El portavoz del Gobierno recuerda que «mientras estemos en crisis sanitaria nos van a hacer falta muchas normas» para regular la convivencia
Santa Cruz de Tenerife.- El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, lanzó hoy, jueves 11 de junio y en la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, una reflexión sobre este periodo de desescalada y la vida en común en las próximas semanas: «Vamos a convivir con el coronavirus y las medidas estarán hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible la finalización de la alerta sanitaria, previa consulta a las comunidades autónomas». Por lo tanto, añadió Julio Pérez, «mientras estemos en la presente situación nos van a hacer falta muchas normas», para seguir aportando «seguridad jurídica y claridad y que cada operador sepa a qué atenerse».
Respecto a la posible adopción de normas concretas en el Archipiélago que ahonden en algunas regulaciones generales dictadas este miércoles pasado en el BOE para todo el país, Julio Pérez informó de que un grupo de técnicos de la Fecam y de varias consejerías del Gobierno de Canarias trabajan conjuntamente para proponer algunas acciones legales en el caso del uso de las playas y de la organización de fiestas populares. Éstas serán más específicas que las contempladas de manera general para todo el país.
Transición Ecológica informa sobre los cuatro convenios de planificación territorial suscritos con ayuntamientos en el primer trimestre de 2020
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha dado cuenta al Consejo de los acuerdos alcanzados con cuatro ayuntamientos canarios en materia de planificación territorial durante el primer trimestre de 2020.
Esas decisiones fueron motivadas por la necesidad de rubricar convenios de cooperación en esa materia con los municipios de Barlovento y San Andrés y Sauces, en La Palma, y de Garachico y La Guancha, en Tenerife. El Gobierno regional además dará cuenta al Parlamento de Canarias de la suscripción de dichos convenios de cooperación, tras la propuesta hecha por la reseñada Consejería.
Los acuerdos suscritos entre el departamento autonómico y los ayuntamientos de Barlovento y San Andrés y Sauces tienen como objeto la realización de las funciones propias de los órganos ambientales municipales en la Evaluación Ambiental Estratégica, tanto para la ordenación pormenorizada de los planes generales de ordenación de ambos municipios como para el resto de instrumentos de ordenación urbanística municipal.
El convenio de San Andrés y Sauces, que cuenta con una vigencia de dos años, no contempla la existencia de gastos que requieran el establecimiento de un sistema de financiación, pues se considera que los derivados del cumplimiento de lo acordado no implican incremento alguno en los programas ordinarios de gasto en inversión de cada administración. A este respecto, cada administración interviniente asume con sus propios medios económicos las acciones a emprender en cumplimiento de los convenios.
El acuerdo de La Guancha ha sido suscrito por ambas administraciones para el desarrollo de la encomienda de la Evaluación Ambiental Estratégica de los planes de ordenación urbanística municipales, mientras que en el caso de Garachico lo rubricado ha sido la adenda al convenio entre la Consejería y el Ayuntamiento para la encomienda de la Evaluación Ambiental Estratégica al órgano ambiental autonómico.
El Gobierno aprueba la implantación del grado de Psicología y del máster en Formación del Profesorado en la Universidad Europea de Canarias
El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, jueves 11 de junio, el decreto por el que se acuerda la implantación del grado de Psicología y de los másteres en Psicología General Sanitaria y en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP, Enseñanzas de Idiomas y Deportivas en la Universidad Europea de Canarias. El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la incorporación de esos títulos oficiales en la oferta de esta institución educativa privada.
La Ley Orgánica de Universidades establece que para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos, con validez en todo el territorio nacional, las universidades deben poseer la autorización pertinente de la comunidad autónoma y obtener la verificación del Consejo de Universidades estatal de que el plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno.
La Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee) ha informado de que esos títulos oficiales cumplen con los requisitos y criterios de evaluación para la autorización de esas enseñanzas universitarias en el Archipiélago. La propuesta además fue informada por el Consejo de Universidades de Canarias.
El alumnado que haya comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrá acceder a esta nueva enseñanza, que se implanta previa admisión de dicha universidad.
