondeadas concretamente frente al puerto de La Marina del ámbito de Puertos Canarios desde hace más de dos meses.
Esta comunicación se recibe tras la petición por escrito de la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, de la retirada de estas embarcaciones ante el riesgo que supone tanto por el peligro ante inclemencias meteorológicas como por razones que atañen a la salubridad de las aguas de esta zona. Lo habitual, en estos casos, es el arrastre de estas embarcaciones hasta el Puerto de Los Cristianos, que es de ámbito estatal, y teniendo en cuenta que la corporación aronera no tiene ni los medios ni las competencias al respecto.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, ha manifestado que “estamos preocupados desde el primer momento por la crisis migratoria y estamos a la espera de unas medidas estatales efectivas para el acogimiento de estas personas y de los medios necesarios para la atención una vez llegan a nuestro litoral.”
Con esta petición a la Subdelegación se continúa con el trabajo efectuado por el consistorio aronero en la solicitud de autorizaciones para la retirada de embarcaciones procedentes de la llegada de migrantes, después de que el pasado mes de enero se procediera a la destrucción de dos cayucos en cumplimiento de una orden judicial.
Esas dos embarcaciones habían tomado tierra en Las Galletas en el primer semestre del año pasado por lo que la competencia legal corresponde al municipio de Arona -en contrapunto a los que son rescatados en alta mar que son competencia del Estado-. Así, el consistorio inició los procedimientos judiciales pertinentes para la destrucción y desecho de los dos cayucos. Una vez que el Juzgado emitió la orden se procedió a la demolición de las dos embarcaciones bajo la supervisión de agentes de la Policía Local.
