ANPE advierte de que los casos de conflictividad denunciados por el profesorado siguen aumentando

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La memoria anual de El Defensor del Profesor, servicio prestado por ANPE Canarias, refleja que los incidentes en secundaria suponen el 55% del total


 

Santa Cruz de Tenerife.

El Defensor del Profesor, servicio de asistencia al profesorado agredido prestado por el sindicato ANPE Canarias, informa de que las situaciones de conflictividad en los centros educativos denunciadas por el personal docente continúan aumentando y están ya muy cerca del pico histórico alcanzado en el curso 2018-2019.

Según la memoria correspondiente al curso 2022-2023, presentada este viernes , el número total de docentes de las Islas que pusieron en conocimiento del servicio algún tipo de incidente ascendió a 157, un 11% más que el curso anterior, en el que ya se había experimentado un incremento. Es la segunda mayor cifra en los quince años que lleva funcionando en Canarias El Defensor del Profesor de ANPE, cerca del récord de 168 registrado el año previo a la pandemia. En solo tres cursos, los casos de conflictividad se han incrementado en más de un 50%.

La mayor inquietud se centra en secundaria, que abarca ESO y Bachillerato. Los incidentes contabilizados en esta etapa vuelven a crecer, al pasar de 77 en el curso 2021-2022 a 86 en 2022-2023, y suponen el 55% del número total de casos atendidos por el servicio. Entre los factores señalados por el El Defensor del Profesor para explicar estos datos se encuentran las altas ratios que aún se mantienen en estos niveles educativos.

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, subraya que «los datos y la experiencia han demostrado que reducir el número de alumnos y alumnas por docente mejora la convivencia en las aulas». En este aspecto, apunta que «el acuerdo firmado en 2022 con la Consejería de Educación para —⁠entre otras cosas⁠— reducir ratios en secundaria fue positivo pero insuficiente y, además, no afectó a algunos cursos de la ESO, nivel en la que se concentran muchos de los casos de conflictividad». Por ello, insta a la Consejería a negociar cuanto antes un calendario plurianual de disminución de ratios que incluya de manera prioritaria esos cursos.

La memoria refleja también un ligero aumento de los problemas de ansiedad y de las bajas del profesorado asociados a incidentes con el alumnado y sus familias. 75 de los docentes afectados por esas situaciones sufrió cuadros de ansiedad, frente a los 73 del curso anterior; y a 30 se les tuvo que expedir parte de baja médica por otras causas vinculadas a los problemas denunciados, cuando en 2021-2022 habían sido 27. Así, un 48% de los/as docentes que denunciaron situaciones de conflictividad padeció ansiedad, alrededor de un 8% sufrió depresión y cerca del 20% se vio obligado a coger la baja por otras causas asociadas a los incidentes.

Para el responsable de El Defensor del Profesor en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y coordinador del servicio en Canarias, Domingo Rodríguez, «los datos viene revelando año tras año que hay una relación muy clara entre el acoso y la violencia en los entornos educativos y el deterioro de la salud mental del profesorado». En este sentido, insiste en la reivindicación de ANPE de que «se reconozcan como enfermedades profesionales aquellas relacionadas con la salud mental que se deriven del ejercicio de la docencia, como la ansiedad o la depresión».

Los datos recabados recogen un incremento de las agresiones físicas al profesorado en el curso 2022-23. A juicio de Bernardo Huerga, responsable de El Defensor del Profesor de ANPE en la provincia de Las Palmas, «a pesar de que el aumento no sea muy acentuado —⁠las agresiones por parte del alumnado pasan de 16 a 17 y, por parte de familiares, de 2 a 4⁠—, la existencia de este tipo de casos es siempre causa de preocupación por su gravedad y hay que prestarle especial atención».

Por su parte, el vicepresidente autonómico y presidente provincial de ANPE Canarias en Santa Cruz de Tenerife, Víctor González, pone el foco en las carencias del procedimiento de actuación habilitado por la Consejería el año pasado para asignar asistencia jurídica y psicológica al profesorado víctima de agresiones. Así, señala que «su puesta en marcha era una demanda de ANPE desde hacía mucho tiempo, pero el exceso de formalidades burocráticas lo hace poco eficaz», por lo que ve «fundamental hacerlo más accesible, habilitando un número de teléfono para cada provincia con un responsable al frente al que se pueda dirigir el personal docente afectado». Del mismo modo, considera «primordial» que «todos los actores políticos y sociales remen en un mismo sentido para dejar de desautorizar la figura del docente y ponerla en valor ante la sociedad».

Problemas relacionados con el alumnado y con las familias

La mayor parte de los problemas registrados en el curso 2022-2023 están relacionados con el alumnado. Las amenazas de alumnos a docentes aumentaron de 44 a 69 (un 57% más); las faltas de respeto, de 41 a 57 (+39%); y las dificultades para dar clase, de 58 a 80 (+38%). Crecieron también los incidentes que implican conductas agresivas entre el propio alumnado (se dieron 19, seis más que en el curso anterior) y aparece con fuerza un tipo de problema que hasta este último curso no se contabilizaba en una categoría aparte: las falsas acusaciones de alumnos a miembros del profesorado (45 casos).

En cuanto a los problemas relacionados con las familias, llama la atención el notable incremento de las faltas de respeto, que pasan de 11 a 19 (+73%), y las presiones para modificar notas, que suben de 19 a 26 (+37%). Se presenta, además, un nuevo problema, que antes del curso 2022-2023 no se registraba de forma independiente: el ciberacoso de padres, madres y otros familiares de alumnos al profesorado, del que se dieron 5 casos —⁠hasta ahora solo se contabilizaban las acciones de ciberacoso llevadas a cabo por el alumnado⁠—.

En los quince años que lleva en funcionamiento en Canarias, El Defensor del Profesor de ANPE ha asesorado y acompañado a 1.994 docentes afectados por problemas de conflictividad escolar. En toda España la cifra se eleva hasta los 44.386 casos atendidos desde que se activó el servicio a escala estatal; 1.947 de ellos, el curso pasado.


 

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