El Gobierno autoriza la inversión de 26,7 millones para licitar la ampliación de la carretera entre Paredes, Alajeró y el aeropuerto de La Gomera
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, la autorización para invertir 26,7 millones de euros en la licitación del proyecto de obra para el acondicionamiento y ampliación de la carretera GM-3, en la isla de La Gomera y en el tramo que une el aeropuerto con Alajeró y el cruce de Paredes. Con esta autorización de gasto, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda inicia el proceso de licitación con la finalidad de poder adjudicar la obra en el cuarto trimestre del año.
Obras Públicas, Transporte y Vivienda ha dado el impulso definitivo a esta licitación, con un valor total de 26.753.683 euros y que se financiará con cargo al Convenio de Carreteras entre Canarias y el Estado, una vez superada la evaluación ambiental a finales del año pasado y la aprobación técnica del proyecto mediante orden de 28 de mayo de 2020 firmada por el propio Sebastián Franquis. Tras ser autorizado hoy el gasto y las anualidades propuestas, el consejero mediante orden iniciará el expediente de contratación en los próximos días.
El ámbito de la actuación se encuentra dentro de los límites municipales de Alajeró y próximo a los núcleos de Antoncojo, Targa, Alajeró e Imada, y se va a actuar en un trazado de 16 kilómetros de la actual GM-3, que comprende las antiguas carreteras CV-11 y CV-13, desde la intersección del aeropuerto hasta el cruce de Paredes en la intersección con la CV-17, en las inmediaciones del Parque Nacional de Garajonay.
El proyecto para el que se ha autorizado el gasto contempla el acondicionamiento de la vía existente en el término municipal de Alajeró mediante la mejora de su trazado, el aumento de la sección transversal, la rehabilitación del firme, la remodelación de las intersecciones y la construcción de muros y obras de drenaje transversal. Las actuales carreteras CV-11 y CV-13 presentan un eje bastante antiguo, cuya mayor deficiencia radica en las curvas de reducida velocidad específica, lo que supone un riesgo para la seguridad viaria. Las obras de drenaje también tienen muchos años, y se encuentran deterioradas y en muchos casos obstruidas por sedimentos o residuos sólidos.
Con el objetivo de agilizar e incrementar la seguridad de la circulación en esta vía, se ha proyectado la corrección geométrica de los elementos de trazado y la optimización del pavimento. Entre el aeropuerto y el núcleo de Alajeró se realizarán varias rectificaciones de trazado dirigidas a mejorar la seguridad vial, incrementando con ello la visibilidad y la velocidad en condiciones de comodidad y seguridad. La intensidad media de tráfico para el momento en que se ponga en servicio la obra ha sido estimada en 473 vehículos.
Las actuaciones sobre esta carretera se centran en la rectificación de curvas, ampliación del arcén del lado mar en un metro para mejorar los parámetros de seguridad, la ejecución de las glorietas de la curva de Las Nieves, Antoncojo, Alajeró y Paredes, adecuación de paradas de guaguas, rehabilitación de drenaje, firmes, renovación de sistemas de contención y reposición de servicios afectados.
Economía incentiva las mejoras laborales tras los ERTE y los contratos a personas desempleadas para el hogar
El Consejo de Gobierno, a iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, acordó este jueves, 11 de junio, la modificación del Decreto-ley 4/2020, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscales y administrativas para afrontar la crisis provocada por la COVID-19, con el objetivo de incluir subvenciones por un importe inicial de 600.000 euros para incentivar tanto la mejora de las condiciones contractuales de las personas trabajadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) como la contratación de personas desempleadas para la prestación de servicios domésticos.
Mediante el nuevo decreto, la Consejería dirigida por Elena Máñez suma dos programas a las medidas autonómicas para el sostenimiento del empleo y apoyo social tras la línea de ayudas por valor inicial de 11 millones de euros destinada a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas residentes en Canarias con la finalidad de cubrir el 30% de la base mínima de cotización de la Seguridad Social con el fin de completar el 100% de la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida por el Gobierno de España durante el estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19.
En concreto, la propuesta conjunta de los departamentos de Economía, Conocimiento y Empleo; Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad dispone de un crédito de 500.000 euros en el presupuesto del Servicio Canario de Empleo (SCE) para las subvenciones a favor de las personas físicas o jurídicas que mejoren las condiciones contractuales de la plantilla después de los ERTE por fuerza mayor, aunque con posibilidad de incremento de la dotación inicial en función de las solicitudes.
