Santa Cruz de Tenerife.- El Diputado del Común, Rafael Yanes, y el adjunto primero de la Diputación del Común, Felipe Afonso, se reunieron con miembros de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, quienes denunciaron lo que consideran una vulneración de los derechos constitucionales de muchas familias canarias, debido a la actual prohibición del uso residencial en los apartamentos de su propiedad en zonas turísticas.
Esta plataforma fue creada en el año 2015 con el fin de garantizar que la ley del suelo respetase el uso consolidado de las propiedades de estas familias. Sin embargo, según aseguraron, es la primera vez que se intenta prohibir el uso residencial a través del planeamiento.
“Esto se está haciendo bajo una premisa errónea en la que se cree que, desde sus orígenes, el planeamiento en las zonas con potencialidad turística de Canarias fue de uso turístico exclusivo, y esto no es así. Todas estas propiedades se han vendido como unidades hipotecarias independientes y sin limitación de uso de ningún tipo”, denunciaron.
Según los representantes de la Plataforma, una de las grandes problemáticas reside en que las personas que viven en zonas con potencialidad turística están encontrando obstáculos, por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, para certificar el uso consolidado de sus propiedades, en las que han vivido hasta hoy sin limitación ninguna.
“En el año 2019 formalizamos una queja en el Defensor del Pueblo que fue resuelta de forma favorable, mediante la que se realizaron varias recomendaciones al Gobierno de Canarias, y de las que no se han cumplido ninguna. Por tanto, se sigue vulnerando el derecho de propiedad, limitando el libre mercado y la libre competencia. Siguen empeñados en que tenemos que darle nuestro departamento a una unidad de explotación sin margen de negociación”.
Asimismo, informaron sobre la elaboración de un texto legal “socialmente sostenible”, que ha sido presentado en el Parlamento de Canarias, y cuyo fin es permitir el turismo en el Archipiélago, los municipios turísticos y el respeto del derecho de la propiedad. “En nuestra proposición de ley pretendemos una Canarias sostenible adaptada a una normativa turística moderna y europea. No queremos zonas exclusivas en la que los canarios no tengamos nada que decir”.
El Diputado del Común señaló que, “desde la aprobación de la ley del sector turístico del año 2013 y del decreto 2015, no han quedado claros determinados usos. Esto supone que haya un sector que defiende el uso exclusivamente turístico y otro el uso consolidado residencial”. En este sentido, Yanes puntualizó que “la Diputación del Común no ejerce de juez y no puede dictaminar nada al respecto, pero sí vamos a transmitirle a la Administración Pública las peticiones de este colectivo al igual que lo hicimos con las de los empresarios turísticos”.
