Una representación del sindicato, encabezada por su presidente nacional, se reúne con el consejero de Educación y su equipo
Santa Cruz de Tenerife. ANPE se reunió este viernes con el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, y con una parte de su equipo para abordar algunos de los asuntos prioritarios para el profesorado y para la educación pública de las Islas en su conjunto
En la reunión intervinieron el presidente nacional de ANPE, Francisco Venzalá, así como el presidente y el vicepresidente autonómicos del sindicato, Pedro Crespo y Víctor González, respectivamente. Por parte de la Consejería asistieron, además de Suárez, el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera; la coordinadora de este departamento, Laura Benítez; y la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez.
Los representantes de ANPE insistieron en la importancia de que la Administración ponga en valor la labor del profesorado, lo que pasa, en primer lugar, por establecer las bases para que pueda desempeñar su trabajo en las mejores condiciones y por atender a los principales problemas que dificultan la labor docente.
Francisco Venzalá señaló que algunos de esos obstáculos provienen del ámbito estatal. Así, se refirió a la inestabilidad normativa que se ha instalado en la educación pública debido a la aprobación de sucesivas leyes educativas en muy poco tiempo, sin el margen suficiente para evaluar adecuadamente los efectos y resultados de cada una de ellas
Asimismo, señaló la necesidad de que se desarrolle normativamente la carrera profesional docente, un mandato de la LOMLOE sobre el que ni siquiera se ha comenzado a trabajar, y de que se haga sobre la base de la integración de la totalidad de los cuerpos docentes en el grupo funcionarial A1 y de la actualización al alza de los complementos de nivel retributivo del profesorado. Así, recordó que, para que se pongan en marcha estas modificaciones normativas, ANPE se ha dirigido no solo a la ministra de Educación, sino también a los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas, con el fin de que ejerzan presión. En este sentido, volvió a solicitar la implicación del consejero de Educación canario, Poli Suárez.
Venzalá aludió, igualmente, a una realidad que pudo comprobar personalmente en una visita realizada por la mañana a un IES del sur de Tenerife: la falta de medidas y de recursos para atender al alumnado no hispanohablante. A este respecto, reclamó al Ministerio de Educación que se involucre, ya que, en su opinión, se trata de una situación que va más allá de las responsabilidades de la Comunidad Autónoma.
Por su parte, el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, valoró la predisposición de Suárez y de su equipo a estudiar detenidamente las reivindicaciones del sindicato. En este aspecto, mostró su confianza en que la Consejería regule finalmente la posibilidad de que las reuniones de los equipos docentes, especialmente las sesiones de evaluación, se puedan desarrollar telemáticamente. De igual forma, ve factible que se modifique la orden de constitución y ordenación de las listas de interinos para suavizar el impacto del concurso oposición de estabilización, dado que se trata de un procedimiento extraordinario.
Víctor González, vicepresidente autonómico de ANPE, valoró también el anuncio de reducción de ratios alumnado/docente para el próximo curso realizado esta semana por el consejero, aunque señaló que la propuesta está muy alejada aún de las necesidades del sistema educativo canario. A su juicio, la disminución planteada es muy insuficiente, y espera que en el proceso de negociación pueda mejorarse con el fin de acercarla al plan de bajada de ratios a varios años presentado por el sindicato este curso.
La secretaria de Acción Sindical de ANPE, Marta Hernández, subrayó el mal estado de las infraestructuras educativas en el Archipiélago, una situación que se arrastra desde hace décadas pero que este curso se ha hecho especialmente visibles con los episodios de altas temperaturas en meses inusuales y con las denuncias de las comunidades educativas de diferentes zonas. Para afrontarla, ANPE propone la elaboración de un plan estratégico plurianual de infraestructuras educativas realista, ajustado a las necesidades actuales y futuras, y con garantías de ejecución, que contemple la ampliación de centros educativos y la construcción de otros nuevos para reducir la masificación (especialmente en los sures de las Islas), en función de las previsiones demográficas, además de obras para garantizar la seguridad de la comunidad educativa, la intensificación de las labores de mantenimiento, la mejora de la accesibilidad, la modernización de las instalaciones, la adecuación de canchas y pabellones, la retirada segura de las estructuras de amianto que siguen instaladas en algunos centros, y la renovación y ampliación del equipamiento, entre otras actuaciones.
En cuanto a los episodios de altas temperaturas que se están viviendo con cada vez mayor frecuencia en Canarias, Hernández lamentó que el protocolo presentado por la Consejería haga recaer la responsabilidad sobre el profesorado y sostuvo que la prioridad debe ser la adaptación de los centros, partiendo de un análisis de las necesidades de cada uno, con medidas como la creación de más zonas de sombra; edificios más eficientes energéticamente, con aislamiento térmico y una buena circulación del aire; implantación de sistemas de climatización donde sea necesario y eliminación de los barracones que aún se mantienen.
Por último, Hernández hizo alusión a la excesiva carga de tareas burocráticas que se hace recaer sobre el personal docente, un problema que se ha trasladado en diferentes ocasiones a la Consejería, con propuestas concretas para mitigarlo. Hizo hincapié en que muchas de las medidas que plantea ANPE no tienen coste económico para la Administración, como la simplificación de documentos y funciones o la potenciación de la autonomía de los centros. Otras, indicó, están relacionadas con una mayor dotación de personal (especialistas de orientación educativa y de Audición y Lenguaje, y personal administrativo), con la mejora de las plataformas y servidores informáticos o con la agilización del mecanismo de sustituciones.