También se contempla la opción de aumento presupuestario según la demanda ciudadana en las ayudas por valor inicial de 100.000 euros a las personas físicas que contraten a personas desempleadas para la prestación de servicios de hogar familiar, un colectivo que tradicionalmente ha desarrollado sus funciones sin mediar vinculación laboral y durante la actual crisis no ha podido acceder a las medidas asistenciales para afrontar los evidentes perjuicios económicos tras la interrupción de su labor por las estrictas medidas de confinamiento y limitación de la movilidad, según argumenta la exposición de motivos del nuevo decreto.
Precisamente, el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo por una mayoritaria representación de la sociedad isleña ante la pandemia de la COVID-19, alerta del «aumento de la condición de vulnerabilidad que adquirirán muchas familias canarias que, o bien ya se encontraban en esta delicada situación con anterioridad a esta crisis, o prestaban sus servicios en el ámbito de la economía sumergida y han tenido que dejar de hacerlo por las restricciones impuestas en el estado de alarma».
Por ello, «no podemos dejar de mencionar la importancia que adquirirá en las acciones que impulse este Pacto en materia de empleo la lucha contra la economía sumergida, que en circunstancias tan singulares tiene un caldo de cultivo privilegiado y, por tanto, conviene hacer seguimiento a este tipo de comportamientos y adoptar las medidas precisas para reducir su avance», destaca el documento de consenso, suscrito en el Parlamento de Canarias durante la jornada conmemorativa de la comunidad autónoma.
De 2.500 a 4.500 euros para aportar más estabilidad a los empleos
También se compromete el Pacto para la Reactivación Social y Económica a «impulsar un paquete de políticas activas de empleo diseñadas específicamente para hacer frente a las necesidades de este periodo de crisis», como son las subvenciones a las mejoras laborales tras los ERTE por fuerza mayor con incentivos de 2.500 a 4.500 euros por la conversión de una jornada parcial a otra completa o de contrato temporal a otro indefinido.
Por su parte, las ayudas del SCE para el empleo de personas paradas en servicios de hogar familiar, desde cuidados de niños y ancianos hasta limpieza o cocina, cubren la base de cotización a la Seguridad Social más 100 euros, con una permanencia mínima de seis meses en los contratos temporales y de dos años en los documentos indefinidos.
Por último, las nuevas subvenciones presentan un régimen de concesión directa al apreciarse razones de interés público, económico y social que dificultan la concurrencia competitiva a causa de la singularidad derivada del impacto de la COVID-19, así como un procedimiento específico de otorgamiento por su carácter no periódico y excepcional que permite unificar en un acto administrativo la publicación de las bases y la convocatoria de las ayudas con el objetivo de agilizar los expedientes.
El Gobierno implantará subvenciones para fomentarla contratación laboral y la mejora del empleo afectado por ERTE
El Consejo de Gobierno, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y la de Economía, Conocimiento y Empleo, aprobó hoy la modificación del Capítulo I del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 (que ya había sido modificado mediante el Decreto Ley 7/2020, de 23 de abril) a fin de incluir subvenciones en el ámbito del empleo con el fin de preservar el empleo generado en Canarias en los años de recuperación económica y minimizar el impacto de la crisis sanitaria, que ya es social y económica.
El Decreto ley 4/2020 se adoptó ante la situación de extrema gravedad generada por la evolución del coronavirus COVID-19, por lo que resultó necesaria la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente de diversa índole, dando prioridad a aquellas que perseguían minimizar el impacto en la destrucción del empleo, de una manera muy especial sobre los autónomos y autónomas que han tenido que cesar su actividad o bajar su producción de bienes y servicios.
Con esta modificación de hoy también se pretende que, de forma excepcional, en el caso de subvenciones de carácter no periódico, el procedimiento de concesión de las mismas se pueda incluir en el acto de convocatoria que se realice por el órgano competente para resolver.
En concreto, las medidas a incluir ahora son, por una parte, la puesta en marcha de un programa de subvenciones en el ámbito del empleo, cuyo objetivo será incentivar a las personas físicas o jurídicas, que mejoren las condiciones contractuales de las personas trabajadoras afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por fuerza mayor, declarado como consecuencia de la crisis sanitaria.
Asimismo, y con el mismo objetivo general, la puesta en marcha de un programa de subvenciones en el ámbito del empleo, cuya finalidad será incentivar la contratación de personas desempleadas, por parte de personas físicas, para la prestación de servicios de hogar familiar.
