La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, explicó que la Ley persigue ante todo mejorar la calidad de vida de los residentes y que la implantación de las viviendas vacacionales no perjudique a la ciudadanía
Las Palmas de Gran Canaria.- El Ejecutivo autonómico, reunido hoy en Consejo, ha acordado la remisión con carácter de urgencia al Consejo Consultivo de Canarias del anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para que emita el correspondiente informe, como paso siguiente en su tramitación.
Una vez que este órgano emita el preceptivo dictamen, que no es vinculante, el Gobierno recogerá las correspondientes observaciones para, posteriormente, aprobar el anteproyecto de ley en una nueva sesión antes de su remisión al Parlamento como proyecto de Ley.
La Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas aportará un marco normativo para regular el alquiler vacacional en Canarias. La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, remarcó este lunes los ejes sobre los que pivotará la nueva Ley.
“Frente a la situación actual, cuando la norma entre en vigor, no podrá implantarse ninguna vivienda vacacional más si el planeamiento urbanístico no habilita expresamente ese uso, al menos durante los próximos cinco años”. Es, por lo tanto “una decisión que deberá decidirse democráticamente por cada uno de los Plenos municipales de los 88 ayuntamientos de Canarias, previa información pública, de manera motivada y acorde a criterios de sostenibilidad”, añadió.
La futura Ley contempla una reserva adecuada para el uso residencial propio de las viviendas “con el fin de hacer efectivo el derecho de toda la ciudadanía canaria a una vivienda digna y a precios asequibles”. Igualmente, indicó que se garantiza “la apropiada integración de las viviendas vacacionales en los entornos residenciales, priorizando la calidad de vida de los residentes por encima de todo”.
Jéssica de León señaló también que “para iniciar la actividad se mantiene la declaración responsable, pero acompañada de documentación técnica y complementaria que garantice las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad, técnicas, de actividades clasificadas, sectoriales y turísticas”. El texto “no innova en materia de actividad clasificada, el propio decreto 113/2015 así lo recuerda”.
El anteproyecto autonómico incorpora también la posibilidad de que los pequeños propietarios que actualmente explotan su vivienda de manera legal, cumpliendo el decreto vigente “puedan seguir ejerciendo su actividad de manera indefinida cuando entre en vigor la nueva norma, aunque no será transmisible”, puntualizó De León. En el supuesto de los explotadores no propietarios, se establece la posibilidad de continuar por un periodo inicial de cinco años, prorrogable hasta otros cinco o bien, veinte años.
El nuevo marco legislativo impedirá la implantación de edificios completos dedicados al alquiler vacacional en parcelas de uso residencial. Igualmente, el texto excluye la posibilidad de que las nuevas viviendas que se incorporen al mercado puedan destinarse al uso turístico en los próximos diez años desde su terminación, garantizando de esta manera su destino residencial.
Jéssica de León aseguró que la Ley persigue ante todo mejorar la calidad de vida de los residentes y que la implantación de las viviendas vacacionales no afecte ni perjudique a la ciudadanía. Además, anunció que a partir de este martes se habilitará una página web con información completa sobre los principales aspectos de la nueva regulación (leycanariadeviviendavacacional.com).
