Santa Cruz de Tenerife.- ANPE Canarias critica que no se tengan en cuenta las aportaciones de los sindicatos de cara a la vuelta a las aulas en septiembre. El sindicato con más representación en la enseñanza no universitaria de las islas denuncia que la consejera Manuela de Armas haya convocado por primera vez a los representantes de los trabajadores para recabar sugerencias, pero que la Administración tenga ya redactado el protocolo de retorno a los centros educativos y que prevea presentarlo hoy.
La organización sindical considera que la convocatoria no garantiza la participación de los sindicatos, que tienen derecho, según recoge la normativa, a negociar con la Administración todo aquello que afecte a las condiciones laborales del profesorado.
En ese sentido, y como medida clave para la prevención de riesgos laborales de los trabajadores, el sindicato le reiteró la necesidad de ampliar las plantillas docentes, puesto que no rebajar las ratios alumno-profesor el próximo curso escolar pondrá en riesgo a toda la comunidad educativa y, en última instancia, a toda la sociedad.
En respuesta a esta demanda, la Consejería anunció que prevé incorporar 800 docentes más en Infantil y Primaria y a 2.500 más en Secundaria y otros cuerpos. No obstante, ANPE Canarias pidió un análisis que «vaya más allá de cifras globales» e instó a la Administración a adaptar los números a las necesidades reales de cada centro y etapa educativa, de forma que se garantice que el curso puede desarrollarse de forma presencial y con garantías de seguridad.
Asimismo, en el transcurso de la reunión con la consejera, ANPE Canariasrecordó que los ministerios de Educación y Sanidad recomendaron inicialmente grupos burbuja de 15 alumnos, posteriormente de 20 alumnos y, tras la presión de las comunidades autónomas, de 25 y hasta 2º de Primaria. En el resto, también según las recomendaciones estatales y a falta del protocolo autonómico para Canarias, se tendrá que mantener la distancia o poner las medidas de protección correspondientes. Sin embargo, según las últimas evidencias científicas admitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de contagio se incrementa significativamente cuando más personas coinciden en espacios cerrados con escasa ventilación, lo que hace recomendable rebajar al máximo posible la cifra de alumnos en una misma aula.
La Administración, no obstante, tiene previsto presentar hoy un documento elaborado por un comité de expertos que contendrá las «normas básicas» para abrir los centros en septiembre, según se ha comunicado a los representantes de los trabajadores. ANPE Canarias ha mostrado su malestar ante esta decisión, puesto que no tiene conocimiento de su contenido y esta hoja de ruta tendrá efectos en las condiciones laborales del profesorado. «No nos parece coherente que se nos convoque para hacer aportaciones cuando ya se cuenta con un plan de vuelta a las aulas», lamentó Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.
Ante las quejas del sindicato, la consejera se disculpó por la tardanza en convocar a las centrales sindicales y se comprometió a llevar a Mesa Sectorial todo lo que afecte a las condiciones laborales del profesorado. También indicó que a través de la creación de diferentes subcomisiones de trabajo se concretarán los diferentes escenarios atendiendo a las etapas educativas y cada tipología de enseñanza.
ANPE Canarias terminó insistiendo en la urgencia de plantear protocolos claros y concretos para que el 1 de septiembre el profesorado pueda organizar la práctica docente, especialmente las programaciones, atendiendo a los diferentes escenarios que puedan existir.
«Somos conscientes de que el riesgo cero no existe, pero hay que hacer todo lo posible para minimizar los rebrotes. Es una cuestión de seguridad y responsabilidad con la comunidad educativa y la sociedad», señaló Crespo.
Estas reivindicaciones también fueron expuestas en la constitución de una comisión por parte de la Administración para abordar el inicio del próximo curso que contó con la presencia del director general de Ordenación, Innovación y Calidad (DGOIC), Gregorio Cabrera, y de representantes de las centrales sindicales. Este órgano se conformó después de que ANPE Canarias denunciara la ausencia de diálogo entre la Administración y las centrales sindicales.
Por otro lado, Cabrera, que actualmente se encarga también de forma temporal del área de Personal, informó el martes de que hoy será nombrado un nuevo director general y se retomará el calendario de negociaciones con las organizaciones sindicales.