De forma particular, y como consecuencia de la crisis ocasionada, se ha observado la existencia de un conjunto de personas trabajadoras en el sector del servicio de hogar familiar que, tradicionalmente, han venido desarrollando sus funciones sin mediar contratación laboral. En el plano estrictamente asistencial, este conjunto de personas no ha podido acceder a la batería de medidas de apoyo que se han venido desarrollando en respuesta a la crisis generada.
La interrupción de su labor, motivada por las medidas de confinamiento y limitación de la movilidad, les ha supuesto perjuicios evidentes en materia económica, sin que hayan podido acceder a ninguna de las medidas de asistencia aprobadas, en el ámbito del empleo.
Es por ello que se ha considerado oportuno establecer una medida que pretende incentivar la suscripción de contratos laborales en favor de este tipo de colectivos. Se pone en marcha, por consiguiente, una medida consistente en el establecimiento de subvenciones en favor de aquellas personas que formalicen nuevos contratos laborales con personas empleadas en el ámbito del servicio de hogar familiar. De esta forma se incentiva la puesta en valor de dichas actividades, y la generación de unas óptimas condiciones laborales para estos colectivos.
Por otra parte, esta medida fomentará de forma indudable, la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral de las personas empleadoras, facilitando su inserción laboral, o el mantenimiento de la misma.
El objetivo de dichas medidas es, como ya se ha explicado, preservar el empleo generado en Canarias en estos años de recuperación económica, minimizando el impacto de una crisis sanitaria, que ya es social y económica, siendo el propósito mejorar las condiciones contractuales de las personas trabajadoras afectadas por una Expediente de Regulación de Empleo Temporal, por fuerza mayor, así como favorecer aquellas personas que suscriban nuevos contratos laborales con personas desempleadas, en el ámbito del servicio de hogar familiar.
Siendo este es el escenario, resulta evidente el compromiso que debe asumir la Comunidad Autónoma de Canarias en las políticas activas de empleo, a través de las medidas propuestas en la modificación del Capítulo I del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, que se justifican, si cabe aún más, por la crisis sanitaria derivada del COVID-19, que acreditan, asimismo, las razones de urgencia a fin de minimizar el impacto de esta crisis en la destrucción del empleo y, en definitiva, la adopción del mecanismo de la figura del decreto ley.
Declarada de interés público la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Canarias
El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el Decreto por el que se declara de interés público de Canarias la Asociación Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Canarias (CONGDA), inscrita desde 1998 en el Registro de Asociaciones de Canarias, por entender que sus fines estatutarios tienden a promover el interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el beneficio que para la sociedad canaria reporta su actividad.
Los fines sociales de la Asociación incluyen la coordinación e impulso del trabajo conjunto de las organizaciones y entidades miembros, la prestación de asistencia y apoyo mutuos y la representación de sus intereses y valores compartidos ante la sociedad, las Administraciones Públicas otras instituciones y entidades externas a la CONGDCA.
Dinamizar y reforzar las actuaciones de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo de Canarias es otro de los fines de la Asociación, junto con el fomento del conocimiento sobre el Derecho al Desarrollo como derecho humano inalienable, colaborando para aumentar y mejorar la cooperación internacional al desarrollo, así como la realización de proyectos comunes, en respuesta a los intereses y objetivos de los pueblos menos favorecidos, esforzándose por no crear dependencias y formar la conciencia ciudadana en estos temas.
Otros de sus fines sociales son los de apoyar, impulsar, fomentar y coordinar las actuaciones de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo de Canarias en los ámbitos de la cooperación al desarrollo, la solidaridad internacional, la ayuda humanitaria o de emergencia, el comercio justo, la educación para una ciudadanía global, los derechos humanos, la justicia social, la participación ciudadana, así como la coherencia con las líneas estrategias (marcos de actuación) europeas e internacionales, en el ámbito del Desarrollo.
La Ley de Asociaciones de Canarias establece que podrán ser declaradas de interés público de Canarias las asociaciones de ámbito territorial autonómico inscritas en el Registro de Asociaciones que soliciten ser declaradas de interés público y que reúnan las circunstancias previstas en esa norma, las cuales cumple la Asociación Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de Canarias, que solicitó ser declarada de interés público el 20 de noviembre de 2019.
