Santa Cruz de Tenerife.- Un año más, desde CSIF Canarias conmemoramos este día de luto por los miles de personas fallecidas en esta pandemia, por todas aquellas que han contraído el COVID19 y que incluso han perdido la vida en su puesto de trabajo. CSIF Canarias reitera la importancia que tiene la seguridad y salud de las personas trabajadoras a cualquier edad. El trabajo es un derecho y un deber social pero no debería de ser un peligro o foco de enfermedad por las condiciones de trabajo precarias.
Los altos índices de siniestralidad laboral revelan una deficiente gestión preventiva, en el año 2021 se cierra con 572.448 accidentes con baja, lo que supone un aumento del 17,9%, de los cuales 3.702 accidentes fueron graves y 575 accidentes fueron mortales. Por sexo, un 72% de los accidentes en jornada con baja afectaron a varones y un 28% afectaron a mujeres.
CSIF Canarias reitera su denuncia ante la infradeclaración de los contagios por COVID-19 considerados como accidente de trabajo para los profesionales de administraciones sanitarias, ya que solo se reconocen como accidente de trabajo el 13,27% (28.940) hasta febrero 2022 (Fuente: Estadística Siniestralidad laboral 2020,2021 y 2022 de Ministerio de Trabajo y Economía Social). Teniendo en cuenta que los profesionales sanitarios contagiados en España hasta 10.3.2022 son 217.987 casos confirmados (Fuente: Actualización nº 581. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 11.03.2022). De estos contagios se estima, según fuentes científicas, que el 10 % que son casos de COVID persistente, es decir, 21.798 profesionales, según investigaciones científicas.
Según los datos del Observatorio de Enfermedades Profesionales (CEPROSS) en 2021 se comunicaron 20.381 enfermedades profesionales, supone un incremento de un 10,8% respecto del año 2020. En cuanto al sexo, el 48,8% corresponde a mujeres.
Además, en 2021 se han detectado 4.563 patologías no traumáticas, 4.109 son enfermedades causadas por el trabajo y 454 son enfermedades agravadas por el trabajo. y enfermedades causadas o agravadas por el trabajo (datos de PANOTRATSS).
La pandemia de COVID-19 ha dejado graves secuelas físicas y psicológicas entre los profesionales, hasta una nueva enfermedad como es el COVID Persistente, que desde CSIF exigimos que se considere para ciertos colectivos enfermedad profesional y se realice su seguimiento. Ante esta situación actual, urge una estrategia preventiva para proteger y reparar estos daños laborales, la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del cuadro de enfermedades profesionales.
Envejecimiento de la población activa
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2021, el mercado de trabajo continúa envejeciendo, llegando los ocupados mayores de 55 años a los 4.026.600, en 5 años la tendencia ha aumentado en 1 millón. Representan el 19 % del total de ocupados. Particularmente en la Administración Pública el envejecimiento laboral es aún mayor, ya que uno de cada 5 funcionarios ya ha cumplido 60 años. En la Administración General del Estado el 44,7% de los empleados públicos se encuentran en el intervalo de edad entre 50-59 (Fuente: Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas).
Dado que las personas trabajan durante más tiempo, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo para profesionales de edad avanzada debe convertirse en una prioridad. Además, la acelerada transformación digital ha generado dificultades en la adaptación a los trabajadores de edad avanzada.
CSIF Canarias considera que la evaluación de riesgos debe tener en cuenta los cambios que puedan sufrir las capacidades funcionales de la persona y es necesario modificar el trabajo y el entorno de trabajo para hacer frente a esos cambios.
Desde CSIF Canarias tras hacer un análisis de la gestión de la edad en las administraciones públicas en el que prácticamente no se establecen medidas concretas para promover la salud de los trabajadores a cualquier edad, a pesar de contar con plantillas envejecidas y que cada vez se alarga más la edad de jubilación para poder contar con una pensión digna. Por ello, tras valorar las necesidades y con el objetivo de proporcionar a los trabajadores una vida laboral segura que acabe en una jubilación saludable, concluye con una serie de propuestas y reivindicaciones como son:
- Incluir la edad en el registro de siniestralidad laboral.
- Gestión adecuada de plantillas multigeneracionales.
- Integrar la variable “edad” en las evaluaciones de riesgo y sus medidas.
- Diseño de puesto psicosocialmente saludable a cualquier edad.
- Planes para seleccionar, retener y optimizar el talento.
- Promover el envejecimiento saludable desde el comienzo de la vida laboral.
- Consideración en ciertos casos como trabajadores especialmente sensibles.
- Utilización de métodos adecuados para la formación de adultos y de las personas trabajadoras mayores.
- Adaptar el proceso de aprendizaje a los profesionales de más edad.
- Vigilancia de la salud y programas de promoción de la salud en el trabajo.
- Facilitar el acceso a los turnos de día para mayores de 55 años.
- Favorecer la jubilación anticipada en aquellos colectivos cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de mortalidad.
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